Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Una delegación internacional conformada por organizaciones solidarias y europarlamentarias quienes se encuentran de visita en México, manifestaron su «profunda» preocupación por la persistente violencia contra defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado a comunidades y pueblos indígenas.
Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos.
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Para las mujeres, la situación es alarmante. Datos del informe «Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador» de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) apuntan que, en el último sexenio, las agresiones contra las periodistas incrementaron 117% respecto a la administración anterior dando como resultado mil 189 casos, de los cual 47 casos ocurrieron durante la conferencia Mañanera.
Esta delegación internacional está conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña que contó con el respaldo de el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo.
Durante su visita subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.
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La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.
“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
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La visita que tuvieron en México se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas en favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes, refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.
“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
También expresaron su inquietud por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres y pueblos originarios.
Hay que recordar que en México, al menos 103 mil 991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia.
Esta inquietud también la expresaron en torno a la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización.
De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden.
En 2024, México recibió cerca de 80 mil solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR.
“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.
La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.
