El amor romántico sirve de coartada para una de las violencias más normalizadas contra las niñas: el matrimonio infantil. En México, la ley lo prohíbe, pero la realidad demuestra que no basta con escribir derechos si no se garantizan.
Las niñas no son esposas ni madres. Sin embargo, miles de ellas continúan siendo casadas con hombres que, en muchos casos, les triplican la edad, en un contexto donde esta práctica sigue siendo tolerada socialmente y minimizada por las instituciones.
La permanencia del matrimonio infantil revela los límites de la legislación cuando no va acompañada de acciones efectivas del Estado para desmontar prácticas que vulneran de forma sistemática los derechos de niñas y adolescentes.
Desde 2019, el artículo 148 del Código Civil Federal establece con claridad que la edad mínima para contraer matrimonio en México es de 18 años, sin excepción alguna, incluso cuando exista consentimiento de madres y padres. Casar a una niña o adolescente menor de edad es ilegal en cualquier parte del país.
No obstante, la ley no se cumple. Desde la reforma constitucional de 2011, el interés superior de la niñez debe prevalecer en todas las decisiones del Estado. A pesar de ello, persiste una inercia social e institucional que permite la violación cotidiana de este principio.
De acuerdo con Save the Children, más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven en unión conyugal informal o en matrimonio temprano en México, una cifra que evidencia la distancia entre la norma jurídica y la vida de miles de niñas.
Para ellas, el matrimonio implica consecuencias devastadoras: siete de cada diez abandonan la escuela, enfrentan mayores probabilidades de vivir en pobreza y quedan atrapadas en relaciones de dependencia económica y emocional, con altos niveles de violencia.
A escala global, cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse, es decir, 28 niñas cada minuto. Estas uniones no ocurren en el vacío: se sostienen con la anuencia de familias, comunidades y Estados que, por acción u omisión, permiten que esta violencia continúe.
La existencia de una prohibición legal no garantiza su erradicación. Para que la ley cumpla su función protectora debe aplicarse. Cuando quienes tienen la responsabilidad de hacerlo consideran “normal” el matrimonio infantil, la norma se convierte en letra muerta.
Casarse antes de los 15 años incrementa en 50 por ciento el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja. Además, el embarazo en niñas y adolescentes no es un hecho deseable ni romántico: las complicaciones derivadas del embarazo y el parto se encuentran entre las principales causas de muerte en niñas de 15 a 19 años.
Reducir la respuesta del Estado con medidas punitivas resulta insuficiente si no se acompaña de políticas públicas integrales, recursos suficientes y mecanismos de vigilancia. La experiencia mexicana demuestra que las leyes, sin implementación efectiva, no protegen.
El matrimonio infantil no es una costumbre cultural inocente: es una violación grave a los derechos humanos que arrebata a las niñas su infancia, su educación y su autonomía.
Revertir esta realidad exige instituciones fortalecidas, una visión de Estado y políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de género.
No más leyes que no se aplican. Hagamos que las que existen protejan efectivamente a las niñas.
