El contexto violento de este fin de semana nos recuerda la guerra contra el narcotráfico que sacudió al país hace 20 años, pero nos también la vulnerabilidad en que nos deja a la ciudadanía, particularmente a las mujeres y a quienes informamos sobre estos hechos.
Justo antes de la detención del Mencho, el viernes pasado la periodista Alfonsina Ávila asistió a la conferencia Mañanera que se realizó en Guanajuato y preguntó a la presidenta y a la secretaria de gobierno sobre la carta que en diciembre de 2024 entregaron 40 defensoras y periodistas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas acompañadas por CIMAC, CEDEHM y Consorcio Oaxaca.
La respuesta de la presidenta fue que ya ha pedido a la Secretaria de gobernación atender la solicitud. Un año y dos meses después ¿Qué sucedió? Porque debemos recordar que el primer año de gobierno de Claudia ha sido el más letal para las periodistas.
Contrario a su “es tiempo de mujeres”, las agresiones contra las periodistas se intensificaron. Mientras que en el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador documentamos 154 agresiones, en el mismo periodo de 2025, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se registraron más del doble de hechos violentos, 338 agresiones.
Así, 2025 revela la intensificación de la violencia, además del debilitamiento institucional para responder a esa crisis, en un escenario donde el discurso de reconocimiento hacia las mujeres convive con condiciones persistentes de desprotección.
Los agresores principales son funcionarios públicos estatales y municipales quienes atacan a las directoras de los medios digitales locales y sus reporteras cuando éstas realizan investigaciones sobre política, derechos humanos y seguridad. Específicamente, casos de corrupción, gestión pública, protesta social y feminista, estructuras criminales, cobertura electoral y sobre desapariciones.
Las que, además de cubrir las fuentes políticas y sociales, suman la cobertura de los derechos de las mujeres se convierten en blancos de ataque físicos y en línea que incluyen descalificaciones por asumirse feministas o defensoras de los derechos de las mujeres.
Se trata principalmente de amenazas, descrédito de la labor, estigmatización, intimidación, actos de hostigamiento, agravados por el género como el hostigamiento y acoso sexual y laboral, amenazas de violencia sexual, descalificaciones sobre su apariencia, orientación sexual o vida personal, así como ataques dirigidos a sus vínculos afectivos y familiares, especialmente a sus hijas e hijos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la narrativa oficial mantuvo una relación incómoda con la prensa y con las organizaciones civiles. Con Claudia Sheinbaum Pardo, el feminismo es incorporado al discurso oficial como símbolo de legitimidad y representación. Sin embargo, la situación permanece invisibilizada en la agenda pública y con pocas posibilidades de interlocución.
La violencia y la desprotección hacia las periodistas manda un mensaje muy claro: la violencia es posible, no se castiga, no se erradica, se puede repetir y no es una prioridad.
Son las periodistas quienes cubren las violaciones a los derechos humanos y acercan informaciones para el ejercicio de éstos a la sociedad, sin embargo, en contextos como el actual, la prensa queda en medio del fuego, en la sombra de los discursos y en el olvido de la agenda política.
Lejos de la justicia que reivindica a las víctimas y su labor periodística, la impunidad envía un mensaje a las víctimas que las desanima, les provoca miedo, muchas veces el rechazo de sus familias y del gremio.
No se trata de hechos aislados, sino de un continuum de violencia que se expresa en las salas de redacción, en las coberturas de calle, en los espacios digitales, en la relación con fuentes y autoridades, y con sus colegas o jefes.
La marca de género radica en la reproducción de las prácticas sexistas y misoginas que vivimos las mujeres cada día que desconocen nuestra participación en el espacio público. Para las periodistas, son constantes las amenazas que buscan minarlas emocionalmente y ejercer control sobre sus decisiones.
A través de notas, comentarios o publicaciones en redes sociales, buscan distorsionar investigaciones, minimizar denuncias o desacreditar el trabajo de las periodistas. Ellas, se desempeñan en un ambiente laboral hostil que trasciende a lo familiar. Incluso a través de sus relaciones personales, se busca obstaculizar su labor informativa.
2025 también se caracterizó por el recrudecimiento de dos formas de violencia: la digital y la judicial
La digitalidad reproduce la misoginia y el espacio digital se posiciona como el más hostil para el ejercicio periodístico de las mujeres, particularmente en redes sociales a través de comentarios misóginos y difamatorios, además del uso de inteligencia artificial (IA) para realizar visualizaciones, sexualizar o ridiculizar a periodistas con afectaciones a su seguridad, credibilidad y bienestar emocional.
Los funcionarios públicos, tanto federales como estatales han emprendido acoso judicial para silenciar y castigar el ejercicio periodístico crítico con implicaciones económicas y psicológicas tras procesos legales largos, costos y desgastantes que buscan desacreditar su trabajo ante la sociedad y dentro de su propio gremio.
A ello se suma que no juzga con perspectiva de género, convirtiéndose en un mecanismo de intimidación que desalienta la investigación rigurosa, ética y sensible. Las demandas contra ellas prosperan en un sistema que las supera en poder mientras las denuncias que las propias periodistas presentan contra sus agresores suelen quedar sin respuesta.
La primera comunicación de la 4T, la famosa circular 1/2019, emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de febrero de 2019, ordenó a todo el gobierno federal eliminar la intermediación de organizaciones sociales para priorizar la entrega directa de apoyos a beneficiarios, combatiendo supuesta corrupción y opacidad, sin embargo, ante la inacción institucional, las organizaciones somos quienes actuamos.
Tan solo en 2025 desde CIMAC acompañamos a casi 100 mujeres periodistas. Además de acciones de acompañamiento y representación ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante instancias de protección estatales, ante Comisiones de Derechos Humanos, fiscalías, así como acciones comunicativas preventivas, de respaldo, denuncia y exigibilidad, de incidencia.
También realizamos el Primer Encuentro de Beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, capacitaciones de seguridad y protección integral feminista.
En este contexto caracterizado por la desprotección, CIMAC se sostiene en un Acompañamiento Integral Feminista que coloca en el centro el cuidado colectivo, la autonomía de las mujeres y la defensa del derecho a informar y a la libertad de expresión.
