Ciudad de México.— Como una estrategia para combatir la caída de natalidad, el gobierno de China implementará un impuesto al valor agregado (IVA) del 13% en productos anticonceptivos por primera vez en 30 años a partir de enero 2026; sin embargo, encarecer los precios limita la autonomía de las mujeres y profundiza las desigualdades aumentando las barreras económicas.
La medida fue implementada como parte de la nueva Ley del IVA, siendo que el impuesto a los anticonceptivos no había sido aumentado desde 1993. Por otro lado, la norma apuesta por el favorecimiento económico para los servicios de cuidado como guarderías, jardines de niños, para personas con discapacidad, centros de atención para personas adultas mayores, así como los servicios vinculados al matrimonio.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso a los anticonceptivos es uno de los mayores obstáculos para que las mujeres no terminen maternando cuando no lo desean. Particularmente, cuando se encuentran en entornos rurales o son de bajos recursos. Asimismo, las mujeres pueden optar por no usarlos ante el miedo a los señalamientos sociales y religiosos, los efectos secundarios y la información errónea que reciban.
Actualmente, China enfrenta una crisis de natalidad. La base de información Datos macro determinó que en 2023 la tasa de natalidad fue de 6,39% cuando en 2022 fue de 6,77% y en 2013 de 12,8%. Además, el índice de fecundidad se redujo a una hija o hijo por mujer, siendo que en 1963 las mujeres chinas tenían en promedio 7.51 hijas e hijos.
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Ambos panoramas contrastan de forma abismal y esto no es algo aleatorio, sino que se trata del control sobre los cuerpos femeninos para obstruir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Un ejemplo de ello es el cambio gradual del gobierno chino para pasar de la política del “hijo único” a exhortar a sus ciudadanas a casarse y retornar a los “valores tradicionales”.
Esto sucedió a partir del 2015 con la publicación de un anuncio resultado de una sesión plenaria en la cual se discutió la situación interna y extranjera en el que se determinó «construir una sociedad próspera» para 2020. Entre las modificaciones esperadas en diferentes ejes como economía o política, se instó a aumentar la tasa de urbanización.
«Promover un desarrollo equilibrado de la población, adherirse a la política nacional básica de planificación familiar, mejorar la estrategia de desarrollo poblacional, implementar plenamente la política de que una pareja pueda tener dos hijos y llevar a cabo activamente acciones para hacer frente al envejecimiento poblacional» -extracto del comunicado.
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Sin embargo, organizaciones como Human Rigths Watch señalaron que el Estado chino continuaba desempeñando un rol intrusivo en los derechos reproductivos de las mujeres y su autonomía corporal al controlar el número de hijas e hijos que una pareja podía tener y en qué intervalos de tiempos para que pudieran embarazarse a través de exámenes ginecológicos forzados y la imposición de multas a quienes incumplan estas reglas.
En 2012 debido a las multas contra las mujeres chinas que incumplieron con la restricción del hijo único se logró recaudar más de 2.7 mil millones de dólares. Asimismo, coaccionaron a las madres y padres al vincular el acceso a servicios vitales como la educación de las infancias con su inscripción al registro civil y el cumplimiento a las políticas de planificación familiar.
La decisión del gobierno para cambiar las políticas del hijo único no salvó a las familias que vivieron sanciones punitivas e infracciones con cantidades que no podían ser pagadas. Tampoco se hizo justicia por aquellas mujeres que tuvieron que atravesar abortos forzados y la intromisión a su derecho a la sexualidad y la reproducción.
El aumento de impuesto a productos anticonceptivos en China contradice lo establecido durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, donde se discutieron y definieron temas fundamentales relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Esto como resultado de años de trabajo de los movimientos sociales y académicos que buscaron visibilizar las problemáticas de las mujeres, así como cambiar las estructuras sociales y políticas que las rodean.
Dentro de la discusión se estableció que el tema de salud sexual era parte de los problemas fundamentales de los derechos humanos de las mujeres, esto debido a las prácticas ilegales y forzadas como la esterilización, el aborto, la utilización coercitiva de anticonceptivos, de la determinación prenatal del sexo y el infanticidio de niñas.
Sin embargo, el problema de raíz han sido aquellas acciones, comportamientos o ideas respecto a la sexualidad que van en contra de los sistemas de género o patriarcales. De esta manera, la conferencia de Beijing logró consolidar los avances alcanzados de décadas de trabajos feministas y plantear desafíos futuros en tema de igualdad de género y derechos humanos.
La baja natalidad no es culpa de las mujeres
De acuerdo con el informe «La verdadera crisis de fecundidad» del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la disminución de la tasa de fecundidad es una situación que se está detectando a nivel global dando como resultado que una de cada cuatro personas vive en un país donde el tamaño de la población ya ha alcanzado su punto álgido.
La situación actual contrasta con el inicio del siglo XX cuando la cantidad de recién nacidos se disparó sobrepasando los 120 millones en la década de 1970. Como sucedió en ese momento, la culpa recayó en las mujeres como si el problema de fondo dependiera exclusivamente de su decisión de ser madres o no dejando de lado la decisión de los hombres.
La investigación de UNFPA indica que en realidad existe una gran cantidad de mujeres y hombres que señalan la falta de condiciones económicas para decidir formar una familia: restricciones económicas, limitaciones relacionadas con la vivienda, falta de opciones de cuidado para las infancias y el desempleo o precariedad laboral.
Paralelamente, tambien relucieron otros motivos como infecundidad o dificultad para concebir, obstáculos para recibir atención médica durante el embarazo, enfermedades crónicas, cambio de parecer, deseos de la pareja, inquietud por la situación política y social, el cambio climático, ausencia de pareja adecuada, falta de implicación de la pareja en actividades domésticas e imposición o presión por parte del personal médico.
Además, la organización internacional apunta que la verdadera crisis está en la prohibición de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos e imponer medidas restrictivas mientras que el discurso las señala por «renunciar a la maternidad» y querer priorizar su proyecto de vida. Por ello, UNFPA advierte que las políticas coercitivas -aquella acción o conducta que interfiere con la toma de decisiones autónoma de cualquier persona en relación con su salud reproductiva- no se traducen a más nacimientos, sino afirma el deseo de las mujeres a dejar de reproducirse.
«Dicho de otro modo, las conversaciones, las políticas y las soluciones deben distanciarse del alarmismo causado por “la explosión demográfica” y “el hundimiento demográfico” y acercarse a las preocupaciones cotidianas de quienes toman decisiones importantes y personales sobre su cuerpo, su familia y su futuro» -Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
