El 10 de diciembre se conmemoró el día de los derechos humanos, y en México, la deuda con la protección y el respeto a los derechos de las mujeres migrantes sigue vigente y cada día crece más. Lejos están de acceder a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud sexual y reproductiva y a la justicia; pocos motivos tenemos para conmemorar esa fecha.
En este país, la migración se ha transformado considerablemente, por un lado, con el aumento y diversificación de los flujos migratorios, que en tan solo 5 años ha tenido un incremento del 282 por ciento -3 de cada 10 eventos de detención son de mujeres-, principalmente de personas provenientes de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, superando por mucho a nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador -nacionalidades que históricamente habían ocupado los primeros lugares.
A este cambio en los flujos migratorios se suma el incremento de las solicitudes de asilo, que pasaron de 29 mil 631 en 2018 a 127 mil 796 hasta octubre de 2023, 4 de cada 10 corresponden a mujeres.
Con este escenario, el gobierno mexicano tomó la desafortunada decisión de continuar siendo cómplice del gobierno estadounidense y aceptar políticas (“Quédate en México”, Título 42, Título 8) que colocan a las mujeres y sus familias en contextos adversos donde sus derechos no están garantizados. Además de endurecer las políticas migratorias, tornándolas restrictivas, amedrentadoras, crueles y violentas.
Estas políticas han hecho que el secuestro, la extorsión, las violaciones y otros delitos violentos sean enfrentados por las migrantes, aunado a la militarización de la migración que ha generado escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para ellas y sus familias.
Las restricciones a la libre circulación -garantizada en la Constitución mexicana- ha hecho que las muertes en accidentes carreteros se incrementen. Tan solo en este año, de acuerdo con reportes de prensa, más de 20 mujeres han muerto en accidentes carreteros porque la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió condicionar la compra de boletos de autobús a un documento migratorio e ignorar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar las revisiones migratorias en carretera por ser inconstitucionales.
En cuanto a delitos, entre 2021 y 2022 se contabilizaron 5 mil 382 delitos cometidos contra personas migrantes, 20 por ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio. Del total de delitos, solo 116 resultaron con una sentencia definitiva, aunque no necesariamente condenatoria, es decir, el acceso a la justicia apenas tuvo una efectividad del 2 por ciento. Algunos delitos son cometidos por las propias autoridades, tanto federales como estatales. Por lo que, en casi ningún escenario, la justicia y la reparación del daño se ha hecho efectiva para las migrantes. Ellas no están gozando de un nuevo comienzo luego de salir de sus países.
El acceso a la salud, en especial la sexual y la reproductiva, siguen sin estar garantizadas pese a que lo establece la Ley de Migración. El personal de salud, a menudo, condiciona la atención de las migrantes a un documento migratorio o simplemente les niega la atención y las amenaza con entregarlas a los agentes migratorios.
Cada vez más, las acciones de contención las colocan en escenarios de mayor riesgo, no solo no se les permite circular libremente, ni tomar un autobús, tampoco se les permite salir de una celda que se está incendiando porque es más importante que no escapen para intentar llegar a Estados Unidos que su propia vida. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto casos importantes en últimas fechas, la realidad para las mujeres que migran sigue siendo igual de peligrosa y violenta.
El gobierno actual burla las leyes y las resoluciones judiciales, dejando en total incertidumbre el ejercicio de derechos que lejos de ser protegidos por las autoridades, son cínica y abiertamente vulnerados por la corrupción e impunidad que impera en el país.
La migración está más deshumanizada e incomprendida cada día. La discriminación y la xenofobia, combinada con la aporofobia, fomentan los crímenes de odio, las violencias y el nulo acceso a la justicia. Habrá que volver a recordar que nadie decidió dónde nacer, y que los Estados están comprometidos a garantizar los derechos de las personas en sus territorios, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
El próximo año habrá un cambio de gobierno y el compromiso debe ser apostar por un cambio en la política migratoria que contemple políticas públicas con perspectiva de género y cuyo eje central sea el bienestar y la protección de los derechos de las mujeres migrantes y sus familias.
