Ciudad de México.– El pasado 12 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral las 241 propuestas aprobadas que provienen de organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral; de ellas, solo 20 se enfocaron en garantizarla paridad de género, contrarrestar la violencia política contra las mujeres y mejorar la medida 8 de 8 que evita colocar agresión al poder, pendientes claves en los procesos electorales.
México espera tener la iniciativa presidencial el 1 de febrero de este año, la cual será diseñada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y, posteriormente, turnada al Congreso de la Unión con miras a su discusión y eventual aprobación antes de comenzar el proceso electoral de 2027 donde se realizarán las elecciones intermedias y judiciales.
Para llegar a este momento, anteriormente se realizaron 65 audiencias públicas de consultas con 5 mil 294 intervenciones por los 32 estados del país, y el INE recibió 382 propuestas de las cuales se eliminaron 141 luego de ser analizadas y votadas el pasado 8 de enero.
Cabe recordar que, el proceso que ahora retoma Claudia Sheinbaum Pardo tiene como antecedente tres intentos de reforma durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conocidos coloquialmente como Plan A, Plan B y Plan C. En cada uno de ellos, se propusieron la transformación del INE bajo una nueva institución y reducir su presupuesto, la disminución del número de personas legisladoras, así como la reducción de presupuesto para los partidos políticos, entre otras disposiciones.
Inician preparativos para crear una nueva Reforma Electoral – cimacnoticias.com.mx
Las propuestas reunidas y aprobadas por el INE, se agruparon en diez ejes temáticos: libertades políticas; representación del pueblo; sistema de partidos; financiamiento y fiscalización del gasto; efectividad del sufragio y sistema de votación; modelo de comunicación y propaganda política; autoridades electorales administrativas; justicia electoral; y requisitos de elegibilidad e inmunidad de las personas funcionarias electas y mecanismos de democracia participativa, como consultas populares y revocación de mandato.
Entre ellas también figuraron tres temas claves en relación con los derechos políticos-electorales de las mujeres, los cuales han sido relegados por décadas. Tan solo hace 72 años, el movimiento de mujeres logró consolidar el sufragio femenino, es decir, que no solo podían votar sino también ser votadas. No fue hasta 1993 que se implementaron las primeras acciones afirmativas para su inclusión en candidaturas y, posteriormente, le siguieron las cuotas de género hasta llegar al principio de paridad.
Pese a ser una conquista del movimiento de mujeres, la paridad de género aún no se ejerce de forma efectiva en México. Para la política y socióloga mexicana Dulce María Sauri Riacho, los logros en materia de paridad de género no aseguran su cumplimiento y no deberían ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la toma de decisión sobre asuntos de interés colectivo. La falta de garantías para su cumplimiento deja en incertidumbre los avances de los derechos políticos de las mujeres, según expresó durante el conversatorio Mujeres y poder: De la paridad al gobierno organizado por el INE.
Paridad de género, reto pendiente en próxima Reforma Electoral
Reglas del juego más paritarias
México actualmente cuenta con una reforma constitucional conocida como «paridad en todo», la cual fue aprobada en el 2019 y con ello se ampliaron las cuotas de participación política para asegurar que las mujeres tuvieran acceso al 50% de los cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a nivel estatal, municipal y federal; sin embargo, aún hay vacíos legales que imposibilitan a las mujeres tener igualdad de oportunidades.
En relación con este principio, se presentaron 7 propuestas. Entre ellas se plantea fortalecer la paridad de género y las acciones afirmativas desde un marco constitucional y legal, otorgando al INE la facultad expresa de definir procedimientos de alternancia, paridad, cuotas y distribución de financiamiento y prerrogativas, así como la integración paritaria de órganos en todos los cargos de elección popular, en beneficio de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.
En el ámbito del Poder Judicial, se busca garantizar la paridad en la integración de magistraturas y juzgados mediante la asignación previa de género a los cargos a renovar, incorporando criterios de paridad vertical, horizontal y flexible desde las convocatorias y listas que se remitan al Senado, lo que implicaría ajustes en boletas y distritación para la elección de personas juzgadoras.
Respecto al financiamiento y fiscalización, las propuestas establecen que al menos 50 % de los recursos de campaña y del tiempo en radio y televisión se destinen a candidatas, así como la creación de mecanismos para prevenir la omisión o simulación en la asignación de estos recursos.
