Ciudad de México.- De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez Mx, en 2022 en México, la Secretaría de Salud (SSA) atendió a 105 mujeres víctimas de agresiones con sustancias químicas. Pese a que cada vez se conocen más casos como los de Liliana y Carmen Sánchez, en el país no hay protocolos homologados o marcos legislativos para atender esta otra violencia en razón de género. Es por eso que este lunes 12 de junio, la Fundación Carmen Sánchez anunció una alianza con la Fundación Natalia Ponce de León, de Colombia.
En una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Carmen Sánchez dio a conocer esta alianza y explicó que su objetivo es analizar y visibilizar este tipo de violencia para, así, generar un trabajo conjunto con las autoridades para prevenir, atender y sancionar “una de las violencias más crueles y arroces que existen en el mundo”, declaró la activista.
Para ello, la fundación en México retomará aprendizajes obtenidos de la experiencia en Colombia. Aquí, la Fundación Natalia Ponce de León (misma que acompañó a Carmen Sánchez cuando fue atacada en 2014) ha logrado avances notorios en la atención y prevención de la violencia química. Uno de ellos es la creación de la ley 1773 en 2016, la cual sanciona con entre 40 y 50 años de prisión a quienes incurran en este tipo de violencia. Antes de esta ley, tal como sucede en México, las lesiones con ácido eran clasificadas como lesiones personales o incluso otros delitos como robo o violencia intrafamiliar.
De igual forma, la Fundación Natalia Ponce de León ha impulsado el Decreto 1033 en Colombia. Este decreto establece las rutas de atención integral que el personal de salud debe dar a las víctimas de violencia química y, al mismo tiempo, propone una regulación para las sustancias químicas que generen daños en los tejidos del cuerpo humano.
A pesar de estos avances, Ponce de León reconoce que muchas veces la normativa se queda solo en el papel, por lo que aún falta más trabajo que hacer en este campo. “Todavía siguen existiendo muchas barreras en el acceso a la salud”, destacó, la cual es una parte esencial para la recuperación física y emocional de las víctimas. Es por eso que, ahora, las fundaciones de los dos países decidieron colaborar juntas en el análisis de esta violencia y en el impulso de cada vez más iniciativas para erradicarla.
Aquí en México, apenas en mayo de este 2023 se presentó una iniciativa de ley con este objetivo. Y, desde dos años antes, la Fundación Carmen Sánchez se ha ocupado de dar acompañamiento integral a las víctimas de la violencia química. No obstante, mientras no haya voluntad política por parte de los gobiernos locales y federal, el camino para prevenir y terminar con estas agresiones seguirá estando lleno de obstáculos.
La violencia química en México y en Colombia
Los equipos de trabajo de las fundaciones Carmen Sánchez y Natalia Ponce de León han realizado diversas investigaciones acerca de la violencia química en sus respectivos países ante la falta de cifras oficiales. En el caso colombiano, Ponce explicó que entre 2011 y 2012, su país ocupó el primer lugar en cuanto a ataques con agentes químicos a nivel mundial.
Los altos índices de violencia coinciden también con cifras elevadas en cuanto a impunidad. Según detalló la activista y conferencista, solo el 0.1 por ciento de estos casos concluyen en el acceso a justicia para las víctimas. Pero esta cifra corresponde solo a los registros que se llevan a cabo como deberían; existe un subregistro importante tomando en cuenta los errores de clasificación por parte de las autoridades y la falta de acceso a herramientas de denuncia para algunas mujeres como aquellas que viven lejos de las principales ciudades de Colombia.
En México, por otro lado, con base en las cifras de la SSA, la Fundación Carmen Sánchez ha calculado que al año hay cerca de 100 víctimas de violencia química. Además, de acuerdo con Ximena Canseco (confundadora de la organización), en las últimas tres décadas se han registrado 41 casos donde la agresión fue perpetrada con ácido.
Estas cifras se traducen en fuertes impactos psicológicos, físicos, emocionales y laborales para las víctimas. Así lo narraron Marta Ávila y María López, sobrevivientes de violencia química, en la conferencia de prensa celebrada este lunes. María López (quien es la primera víctima de violencia química reconocida en México) fue atacada en 1988, y desde entonces enfrenta problemas como el estigma y la discriminación laboral.
Lo anterior se refleja en la pérdida de ingresos monetarios. Sumado a esto, el dinero que las sobrevivientes invierten en tratamientos médicos, atención psicológica o psiquiátrica y asesoría legal las deja en una situación de precarización económica. Este daño —junto con las repercusiones morales y psicológicas de los hechos— llegan a afectar también a las familias, con lo que la red de víctimas se amplía en cada caso.
Por otra parte, la salud de las sobrevivientes puede seguir en riesgo incluso años después del ataque. Esto, debido a la cantidad de cirugías a las que deben someterse. En Puebla, por ejemplo, la Fundación Carmen Sánchez ha contactado a una mujer que ha sido intervenida quirúrgicamente en cerca de 200 ocasiones. Además de esto, la psicóloga Adriana Reyes explicó que las mujeres atacadas con sustancias químicas deben recurrir a tratamientos psiquiátricos por problemas como miedo a salir de casa ante otro posible ataque y la pérdida de su personalidad ante su aspecto físico.
Estas circunstancias personales se entretejen con la falta de atención por parte de las autoridades de justicia. Al respecto, Marta Ávila (atacada en 2017) cuenta que, inicialmente, a su agresor le dieron 23 años de prisión; sin embargo, gracias a que él reconoció su culpabilidad y se comprometió a pagar los daños ocasionados a Marta, su pena se redujo a 8 años. Él está a 2 años de quedar en libertad. Además, es posible que no deba pagar económicamente nada a la sobreviviente: si se declara insolvente, la autoridad no lo obligará a hacerlo y aun así él quedará libre.
Es en este contexto en el que las fundaciones Carmen Sánchez y Natalia Ponce de León trabajarán juntas: en países donde la perspectiva de género aún sigue quedando al margen de los protocolos judiciales y sanitarios. Naciones donde aún no se observa cómo la violencia química es consecuencia de otras violencias más que pueden prevenirse y cómo es usada como un mecanismo de poder y control sobre las mujeres.
La alianza entre las dos organizaciones hará lo necesario para impulsar políticas públicas, registros nacionales, protocolos de atención y leyes para combatir el problema tanto en México como en Colombia. Porque la violencia no conoce fronteras, pero tampoco la resistencia y la fuerza de las víctimas.
