Ciudad de México.- Para las niñas y niños migrantes que salen de sus territorios en busca de mejores oportunidades de vida, seguir a su familia o tener derechos básicos como a la educación sigue pareciendo una utopía, lo que estaría afectando hoy en México a más de medio millón de niñas, niños y adolescentes en tránsito quienes se encuentran en esta situación.
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) registró en lo que va del año hay 533 mil 332 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación irregular en el país quienes presentan falta de acceso a la educación a pesar de tener derecho a ello aunque no tengan una situación migratoria regular, así lo plantearon especialistas durante el conversatorio Infancias Migrantes: El Impacto en su Educación y Salud Menta» convocado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Esta crisis ya había sido advertida desde el 2023, al señalar que niñas, niños y adolescentes están migrando a través de América Latina y el Caribe en cantidades récord y ahora representan una proporción mayor de la población migrante que otras regiones del mundo, según el informe La Infancia en Peligro de Unicef.
Estas niñas, niños y adolescentes se desplazan a través de tres rutas migratorias de América Latina y el Caribe, a través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá, la migración hacia el exterior desde América del Sur y en puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México.
Cabe recordar que desde 2017, México está legalmente obligado a garantizar el acceso a la educación básica y media superior a niñas y niños migrantes, incluso cuando carezcan de documentos para su inscripción. No obstante, la mayoría de las entidades federativas no cuentan con protocolos que aseguren la implementación efectiva de la ley.
Además, en 2022, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) colaboró con Baja California, Chiapas, Puebla y Chihuahua para diseñar protocolos de acceso escolar para la niñez migrante, pero aún quedan 28 entidades pendientes de aplicarlos.
Esta situación evidencia las falta de estrategias efectivas, por parte del gobierno mexicano para desmantelar las múltiples limitantes para las y los niños migrantes que desean ingresar a las escuelas.
Por ejemplo, el Colef ha detectado a nivel estructural barreras como: exigencia de documentos, aducen falta de cupo, trabas burocráticas para obtener identidad o revalidar estudios, además de limitaciones económicas de las familias, que se ven forzadas a priorizar la satisfacción de necesidades básicas antes que la educación de sus hijos.
Mediante una encuesta realizada por el Colef se reveló que de las niñas y niños migrantes de origen haitiano, el 35.6 % declaró no poder acceder a la escuela por carecer de documentos de identidad, mientras que 18% señaló haber sufrido discriminación y racismo, 17% enfrentó la barrera del idioma al no hablar español y 14% no pudo continuar sus estudios por la falta de certificados escolares.
A nivel cultural, la falta de traductores y materiales adaptados a diferentes idiomas limita el acceso al aprendizaje por lo que también añadieron que existe un desconocimiento generalizado en pedagogía intercultural.
En lo social, afirmaron que la niñez migrante enfrenta separaciones familiares, violencia en contextos de tránsito y recepción, así como acoso escolar dentro de las escuelas, hecho que se ve más agravante ante la falta de herramientas de las y los docentes y directivos, quienes no siempre cuentan las aptitudes necesarias para atender estas situaciones, lo que profundiza el aislamiento.
“Hay un escaso apoyo por parte del personal docente y falta de conexiones sociales con compañeros que permitan derribar el aislamiento de los migrantes al llegar. No olvidemos que se han fracturado todas sus relaciones comunitarias”, subrayó Eunice Vargas socióloga con especialidad en demografía del Colef.
Asimismo, mediante un estudio realizado por el Colef, se detectó que al ser retornados a México, las y los niños presentan menos interés en continuar con sus estudios. La investigadora explicó que esto se debe al complejo proceso de adaptación por el cual están atravesando.
En materia de salud mental, Letza Bojórquez, investigadora del Departamento de Estudios de Población e integrante del Colef, explicó que las niñas, niños y adolescentes migrantes viven en constante incertidumbre ante los cambios en las dinámicas sociales y familiares, lo que afecta directamente su integridad emocional.
Cuando la estructura familiar atraviesa transformaciones constantes, como en los procesos migratorios, la niñez se ve obligada a adaptarse una y otra vez a nuevas figuras adultas de referencia. Esto genera inestabilidad e incertidumbre que repercuten en la construcción de su personalidad.
También se añadió que la inseguridad alimentaria constituye otro factor que impacta en la salud mental infantil. La carencia de recursos suficientes para garantizar una alimentación digna y balanceada contribuye al deterioro emocional y físico de la niñez migrante.
Hay que recordar que en marzo de este año Fernando Carrera Castro, Representante de Unicef en México, señaló durante la firma para colaborar con el Gobierno de México en áreas clave como educación, salud, protección y desarrollo comunitario para la protección del bienestar de niñas, niños y adolescentes en procesos de movilidad humana en México entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM/ONU Migración):
“Cada niña y niño, sin importar su situación migratoria, tiene el derecho irrenunciable de crecer en un entorno seguro, saludable y con acceso a educación de calidad. No es un privilegio, es un derecho fundamental.
¿Cómo frenar la deserción escolar?
Como respuesta a las problemáticas expuestas, especialistas y académicas en población y migración hicieron un llamado a implementar acciones concretas en favor de la niñez migrante. Entre las propuestas se planteó la capacitación del personal docente para atender de manera adecuada a estudiantes en esta situación y canalizarlos hacia apoyos psicológicos cuando sea necesario.
Asimismo, se sugirieron la creación de protocolos de bienvenida en las escuelas que favorezcan la integración de las y los niños, la oferta y difusión de clases gratuitas de español en puntos estratégicos, y la disponibilidad de tutores que apoyen la nivelación académica en todas las etapas escolares.
Finalmente, se destacó la urgencia de diseñar estrategias pedagógicas con enfoque migrante, que tomen en cuenta las particularidades culturales y lingüísticas de esta población, con el objetivo de garantizar un acceso real y efectivo a la educación.
Durante el conversatorio, especialistas en migración enfatizaron que los flujos migratorios infantiles han ido en aumento, problemática que constituye un fenómeno regional, lo cual responde a causas estructurales que obligan a migrar, entre ellas: pobreza crónica, violencia y desastres vinculados al cambio climático.
Ante esta situación, se añadió que el migrar suele ser una estrategia de supervivencia, sin embargo los riesgos al salir del país de origen siguen siendo latentes. Niñas, niños y adolescentes migrantes continúan expuestos a violencia, secuestros, tortura, trata de personas, desapariciones y muerte en zonas controladas por grupos criminales, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Sumado a ello, Eunice Vargas, integrante del Colegio de la Frontera Norte, destacó que uno de los derechos más vulnerados para la población migrante es el acceso a la educación. Esta problemática se ha agudizado debido a las políticas migratorias impuestas desde Estados Unidos, que expulsa y contiene a las y los migrantes en la frontera norte, mientras que en el sur de México permanecen principalmente quienes se encuentran en tránsito.
También se dio a conocer que en 2020, niñas y niños retornados se ubicaban sobre los territorios de Baja California, Chihuahua, Colima, Sonora y Tamaulipas; mientras que quienes apenas salían de sus países de origen se encontraban en Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León.