También se plantea incorporar en la ley una regla paritaria respecto a la distribución de beneficios otorgados a las candidaturas, crear mecanismos de control específicas para su seguimiento y destinar un porcentaje mínimo de propaganda personalizada para mujeres candidatas, con el fin de garantizar campañas equitativas y evitar que la propaganda genérica limite el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
Asimismo, se propone establecer un artículo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en el cual se establece que el INE, debe de realizar sorteos para asignar especialidades, tomando en cuenta la paridad de género, para que ese proceso no termine dejando a más hombres que mujeres en ciertos cargos o áreas.
Reforzar la medida 8 de 8
La medida 8 de 8 proviene de la Ley 3 de 3 creada por la colectiva Las Constituyentes, establece que ningún agresor contra mujeres pueda acceder a un cargo de poder. Esto solo ocurre si está señalado por ser deudor alimentario moroso, haber ejercido ejercer violencia sexual o violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.). No obstante, el INE aumentó los supuestos a ocho e interpretó la necesidad de contar con una sentencia condenatoria para que sea aplicable.
En relación con mejorar la medida 8 de 8 se presentaron seis propuestas, las cuales plantean endurecer los requisitos y causales de remoción para consejeras y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), estableciendo que de forma obligatoria se cumpla con el principio “8 de 8”, es decir, no haber cometido delitos, ni incurrido en este tipo de violencias.
Fracasa 8 de 8 en elección judicial. Agresores contra mujeres se le filtraron al INE
También se busca precisar y unificar los procedimientos mediante los cuales las autoridades electorales verifican que las personas candidatas cumplan con la medida, diferenciando entre faltas administrativas-electorales y delitos penales. Esto incluye definir cómo se revisan antecedentes, qué autoridades intervienen y en qué momentos del proceso electoral se realiza la verificación.
Las propuestas contemplan mecanismos para recibir denuncias ciudadanas y de organizaciones civiles sobre posibles incumplimientos del “8 de 8”, cuidando la presunción de inocencia y reconociendo las limitaciones de investigación del órgano electoral, pero priorizando la protección de los derechos de las mujeres.
Además, se plantea homologar a nivel nacional y estatal la emisión de constancias que acrediten no estar inscrito en registros de deudores alimentarios ni contar con sentencias firmes por delitos o violencias, incluso creando o habilitando registros en las entidades donde aún no existan.
Endurecer sanciones por violencia política de género
La violencia política por razones de género (VPMRG) representó un avance histórico impulsado por el movimiento feminista al permitir —a partir de las reformas aprobadas en 2020— reconocer, nombrar y sancionar la violencia ejercida contra mujeres candidatas o en el ejercicio de cargos públicos por motivos de género; sin embargo, aún es indispensable fortalecerla y recrudecer sus sanciones.
Frente a ello, se realizaron 7 propuestas que buscan endurecer las consecuencias legales de VPMRG, reconociendo en la Constitución que las resoluciones administrativas electorales sobre esta violencia tengan el mismo valor que una sentencia penal, lo que permite suspender derechos y prerrogativas de las personas sancionadas mientras estén inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, evitando que personas señaladas como agresores accedan a cargos públicos.
En casi 3 años, 341 casos de violencia política en razón de género, mayoría sin sanción
También se propone establecer como requisito constitucional que quien encabece la Fiscalía General no tenga antecedentes de VPMRG; así como crear una defensoría y asesoría jurídica especializada, pluricultural e interseccional para aquellas mujeres víctimas con participación coordinada de distintas autoridades, a fin de garantizar prevención, acompañamiento, atención integral y protección efectiva de sus derechos político-electorales.
En el ámbito penal, las propuestas buscan fortalecer la Ley General en Materia de Delitos Electorales mediante la tipificación de la violencia digital como una forma de VPMRG, incluyendo a redes sociales, influencers y medios de comunicación, con reglas claras que protejan la libertad de expresión.
Finalmente, añadieron la investigación de estos delitos con perspectiva de género, reconocer todas las formas de violencia previstas en la Ley de Acceso, agravar las penas cuando existan condiciones de discriminación o interseccionalidad, y obligar a retirar contenidos violentos una vez que exista una resolución firme.
