Ciudad de México.- Después de estar presa por casi 2 años y a la espera de un juicio, la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, fue liberada del centro de tortura venezolano El Helicoide. Su caso no solo evidencia una violación sistemática de derechos humanos, sino también tiene implicaciones de género que se ejercen contra mujeres defensoras cuando cuestionan las estructuras de poder.
Unos días después del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela —que dio como resultado la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada de la Asamblea Nacional Cilia Flores— el presidente estadounidense Donald Trump declaró en conferencia de prensa su intención de cerrar definitivamente El Helicoide.
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Se trata de un edificio con estructura helicoidal que pasó de ser destinado a convertirse en un centro comercial con estacionamiento a el mayor sitio de tortura ubicado en la Caracas, Venezuela. Fue en 2015 que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) comenzó a utilizarlo como centro penitenciario, dos años después del ascenso de Nicolás Maduro al poder.
Datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón indican que en Venezuela hay mil 11 personas en condición de presas políticas, de las cuales 163 son mujeres y 848 hombres. Entre ellos se encuentran 43 extranjeros, 171 funcionarios de seguridad del estado activos, 12 personas defensoras, 509 personas trabajadoras en sociedad civil, 201 representantes de organizaciones políticas, 35 ex miembros de seguridad del estado, 20 periodistas y 20 sindicalistas.
Una de las presas políticas que se encontraban encerradas en el lugar era la defensora Rocío San Miguel, especialista en temas militares y presidenta de la organización Control Ciudadano enfocada en temas de seguridad nacional, defensa y Fuerzas Armadas. El 9 de febrero de 2024, las autoridades venezolanas la detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y la acusaron de conspirar en la Operación Brazalete Blanco, un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
No obstante, el pasado 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, declaró que el Estado liberaría a «un número importante» de personas venezolanas y extranjeras a través de procesos de excarcelación. Cuatro días antes, más de 50 organizaciones venezolanas de derechos humanos hicieron presión para la liberación de las personas encerradas como un paso hacia la transición democrática del país tomando en cuenta la coyuntura que atraviesa.
Aunque no se dio una lista oficial ni el número de liberaciones, comenzaron a realizarse las primeras liberaciones. Personajes como el excandidato presidencial Enrique Márquez, el exdiputado Biagio Pilieri, y Rocío San Miguel fueron excarcelados y puestos en libertad. En entrevista para el noticiero NTN24, Theresly Malavé, abogada de la defensora declaró que se desconoce bajo qué condiciones se llevó a cabo su liberación, asimismo, aunque se encuentra bien de salud fue trasladada a España gracias a su doble nacionalidad.
Los patrones de género en el encarcelamiento de la defensora
Antes de su detención, Rocío San Miguel enfrentó hostigamiento y amenazas de muerte en su domicilio que no fueron investigadas por las autoridades, situación que escaló hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le proporcionó medidas cautelares a ella y su hija el 18 de enero de 2012. En ese mismo año, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanó la residencia de su hermano.
En 2014, el presidente Nicolás Maduro hizo declaraciones difamatorias durante una emisión nacional contra la defensora acusándola de estar involucrada en un golpe de Estado. Otras agresiones que vivió fue cuando un desconocido la interceptó en su vehículo para amenazarla; el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, la señaló por «ser espía»; y fue atacada reiteradas veces en el programa de televisión Con el Mazo Dando del político y militar Diosdado Cabello.
De acuerdo con la asociación civil Acceso a la Justicia, la detención arbitraria y encarcelamiento de Rocío San Miguel ocurrió bajo patrones de violencia de género. En primer lugar, la defensora pasó cuatro días arrestada junto a cinco miembros de su familia, incluida su hija, bajo una desaparición forzada. No se dio información sobre el centro de reclusión en el que se encontraba ni su estado de salud física y emocional.
La desaparición forzada de una defensora no solo es una violación de derechos humanos, sino que viene acompañada de violencia de género: violencia sexual, estigmatización social basada en estereotipos como considerarlas «problemáticas» por ejercer el liderazgo y riesgos agravados cuando son madres u ocupan un rol vinculado a la justicia y el cuidado.
Acceso a la Justicia también denunció que a la defensa legal no se le permitió acceder al expediente, lo que constituyó una violación a derechos humanos reconocidos internacionalmente como la presunción de inocencia, el debido proceso, el juicio justo y la libertad de expresión: «Estas acciones no solo violan sus derechos individuales como mujer y como defensora de derechos humanos, sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela», declaró la organización.
Asimismo, el que su detención incluyera a su padre, dos hermanos y su hija implicó una estrategia que intensifica el impacto psicológico y social de la represión sobre una mujer, dado que ellas suelen asumir el rol de cuidado y responsabilidad familiar. Acceso a la Justicia expuso que esta práctica vulnera las relaciones familiares de una mujer como herramienta de intimidación.
«El efecto silenciador y de amedrentamiento es especialmente pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar o las personas a su cargo. En el caso San Miguel, vemos como la detención de la defensora mientras se encontraba con su hija y su posterior detención, junto a otros cinco miembros de su familia, refuerzan y avalan este temor» -Acceso a la Justicia.
En segundo lugar, la organización agregó que Rocío San Miguel fue castigada por participar en la vida pública, política o social, por lo que se constituye como violencia política en razón de género, una práctica que no solo reprime la disidencia, sino que refuerza el orden patriarcal in intentar silencias a una mujer y devolverla al ámbito privado.
Cuando hablamos de mujeres, la doble discriminación en contra de ellas juega un papel importante, pues el motivo de las agresiones contra mujeres defensoras no solo está motivado por su labor, sino también por su género. Generalmente, se emplean estereotipos de género y prácticas que buscan desacreditar, atemorizar o silenciar a las mujeres.
«La criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres defensoras, busca debilitar la lucha por la justicia y la igualdad en el país y donde las mujeres, que llevan la carga desproporcionada de la emergencia humanitaria compleja, se ven más afectadas. Así mismo, limitadas en su ejercicio a la participación en los asuntos públicos y en el derecho a la defensa de derechos» -Acceso a la Justicia.
Alertan más detenciones contra defensoras y periodistas
Vanessa Rosales Gautier, activista territorial, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de las personas privadas de su libertad, planteo al medio la posibilidad de que los arrestos arbitrarios o el uso desproporcionado del poder penal contra las personas defensoras y periodistas incremente debido a lo establecido en el Decreto Estado de Conmoción Exterior Gaceta Oficial N° 6.954 publicado a raíz de operativo militar, en entrevista para Cimacnoticias.
El documento explica una serie de medidas implementadas como parte del estado de conmoción en todo el territorio nacional. Particularmente, el artículo 8°, ordena al personal de la milicia designado a ejecutar acciones de defensa militar a mantenerse «a la orden del Sistema Defensivo Territorial» hasta que termine la amenaza a la seguridad del país. Para la defensora, esto pone en alerta a quienes denunciaron violaciones a derechos humanos, sobre todo a las defensoras y periodistas.
Alertan alto riesgo de detención para defensoras y periodistas en Venezuela – cimacnoticias.com.mx
