Ciudad de México.– Violencia, desplazamiento forzado, escasez de alimentos, aumento de la pobreza y un acceso cada vez más limitado a servicios de salud sexual y reproductiva, son parte de la realidad que han enfrentado las mujeres venezolanas tras 13 años de la dictadura del presidente Nicolás Maduro, un periodo que dejó una crisis de derechos humanos sin precedentes en el país y que se mantienen en incertidumbre ante el operativo militar de Estados Unidos.
El pasado 3 de enero, dentro de la ciudad de Caracas en Venezuela, la población vivió varios bombardeos por las fuerzas armadas estadounidenses, pues se llevó a cabo una operación militar en la que se extrajo al presidente Nicolás Maduro, así como a la primera dama y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. El despliegue militar fue ordenado por el presidente Donald Trump, de esta forma se violó el derecho internacional, según señalaron organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013 en un proceso que, con el paso de los años, se consolidó en una profunda crisis económica, social y política marcada por la caída de la producción petrolera, la hiperinflación y el éxodo masivo de población, un contexto que ha tenido efectos diferenciados en la vida de las mujeres.
Como parte de ese debilitamiento institucional, la violencia contra las venezolanas quedó sin atención efectiva. De acuerdo con el artículo Una mirada a la situación de las mujeres en Venezuela, en el 51% de los hogares del país se registran violencia en contra de ellas; sin embargo, la mayoría de los casos no se denuncia y, de los que llegan a conocimiento del sistema de justicia, solo una tercera parte concluye en una sentencia.
Aunque desde 2007 está vigente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado no publica cifras oficiales sobre esta problemática desde 2003. Por ello, el conocimiento disponible sobre la violencia contra las mujeres proviene principalmente de organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia y atención y de reportajes y denuncias en medios de comunicación que han accedido a datos de la Fiscalía
A la violencia se suma la precariedad de la vida diaria, Yenni Peña Ibarra, socióloga de la Universidad Central de Venezuela y directora de la Asociación Civil EmpoderaRSE, explicó en entrevista con Cimacnoticias que, desde hace una década el acceso a alimentos y productos básicos se ha vuelto extremadamente difícil: conseguir un paquete de Harina PAN implicaba largas filas, y artículos como toallas sanitarias o leche en polvo para bebés eran casi inaccesibles.
Cabe señalar que son las mujeres quienes enfrentan principalmente esta escasez, debido a que el rol de realizar las compras del hogar, preparar los alimentos u obtener los suministros sigue recayendo en ellas, así como tareas de cuidado asignadas socialmente. Tan solo a nivel mundial, la ONU señala que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Derechos sexuales y reproductivos, los más afectados
Yenni Peña Ibarra explicó que los derechos sexuales y reproductivos están entre los más afectados dentro del colapso del sistema de salud, lo cual impacta el ejercicio de la maternidad, ya que el seguimiento ginecológico gratuito en instituciones públicas no está asegurado debido al mal funcionamiento de hospitales y a la escasez de personal médico.
De acuerdo con datos recopilados en el artículo Una mirada a la situación de las mujeres en Venezuela, desde la pandemia, sólo el 49 % de las mujeres accedió a controles prenatales recurrentes en servicios públicos de salud, y la mayoría lo hizo a partir del cuarto mes de gestación; esta atención tardía es más frecuente entre mujeres adolescentes y con bajos niveles educativos.
Asimismo, el artículo refiere que, según los últimos boletines epidemiológicos disponibles del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en 2016 la tasa de mortalidad materna se ubicó en alrededor de 121 muertes por cada 100 000 nacidos vivos, lo que equivalía a que, en ese año, murieron alrededor de dos mujeres por día en el país, ubicando a Venezuela entre los países con mayores tasas de mortalidad materna en América Latina
Sumado a ello, Parra Ibarra refiere que el acceso a métodos anticonceptivos en instituciones públicas no está garantizado. Dado a ello,en muchos casos, no existe la posibilidad de elegir libremente entre opciones como la colocación de un DIU u otros métodos, lo que limita la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y genera embarazos no planificado
Paralelamente, el aborto en Venezuela está prohibido y penalizado por el Código Penal, excepto en la causal de salvar la vida de la mujer embarazada. Cabe señalar que, de acuerdo Human Rights Watch, las leyes restrictivas no reducen la práctica del aborto, sino que incrementan los abortos inseguros y, con ello, la morbilidad y mortalidad maternas.
