Hablar hoy de movilidad humana en América Latina y el Caribe es hablar inevitablemente de las mujeres. No como una excepción ni como una nota al margen, sino como protagonistas de los flujos migratorios contemporáneos.
En 2024, más de 48 millones de personas de la región vivían fuera de su país de nacimiento y, por primera vez de forma sostenida, las mujeres representaron más de la mitad. Para 2025, 21 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente; casi la mitad eran mujeres. La movilidad carga violencias profundamente marcadas por el género.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración lo constatamos todos los días: la experiencia migratoria de las mujeres está atravesada por riesgos específicos que no pueden explicarse solo por la condición migratoria.
La discriminación, la violencia sexual, la trata, la sobrecarga de cuidados, el miedo constante a la deportación y la exclusión de los sistemas de protección se combinan de manera brutal. Dos de cada cinco mujeres en movilidad conocen a otra mujer que ha sufrido violencia de género durante el trayecto. El 16 por ciento de las víctimas de trata transnacional en contextos de movilidad proviene del continente americano. Estas cifras no son abstracciones: son historias de cuerpos vulnerados y de derechos negados.
A estas violencias se suman nuevas formas de agresión facilitadas por la tecnología. Los sistemas de control migratorio basados en datos biométricos y plataformas digitales, presentados como herramientas de orden y protección, han abierto una zona gris entre cuidado y vigilancia. La exigencia de huellas, rostros y datos personales para acceder a la regularización migratoria —como ocurre en distintos países de la región— expone a las mujeres migrantes a filtraciones de información, vigilancia indebida y decisiones automatizadas atravesadas por sesgos racistas y sexistas. Para una mujer que huye de la violencia familiar, de la trata o de la violencia sexual, ser rastreable digitalmente puede significar un nuevo riesgo, no una garantía de protección.
La violencia digital no se limita al uso de datos biométricos. La brecha en alfabetización y habilidades digitales, las barreras lingüísticas, el estatus migratorio irregular y el trauma del desplazamiento colocan a muchas mujeres en una posición de mayor exposición al fraude, la extorsión, el acoso y la desinformación. En un entorno donde más de la mitad del contenido en línea está en inglés, miles de mujeres migrantes navegan espacios digitales sin herramientas suficientes para protegerse o buscar ayuda. La desinformación y los discursos de odio, amplificados incluso por cuentas verificadas y por coberturas mediáticas estigmatizantes, profundizan la xenofobia y legitiman políticas de exclusión.
En este contexto, es imprescindible reconocer el papel central de las mujeres defensoras de derechos humanos de las poblaciones en movilidad. Son ellas —abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, comunicadoras, defensoras comunitarias— quienes sostienen albergues, documentan violaciones, acompañan procesos legales y denuncian abusos. Y son también quienes enfrentan detenciones arbitrarias, criminalización, vigilancia digital, campañas de desprestigio y violencia sexual por desafiar órdenes migratorios y roles de género. La estigmatización de la migración como “amenaza a la seguridad nacional” ha convertido la solidaridad en un acto castigado.
Frente a este panorama, la Convención de Belém do Pará sigue siendo una herramienta clave. Su implementación con un enfoque interseccional —que reconozca la condición migratoria como un factor de discriminación— puede transformar la vida de millones de mujeres. Existen avances que muestran que el cambio es posible: el reconocimiento de la violencia de género como causal de asilo en algunos países, programas de regularización con enfoque de protección y lineamientos regionales impulsados desde el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, el cual hace unas semanas tuvo su XXII reuniòn de evaluación en Fortaleza, Brasil. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo fragmentarios.
Hoy más que nunca es urgente que los Estados articulen sus políticas migratorias con los sistemas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; que garanticen vías de movilidad regulares, seguras y accesibles al género; que fortalezcan el asilo con enfoque feminista; que creen mecanismos transnacionales de acceso a la justicia y que incorporen a las organizaciones lideradas por mujeres migrantes en el diseño de las respuestas.
Cada cifra encierra una historia de resistencia. Cada mujer en movilidad merece vivir sin miedo, sin violencia y sin fronteras que limiten sus derechos. La región tiene una deuda pendiente con ellas. Reconocer que la movilidad humana tiene rostro de mujer es el primer paso; actuar en consecuencia es la verdadera obligación.
