Ciudad de México.- El pasado 31 de agosto, aconteció un terremoto de magnitud 6.1 en Kabul, Afganistán lo que generó severos daños en la infraestructura de la ciudad, situación que agravó lo que se vive ahí desde la ocupación de los talibanes, por lo que en medio de esta catástrofe son las mujeres y las niñas, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección ante la leyes impuestas que limitan su acceso a la atención médica.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuatro días después del sismo, las autoridades afganas continúan evaluando el impacto y las secuelas que dejó. Cifras preliminares señalan al menos 2 mil 205 personas fallecidas y más de 3 mil 640 heridas. Las provincias de Kunar y Nangarhar resultaron las más afectadas, con la destrucción de alrededor de 6 mil 750 viviendas.
Frente a este panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que las mujeres y las niñas enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios de salud, ya que la normativa talibán exige la presencia de un mahram (tutor masculino) para poder desplazarse, lo que restringe severamente su movilidad.
A ello se suma la prohibición en algunas provincias para que las mujeres sean atendidas por médicos varones, mientras que el número de mujeres trabajadoras de la salud es insuficiente. La situación se agravó tras la decisión de las autoridades en diciembre de 2024 de prohibir que las mujeres estudiaran medicina y obstetricia, cerrando una de las últimas vías para que pudieran convertirse en proveedoras de atención médica.
Otro obstáculo es la falta de espacios privados en los centros de salud, lo que obliga a que muchas mujeres sean atendidas en condiciones que violan su privacidad, desincentivando el uso de los servicios sanitarios. Actualmente, solo se reporta el funcionamiento de cuatro hospitales en Chawkay, Asadabad, Kama y Jalalabad, además de un hospital temporal con 50 camas en Khas Kunar, lo que resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.
Las condiciones en los refugios temporales también son alarmantes, pues la ONU advierte que se trata de espacios deplorables que suponen un alto riesgo de brotes epidémicos. En la región oriental ya se han detectado casos de dengue, sarampión y malaria.
La OMS señaló que el hacinamiento, el acceso limitado a agua potable y la gestión inadecuada de residuos incrementan las probabilidades de contagio. Además, la escasez de alimentos ha dejado a cerca de 40 mil personas damnificadas en necesidad urgente de asistencia humanitaria.
En este contexto, los hogares encabezados por mujeres resultan particularmente vulnerables, ya que enfrentan mayores necesidades de protección, además de dificultades adicionales para buscar y obtener ayuda.
Cabe recordar que este es el segundo gran terremoto que ocurre en Afganistán en los últimos cuatro años bajo el régimen talibán. El primero tuvo lugar en octubre de 2023, cuando un sismo provocó la muerte de 12 mil personas, la mayoría mujeres, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), pues muchas de ellas se encontraban en sus casas mientras los hombres realizaban actividades fuera.
La actual catástrofe reproduce esa misma situación de desigualdad. De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades talibanas son responsables de la reducción de las operaciones de ayuda humanitaria en el país debido a sus políticas restrictivas y a la prohibición impuesta a las mujeres afganas para trabajar en la ONU y otras ONG. Esta medida ha obstaculizado el apoyo a la población afectada y, según la organización, forma parte del ataque sistemático del régimen contra los derechos humanos en Afganistán.
Afganistán: territorio mortal para las mujeres
Han pasado ya cuatro años desde que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Desde entonces, las mujeres viven una de las peores crisis de derechos humanos en el mundo, descrita por la comunidad internacional como un apartheid de género, resultado de una serie de restricciones que las ha borrado por completo de la vida pública.
En 2024, el régimen impuso la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que prohibió a las mujeres usar su voz en espacios públicos. Desde entonces, cantar, hablar o incluso reír fuera de sus hogares se convirtió en un acto sancionable. Cada nueva prohibición ha profundizado su exclusión hasta configurar, de acuerdo con la ONU, un crimen de lesa humanidad.
Aunque hoy ya no es posible recopilar datos nacionales sobre la violencia de género de forma segura, las cifras disponibles muestran lo grave de la situación. En 2018, más de una de cada tres mujeres afganas había sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año.
Tras el regreso de los talibanes al poder, todo apunta a que la violencia se ha intensificado. Las dificultades económicas, la prohibición de la educación para niñas y el desmantelamiento de leyes y servicios de protección han creado un escenario en el que la violencia de género avanza sin control.
Las restricciones a la movilidad han vuelto la vida diaria especialmente peligrosa. En muchas regiones, las mujeres solo pueden salir de casa acompañadas por un familiar varón, incluso para trayectos cortos. Para las viudas o mujeres sin parientes masculinos, esta regla implica arriesgar su seguridad cada vez que necesitan comprar alimentos o acudir a un centro de salud.
La educación es otro de los ámbitos más afectados. Desde septiembre de 2021, las niñas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria, por lo que su formación académica termina al concluir el sexto grado. El resultado es: el 78 por ciento de las jóvenes afganas no estudia, no trabaja ni recibe capacitación, una cifra casi cuatro veces mayor a la de los hombres jóvenes.
En el mercado laboral, la brecha de género es una de las más grandes del mundo. Actualmente, solo una de cada cuatro mujeres está empleada o busca empleo, frente a casi el 90 por ciento de los hombres. Esta exclusión responde directamente a las prohibiciones radicales del régimen talibán, que impiden a las mujeres participar en sectores donde antes tenían cabida, como la administración pública o las ONG nacionales e internacionales.