Además, Yenni Parra denunció que también se enfrentan a un limitado acceso a medicamentos para mujeres con cáncer de mama (CaMa), quienes deben adquirirlos por su cuenta y recurrir a servicios privados para recibir quimioterapia; sin embargo, sin ingresos suficientes o sin un seguro de salud privado, muchas mujeres no pueden ejercer plenamente su derecho a la atención médica.
Migrar para mejorar, una opción que no todas tienen
Ante la falta de derechos humanos durante la dictadura de Madero, las mujeres venezolanas se ven obligadas a desplazarse desde sus hogares hacia otros países de acogida. De acuerdo con el informe Desprotegidas: Violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú, muchas se desplazan con el miedo constante de sufrir diversas formas de violencia de género a lo largo de las rutas migratorias y en los pasos fronterizos no formales.
El informe identificó que la violencia contra las mujeres, también se ejerce dentro de los grupos de personas caminantes, especialmente cuando en búsqueda de seguridad se integran a grupos mayoritariamente conformados por hombres. En algunos pasos irregulares, conocidos como “trochas”, pueden quedar expuestas a ser reclutadas para redes de trata con fines de explotación sexual.
Además, al llegar a los países de acogida, las venezolanas enfrentan contextos marcados por la violencia contra las mujeres que se expresa de forma diferenciada debido a estereotipos relacionados con su nacionalidad y su género, lo que las expone a acoso, violencia y dificultades para integrarse socialmente.
Asimismo, Amnistía Internacional documentó que las mujeres refugiadas enfrentan múltiples agresiones en espacios públicos como calles, plazas, mercados y zonas comerciales. En Colombia, por ejemplo, el 24.1 % de las mujeres refugiadas venezolanas ha experimentado discriminación o trato injusto por su condición de refugiada, y de ellas el 58.8 % afirma que esta violencia ocurrió en la calle.
Las venezolanas, entre una ocupación militar y la dictadura – cimacnoticias.com.mx
No obstante, esta no es una opción que todas puedan tomar. La defensora Yenni Peña Ibarra compartió que, para las venezolanas emigrar requiere de un proceso de planificación y presupuesto, ya que un pasaporte para poder salir del país cuesta 300 dólares y un vuelo de avión oscila entre los 350 a 600 dólares, estos precios solo toman en cuenta el desplazamiento de una sola persona.
Al quedar a cargo de las hijas e hijos, para que una venezolana pueda movilizarse debe contemplar mayores recursos económicos. Los precios mencionados por la defensora contrastan con el salario mínimo establecido en el país latinoamericano, el cual es de apenas 160 dólares al mes, de acuerdo con el último ordenamiento de Nicolás Maduro en abril de 2025.
Otra de las barreras es que no cuentan con alguna persona familiar o conocida que las pueda recibir en los países de tránsito o destino. Esto las deja en una situación de inseguridad en la que se exponen a varias violencias, mientras tampoco tienen dinero para administrar su estadía y alimentación, mientras consiguen permisos de trabajo, vivienda y empleos bien remunerados.
Yenni Peña Ibarra advierte que, particularmente, las diferencias de cuidado complican que puedan encargar a sus hijas e hijos mientras ellas trabajan. Esto porque en muchos países se emite una multa económica a quienes desatienda a las infancias, situación que no ocurre en Venezuela porque es una actividad común que las madres se apoyen de sus vecinas, amigas, madres o una red de mujeres para que se hagan cargo de esa labor.
Pese a que la crisis gestada en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro ha dejado profundas secuelas en la vida de las mujeres, la posibilidad de una intervención de Estados Unidos podría agravar aún más sus derechos y libertades, sobre todo ante la disputa por el petróleo de este país como ya lo expresó el presidente Donald Trump. Por ello, Organismos como la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones civiles advirtieron sobre estos riesgos, por lo que el futuro de las mujeres venezolanas continúa en un estado de inestabilidad.
