Ciudad de México.- En su cuarto y último informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, arropada por el presidente de la República y altos funcionarios de la Cuarta Transformación, Ernestina Godoy pronunció dos mensajes claves: el primero al señalar que “ninguna ratificación vale la pena, si ello significa negociar la justicia y los principios” y el otro que durante su gestión “la Ciudad de México registró una reducción histórica de la violencia a nivel nacional, al pasar del lugar 12 en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes al lugar 19 y reducción de casos de feminicidio.
Luego de pintar este panorama, comenzó a destacar sus logros, muchos de ellos cuestionados en otros momentos por activistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, de mujeres, de víctimas de desaparecidos y de colectivos, por mencionar algunos.
Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), articulación ciudadana conformada por 42 organizaciones, ubicadas en 23 estados de la República, ha señalado que las cifras no cuadran porque algunos feminicidios han sido catalogados como homicidios. Por ejemplo, 2022 cerró con 3 mil 755 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio, es decir únicamente en estos casos se acreditaron las razones de género, el resto: 2 mil 787, fueron catalogados como homicidios dolosos, sin contar los “suicidios” que no se investigan como feminicidios.
En entrevista con Cimacnoticias en agosto del 2023, tras las declaraciones de Luisa María Alcalde Luján, actual Secretaria de Gobernación, donde presumió una reducción de 29.7 por ciento en casos de feminicidio a nivel nacional; la coordinadora del OCNF aseguró que la violencia contra las mujeres sigue siendo un reto para el Estado mexicano, “no se puede negar que todavía falta mucho para prevenir estas violencias tan graves, tenemos que seguir haciendo esfuerzos adicionales”, aseguró.
Sin embargo, María de la Luz Estrada expresó que, si bien se han realizado acciones en favor de los derechos de las mujeres, este gobierno -encabezado por Andrés Manuel López Obrador– “tardó en entender la problemática”.
La defensora añadió que el Estado aún ha fallado en temas de prevención y el acceso a la justicia, además, la mayoría de los casos de feminicidio siguen sin investigarse con perspectiva de género, lo que ha impedido que el delito se acredite.
Y es que por ejemplo, tan solo en la primera mitad del año 2023, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado mil 716 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 426 se investigan como feminicidio.
¿Cuáles son las cifras de la Fiscal en su informe?
En el caso de los feminicidios, señaló que, en el mismo periodo (2018-2023) hubo una reducción del 18 por ciento, pasando de 72 a 59 carpetas de investigación; los delitos de alto impacto tuvieron una reducción del 60.29 por ciento, mientras que el homicidio doloso tuvo una reducción del 42 por ciento, pasando de 4 homicidios diarios en 2019 a 2.3 en 2023; en el caso de los delitos con armas de fuego, hubo reducción del 63 por ciento.
Sobre los resultados de la votación en el Congreso local donde no alcanzó la mayoría calificada (44 votos) para continuar en el cargo, señaló:
“Una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía, esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos, le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político porque la han transformado en su ideología”, señaló al iniciar su informe.
Destacó ser la fiscalía que más investiga la violencia en contra de las mujeres, con sentencias ejemplares.
“De enero 2019 diciembre 2023 aumentamos en un 244 por ciento el número de vinculados a proceso por feminicidios, las ordenes que estaban sin ejecutar ya están siendo ejecutadas; aumentamos en un 67 por ciento el número de agresores vinculados a proceso y aumentamos casi a 20 mil el número de medidas de protección”.
En el caso de las personas desaparecidas, indicó que antes no habían ordenes de aprensión por el delito de desaparición forzada, ahora hay 120 y muchos victimarios están en la cárcel, otros ya empiezan a tener sentencias. Destacó que la búsqueda de personas desparecidas fue una prioridad durante su gestión, por ello se creó la Unidad de Análisis de Contexto dedicada al estudio de los patrones de desaparición de personas y el Grupo Especial de Búsqueda y Reacción Inmediata, para las primeras 72 horas; a través de este grupo este año se logró la localización de 2,175 personas, mientras que en 2020 obtuvo, por primera vez, una orden de aprensión por la desaparición cometida por particulares.
