Ciudad de México.- Durante los primeros días de enero de 2026, una niña de 10 años de edad, identificada como Deisy “N”, fue ingresada de urgencia a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, para dar a luz a su bebé. y ante complicaciones en el parto, ahora permanece en estado grave y terapia intensiva. Para la colectiva Marías Aborteras MX, su caso evidencia la violencia sexual infantil que el Estado no ha logrado erradicar.
De acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), la menor de edad llegó al hospital a inicios del mes acompañada de un joven de aproximadamente 18 años, quien presuntamente sería el padre biológico del bebé y quien ejercería violencia sexual sobre la menor. Dejo a la niña en la institución médica y se fue sin proporcionar datos oficiales ni acreditar legalmente su identidad.
Desde entonces se desconoce su localización, pese a que ya se iniciaron investigaciones. Colectivas feministas y organizaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos están denunciando el caso de Deisy, ya que detrás de lo que parece ser un caso de «maternidad infantil», existió un episodio de violencia sexual.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Mujeres (Semujeres), el embarazo infantil no es maternidad, sino un símbolo de violencia, por lo que no debe ser normalizado ni entendido como una elección personal plenamente consciente. Además, representa una ruptura en los mecanismos de protección de las infancias y adolescencias, y evidencia que los entornos que deberían ser seguros han fallado en garantizar su bienestar e integridad.
La violencia sexual se sostiene en dinámicas de poder, en silencios cómplices, en estructuras familiares, comunitaria que minimizan el abuso y la pederastia. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023, se registraron 9 mil 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.
El caso de Deisy no se trata de un hecho aislado. Datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años. Tan solo en 2024 se documentaron 19.4 nacimientos por cada 100 mil habitantes en este grupo etario.
Dichas cifras son mayores respecto a la media nacional, aunque ligeramente inferiores a las reportadas en 2023. Además, se documentó que las violaciones contra niñas y adolescentes ocurren principalmente en el seno familiar, ya que el 60 por ciento de estos delitos presentan un vínculo familiar o afectivo entre las víctimas y sus agresores.
En junio de 2025 se difundió una lista con 30 nacimientos en los que las diferencias de edad entre las madres y los padres resultaban abismales. Estos datos, proporcionados por la Secretaría de Salud, evidencian que se trata de niñas víctimas de violencia sexual, quienes probablemente se encuentran en contextos de matrimonios forzados.
De acuerdo con el informe sombra ‘Matrimonio forzado, venta y embarazo de niñas y adolescentes’, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF) son fenómenos que se relacionan con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.
Las abismales diferencias entre las edades de una mujer y su conyugue revelan que muchas se casan con hombres mayores cuando aún son adolescentes de entre 15 a 19 años. Esto toma relevancia al considerar que cuando las infancias comienzan un matrimonio, este repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar hitos de transición hacia la vida adulta.
En la lista publicada por la Secretaría de Salud, el estado que encabezó los casos fue Chiapas, en municipios como Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; seguido por Guerrero, con Acapulco, Chilpancingo de los Bravos y Chilapa de Álvarez; y Puebla, con Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. En casi todas las entidades del país se registró al menos un caso, esta situación muestra que el problema es generalizado en México.
Indigna lista pública de niñas-madre de entre 10 y 12 años de edad. La tradición violenta la niñez
Riesgos letales
El caso de Deisy demuestra las consecuencias que pueden ser incluso letales como resultado de no erradicar el embarazo infantil y adolescente. De acuerdo con el artículo “Embarazo en la adolescencia: una crisis de salud pendiente por resolver”, experimentar un embarazo en la adolescencia duplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 años y lo cuadruplica en menores de 15 años.
La procreación prematura incrementa los riesgos tanto para las madres como para los recién nacidos: cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres niñas y adolescentes presentan una mayor probabilidad de bajo peso al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.
La morbilidad durante la gestación en adolescentes puede clasificarse por periodos. En la primera mitad del embarazo destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática. En la segunda se presentan cuadros hipertensivos, hemorragias por enfermedades placentarias, escasa ganancia de peso con malnutrición materna concomitante, anemia, síntomas de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, desproporción céfalo-pélvica por desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto prolongado.
Además de los riesgos a la salud, el embarazo en la adolescencia constituye un problema social y económico de gran magnitud, ya que afecta la permanencia escolar, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, así como el desarrollo humano integral.
Obligaciones del Estado
En octubre de 2025, el Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo de Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violación, cuyo objetivo es regular y garantizar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud brinden acceso a servicios de aborto para menores de edad en casos de violencia sexual, además de establecer la obligación de notificar los hechos ante las autoridades competentes.
Chiapas deberá garantizar servicio de aborto a menores de edad víctimas de violencia sexual
No obstante, ya existía un respaldo legal desde hace 16 años a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-046, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, publicada en 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta norma establece el derecho de las víctimas de violencia sexual a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE).
La denuncia en el caso de Daisy se realizó hasta después del nacimiento del bebé, por lo que las autoridades e instancias de salud no pudieron informar, asesorar y brindar atención respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Hasta el momento, el paradero del agresor continúa sin conocerse.
