Ciudad de México.- La reforma laboral representa un paso fundamental hacia la formalización del trabajo en plataformas digitales, pero aun así no garantiza derechos clave para las mujeres, especialmente en materia de seguridad social, maternidad, atención a la violencia y trabajo de cuidados, concluye un nuevo informe presentado este jueves por el consorcio UNIDAS.
Unidas, es la red de mujeres por el trabajo justo que busca promover la agenda de trabajo justo en México, fomentan la organización colectiva de mujeres trabajadoras en sectores informales y precarizados para el acceso a la protección social, así como la exigencia y la apropiación de derechos humanos laborales.
De acuerdo con el informe Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales, los resultados de la implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales han evidenciado la necesidad de incluir medidas adicionales para eliminar las barreras estructurales que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.
Exclusión se convierte en una barrera para la seguridad social
El acceso a la seguridad social para personas trabajadoras de plataformas digitales está condicionado a alcanzar un ingreso mensual mínimo equivalente al salario mínimo de la Ciudad de México (9 mil 558 pesos en 2026). Sin embargo, el llamado “factor máximo de exclusión”, un descuento aplicado por las plataformas antes de calcular el ingreso neto eleva el umbral requerido, obligando a ampliar e intensificar la jornada para alcanzar el ingreso.
Ahora, la carga de cuidados que recae mayormente en las mujeres obstaculiza la ampliación de la jornada o las orilla a laborar en horarios y rutas de mayor riesgo.
Durante el último mes de la prueba piloto, apenas 2 de cada 10 personas inscritas (206 mil 512) lograron superar el umbral de ingresos requerido para acceder a la seguridad social. Aunque los datos oficiales carecen de desagregación por género, se prevé una marcada subrepresentación de mujeres en este grupo, consecuencia de las barreras estructurales que dificultan alcanzar dichas metas económicas.
Violencia sin atención efectiva
Una encuesta aplicada por UNIDAS revela que siete de cada diez trabajadoras (69.7%) han sufrido acoso o violencia por parte de usuarios. Las formas más frecuentes son acoso verbal (77.4%), insinuaciones sexuales (62.3%), contacto físico no deseado (47.2%) e insultos por razón de género (54.7%).
Aunque la ley obliga a las plataformas a contar con mecanismos de prevención y atención, en la práctica las denuncias reciben respuestas automatizadas o recomendaciones de cancelar el servicio, lo que expone a las víctimas a sanciones algorítmicas y pérdida de ingresos. Si bien ocho de cada diez contratos de las empresas analizadas por el informe mencionan canales de reporte, ninguna empresa cuenta con protocolos públicos claros que establezcan plazos de respuesta, confidencialidad y medidas de protección, conforme a estándares básicos de derechos laborales.
Maternidad penalizada
Aunque la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce el derecho a la protección, a la maternidad, el diseño del programa lo vuelve inaccesible. Para conservar la afiliación, las trabajadoras deben mantenerse activas y generar ingresos mínimos, pero el embarazo avanzado y el posparto implican inactividad.
La norma establece que 30 días consecutivos sin actividad terminan automáticamente la relación laboral, lo que provoca la pérdida de afiliación, aportaciones y servicios como guarderías, penalizando la maternidad y contradiciendo el mandato legal de perspectiva de género.
Algoritmos sin transparencia ni enfoque de género
La gestión algorítmica es central en la relación laboral, pues asigna tareas, evalúa desempeño y aplica sanciones. Aunque la reforma establece que estas decisiones deben ser transparentes y no discriminatorias, las trabajadoras reportan opacidad y castigos por rechazar viajes inseguros, desconectarse para atender tareas de cuidado o denunciar conductas inapropiadas.
El 50.6% de las personas encuestadas señaló que las empresas no han explicado cómo operan los algoritmos. Durante el piloto, el 18.5% fue bloqueada temporalmente y menos de la mitad logró recuperar su cuenta. Para el 74%, este trabajo es su única fuente de ingresos.
La “flexibilidad” no aplica para las mujeres
La promesa de flexibilidad contrasta con la realidad de las trabajadoras, muchas de las cuales deben permanecer conectadas entre 10 y 12 horas diarias para alcanzar ingresos mínimos. El 85.5% de las encuestadas son madres y de aquellas con hijas e hijos de hasta 4 años, el 84.6% reporta no tener acceso a guarderías, principalmente por costos elevados, horarios incompatibles y falta de información.
Para alcanzar el ingreso mínimo que permite acceder, por ejemplo, al servicio de guarderías del IMSS, las trabajadoras deben laborar en los periodos más rentables —tardes, noches y fines de semana—, precisamente cuando las estancias infantiles no operan, ya que funcionan únicamente en horarios de oficina. Este obstáculo hace imposible para muchas mujeres trabajar en los horarios de mayor rentabilidad debido al trabajo de cuidados. Así, las mujeres trabajadoras ven en la práctica limitada su autonomía económica y su acceso efectivo a la seguridad social.
Recomendaciones de política pública
Ante este panorama, UNIDAS presentó recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS, y las empresas de plataformas, entre ellas:
- Establecer un «factor de exclusión» diferenciado para mujeres, basado en la brecha de ingresos real, como una medida afirmativa para «emparejar el piso» de acceso a la seguridad social.
- Armonizar los criterios del IMSS, la LFT y los contratos de las plataformas para garantizar que la licencia de maternidad se reconozca como un periodo de incapacidad protegido, asegurando la continuidad de la atención médica y las prestaciones.
- Diseñar, implementar y monitorear protocolos obligatorios contra la violencia y el acoso a partir de la realidad de las trabajadoras, integrando las mejores prácticas de autocuidado que ellas ya han validado y que las plataformas deben institucionalizar y mejorar.
- Garantizar la transparencia y revisión humana en la gestión algorítmica y revisar el sesgo de género para no penalizar el rechazo de viajes por seguridad.
La reforma laboral, concluye el informe, debe cumplir su promesa: transformar la economía digital en un espacio de trabajo justo, libre de violencia y con igualdad de oportunidades para todas las personas.