“Fuimos pioneros de la iniciativa de la búsqueda masiva de datos en registro administrativos para encontrar a personas desaparecidas”, indicó.
Señaló que, cuando llegó al cargo, a finales del 2018 la Ciudad de México pasaba por su peor momento en temas de seguridad y justicia, fue el año en que más delitos se cometieron en toda la historia de la ciudad.
Para Godoy “las autoridades negaban la existencia de fenómenos criminales, omitían investigar y reclasificaban delitos graves para cuidar la estadística, opacidad, corrupción, ineficiencia, malos tratos, enormes tiempos de espera, negligencia, filtraciones, fabricación de culpables, revictimización, omisiones, investigaciones deficientes, prácticas de tortura, complicidad con la delincuencia, falta de personal, atraso tecnológico, violaciones al debido proceso, amiguismo, nepotismo, utilización de las instalaciones para cárceles clandestinas, esta era la imagen de la Procuraduría”.
Esta disparidad en los datos, posiblemente se deba a lo que señaló la ahora ex fiscal, al referirse a ‘los pilares de la necesaria transformación institucional’, en la cual incluyó a la diversificación de las modalidades de denuncia, debido a que se amplió el catálogo de denuncia digital.
En el caso de los funcionarios públicos involucrados en delitos, resaltó que “en ningún estado del país se ha investigado, obtenido, ejecutado ordenes de aprensión y vinculado a proceso, a tantos ex servidores públicos (79 casos)” y por ello va por más.
Su mensaje de despedida fue contra los legisladores que no la ratificaron:
“Creo en la democracia como forma de vida y como sistema de organización política, por ello las ciudadanas y los ciudadanos de la capital deben estar informados para decidir…saldré a informar desde mañana a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a las calles, voy a informarles al grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria de esta la ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos, a quienes explotaban a las mujeres”.
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El nuevo fiscal
El día de hoy se dio a conocer quién sustituye a Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), será Ulises Lara López, antes vocero de la fiscalía.
Lara ha sido cuestionado por su falta de perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres y por revictimizar a las denunciantes.
La polémica más reciente fue sobre el caso de María Angela, joven de 16 años desaparecida el 19 de enero del año pasado en el paradero de Indios Verdes en la Ciudad de México y encontrada en Nezahualcoyótl, estado de México.
El antiguo vocero responsabilizó a la víctima al señalar en un comunicado oficial que “por medio de videos, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo, se pudo determinar que María Ángela llegó por su propio pie al municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde fue localizada el 21 de enero envuelta en una bolsa negra”.
Ello a pesar de que la familia de María Ángela refirió que, tras acceder a cámaras del C5, se pudo observar que un hombre tomó a la joven del brazo y se la llevó. Sin embargo, no se tuvieron más imágenes al interior del paradero debido a que comerciantes se negaron a mostrarlas, situación en la que no intervino la FGJCDMX.
Otro caso fue el feminicidio de Ariadna Fernanda, de 27 años, ocurrido el 30 de octubre de 2022. Su cuerpo fue localizado sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, en el municipio Tepoztlán, Morelos, sin embargo la última vez que la vieron con vida estaba en un departamento ubicado en la Ciudad de México.
Las primeras declaraciones de la fiscalía y de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fueron que el presunto feminicida decidió llevar a la víctima a esta entidad (Morelos) por sus supuestos nexos con el fiscal Uriel Carmona, los cuales lo hubieran mantenido en impunidad.
Otras historias de impunidad en la CDMX son los casos sin resolver de Pamela Gallardo Volante, quien desapareció en la Ciudad de México en 2017, continúa sin ser localizada. Mariela Vanessa Díaz Valverde desapareció el 27 de abril de 2018, hasta la fecha se desconoce su paradero. Viviana Elizabeth Garrido Ibarra fue desaparecida el 30 de noviembre de 2018, continúa lejos de su familia. María de Jesús Zamudio, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue víctima de feminicidio en 2016; al día de hoy se continúa buscando a sus feminicidas. Nataly Michel fue asesinada en 2019 en la alcaldía Venustiano Carranza; sin embargo, su caso continúa impune. Daniela Ramírez desapareció luego de abordar un taxi en mayo de 2019, días después fue localizada sin vida y aún no hay ningún detenido.
