Ciudad de México.- A raíz de la denuncia sobre el caso de Samantha Jennifer Fierro Delgado, recluida por un delito que no cometió y quien sigue en busca de su hija Victoria, su bebé desaparecida tras parirla en el Centro de Reinserción Social Femenil (Cereso) de Aguascalientes otras mujeres en reclusión se han sumado a las denuncias por violaciones a derechos humanos siendo la principal la negligencia médica y extorsión.
Anteriormente, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes también denunció varios casos de negligencia médica, violencia obstétrica, extorsión y agresión contra las mujeres privadas de su libertad. Al día de hoy, se suman tres casos similares a los de Samanta Fierro en los que hubo un mal diagnóstico médico sobre su embarazo, no obstante, esto provocó tres abortos de reclusas lo que se constituye como violencia obstétrica.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2024, el Cereso femenil de Aguascalientes cuenta con una población de 117 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 29 están procesadas y 88 cuentan con una sentencia firme. Sin embargo, el número de mujeres en prisión a nivel nacional ha crecido 23% debido a la extensión de delitos que involucran la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional.
Actualmente la ex directora del Cereso femenil, Sandra Samantha Ruiz Esparza Durón, y el ex coordinador de Áreas Medicas de los Centros Penitenciarios de Aguascalientes, Juan Carlos Barnola Ochoa, fueron destituidos para investigarlos debido a que el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes presentó un documento con 85 firmas de mujeres en reclusión en el que pidieron ambas renuncias.
No obstante, la organización detectó que ambos funcionarios siguen laborando para el penal, ya que no fueron despedidos, sino sólo fueron removidos.
Por ejemplo, la directora se encuentra en el área de jurídico del Cereso varonil y el médico se encuentra en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA). Pese a que una periodista cuestionó al fiscal de Aguascalientes Manuel Alonso García sobre las acusaciones en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre, este negó las acusaciones.
Es necesario recordar en este caso que de acuerdo con el Manual de bolsillo de normas internacionales de derechos humanos para
funcionarios de instituciones penitenciarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el capítulo 6 señala que «las personas en reclusión tienen derecho a la salud. […] Los reclusos y todos los detenidos tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental».
Y de acuerdo con los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, también de la ONU, en su artículo 9 señala: «las y los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica».
Las negligencias médicas documentadas
Una situación que se ha presentado en el Cereso de Aguascalientes es la escasa atención médica ginecológica. Hay mujeres en condiciones de reclusión que han enfrentado abortos espontáneos, nunca tuvieron seguimiento médico y no sabían que estaban en periodo de gestación hasta que se presenta la emergencia.
De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, el 17 de febrero de este año, una mujer privada de su libertad llamada Rocío fue trasladada a urgencias para que le practicaran un legrado. Un mes después, lo mismo le ocurrió a María Guadalupe quien se encontraba en el primer trimestre de su embarazo y para el 29 de julio, Jacqueline fue la tercera mujer a quien le ocurrió esto.
En este año, el 21 de febrero de 2025, se incorporó la ginecóloga Fátima Soledad en cumplimiento de la recomendación 252/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se especifica que los tres Ceresos de Aguascalientes no cuentan con personal suficiente para atender las necesidades médicas de las personas privadas de la libertad, hecho que fue analizado por el personal del organismo durante un recorrido realizado en 2023. Específicamente, se determinó que el Cereso Femenil no contaba con pediatra y ginecólogo.
El Observatorio atribuyó esta incorporación al nombramiento de Jonás Chávez Marín como el nuevo director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mencionando que existe cierta voluntad para hacer cambios, aunque continúan sin ser suficientes.
Esto porque han ocurrido varios casos de negligencia médica en el Cereso femenil como el de Jacquelin quien fue diagnosticada erróneamente con tuberculosis y por ello fue aislada del resto.
«Esos malos diagnósticos no solo conllevan a una presión psicológica adicional a las compañeras que están privadas de su libertad, sino que, aunado a esto son maltratadas y son acosadas por este personal médico al negarles atención y al sugerir que sean aisladas» -Erick Vázquez, activista de derechos humanos de mujeres privadas de su libertad
Cabe recordar que, uno de los mayores casos de negligencia es el de Samantha Fierro cuando en 2023 dio a luz a su bebé Victoria sin atención médica. Una vez que una de sus compañeras le ayudó a parir se dieron cuenta que se trataba de una niña, incluso el médico Juan Carlos Barnola Ochoa le ayudó a cortar el cordón umbilical. No obstante, cuando la llevaron al Hospital Tercer Milenio, donde trabajaba el doctor, le dijeron que la recién nacida había muerto.
Más tarde, el informe forense reportó que se trataba de un bebé masculino, nacido sin vida por hipoxia, con signos vitales de violencia en el cuerpo y esta versión no solo contradijo el nacimiento inicial y a los testimonios. Hasta el momento, las investigaciones se encuentran estancadas,.
«Hay omisiones graves, hay negligencias delicadas que ya han cobrado vidas humanas, se han llevado a cuatro bebés que lamentablemente pudieron haber transcurrido su desarrollo de manera adecuada y hubiesen sido atendidos de manera acorde a las necesidades de cada una de estas mujeres» -Erick Vázquez, activista de derechos humanos de mujeres privadas de su libertad.
Parió en reclusión y desapareció su bebé. Samanta busca verdad y justicia en Aguascalientes – cimacnoticias.com.mx
Sin embargo, existe otro caso donde una reclusa, cuya identidad permanece protegida, denunció que han tomado represalias contra ella a raíz de una queja que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes para exigir su derecho a la salud, ya que se negaron a revisarla médicamente.
Parte de las represalias han sido el aislamiento, amenazas y tortura psicológica enviándola a un módulo donde se encuentra sola y sin contacto con la población del centro.
Por el momento, continúan las deficiencias en la falta de atención médica, ya que no todos los turnos están cubiertos, sobre todo los fines de semana y turnos nocturnos.
