Ciudad de México.- Por ‘vacaciones’ de una funcionaria del ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), la audiencia de Xóchitl Ramírez Velasco, defensora indígena acusada “de manera falsa” de secuestro, se difirió hasta el 6 de febrero, informó su abogada Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDH).
Desde junio, cuando el instituto asumió la defensa de Xóchitl, el ministerio público se negó a entregarles la carpeta, así como las pruebas con las que supuestamente la culparon y vincularon a proceso a Xóchitl en mayo pasado. Además, desde octubre solicitaron el sobreseimiento de la acusación porque la defensa presentó 20 testimonios de que Xóchitl estuvo en otros puntos y con otras personas, los días en los que ‘supuestamente’ llevó a cabo el secuestro de una persona en Cuernavaca.
“Con estas pruebas, Xóchitl podría demostrar su inocencia, pero el juez que desahogó estos elementos de prueba, negó dicho sobreseimiento, por lo que se continua el proceso, actualmente, está en la etapa intermedia”, informó Ugarte.
A pesar de su detención ilegal, las autoridades locales le negaron su derecho de ver o contactar a su familia, no le informaron su derecho a contar con una defensa, menos aún le informaron el motivo por el cual se encontraba detenida, en este contexto, se llevó a cabo su primera audiencia, relató el IMDH.
La defensa pública que la representó en esa primera audiencia fue deficiente. No denunció la ilegal detención de Xóchitl, no tomó en cuenta su opinión, ni recabó la pruebas que evidenciaban que ella se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos que la acusaban. Por lo anterior, al día siguiente de su arresto, le dictaron prisión preventiva.
“Fue detenida por elementos de la Policía Antisecuestro del estado de Morelos sin que le fuera presentada orden judicial; al siguiente día en la audiencia inicial le dictaron prisión preventiva bajo la acusación de secuestro agravado, exhibiendo una orden de aprehensión girada desde el 24 de marzo del 2019”, denunciaron en un comunicado organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los abusos e irregularidades en su detención, así como en otros casos de defensoras de derechos humanos, se han ido sumando. Xóchitl padece epilepsia, está bajo tratamiento médico, el cual ha sido negado desde que está detenida, además la han agredido físicamente, lo cual le generó una crisis.
“El personal médico en tuno le advirtió ‘que le bajara a su estrés’ ya que no la iban a trasladar al hospital y ahí podía morirse”, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) , cuando fue su detención el año pasado.
Para la Red TDT, el IMDH, la Red Nacional de Mujeres Indígenas y otros organismos defensores de los derechos de activistas, los señalamientos judiciales a Xóchitl se suman al de personas defensoras que en México son criminalizadas por su labor de brindar refugio, defensa y acompañamiento a víctimas de personas en situación vulnerable.
Fabrican delito luego de 4 años
Xóchitl, indígena zapotea, madre de un niño, fue detenida el 3 de mayo de 2023 de manera arbitraria en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por un supuesto secuestro ocurrido en el 2019.
Una amiga le había pedido que pasara a recoger a su hija a la escuela; mientras Xóchitl y la niña caminaban por la calle, policías estatales la interceptaron y le dijeron que se encontraba detenida.
Sin mostrarle documento alguno, la obligaron a subir a la patrulla junto con la niña, trasladándola al Centro Penitenciario de Atlacholoaya. Horas después le informaron que estaba acusada de un secuestro del 2019. Ninguna autoridad informó a su familia, su hijo la esperó por días.
En el ‘supuesto’ secuestro habría privado de la libertad a una mujer al interior de un consultorio dental en el poblado de Ocotepec, al norte de la capital morelense.
Según la Fiscalía, a cambio de liberar a la mujer, Xóchitl exigía dinero; sin embargo, la información oficial señala que la liberación de la persona secuestrada se realizó sin mediar pago alguno luego de un operativo en el Fraccionamiento Montecasino del municipio de Huitzilac, donde se detuvieron a tres hombres, hoy sentenciados a 70 años de cárcel.
La Fiscalía asegura que también Xóchitl Ramírez habría participado en los hechos, pues era pareja de una de las personas sentenciadas por secuestro. Por ello se obtuvo la orden de aprehensión respectiva, que culminó con su detención.
Esta sería la tercera vez que se difiere su audiencia intermedia. El pasado 14 de noviembre, el ministerio público y la asesoría jurídica solicitaron más tiempo para conocer y estudiar a fondo los elementos probatorios presentados por la defensa. En aquella ocasión se reprogramó la audiencia para el 16 de noviembre, luego para el 9 de enero, y ahora ‘por vacaciones’ de la agente del MP que lleva el caso, será hasta el 6 de febrero.
Fiscal cuestionado
La gestión del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha sido criticada desde hace años por su probable responsabilidad en los ilícitos de presunto ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De hecho, la Cámara de Diputados avaló retirarle el fuero y proceder penalmente en su contra, sin embargo un juzgado federal le concedió una suspensión provisional para evitar una eventual detención, a lo que las y los diputados señalaron que interpondrían una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva consideró que de no promoverse alguna acción “se estaría solapando la invasión a la autonomía y soberanía de Morelos y por supuesto del Congreso”.
El 13 de diciembre, con 230 votos a favor, los legisladores de Morelos decidieron quitarle el fuero debido a que el Fiscal no había acreditado los exámenes de control y confianza al momento de su nombramiento, a pesar de que los mismos entonces o eran una condición para asumir el cargo.
Sin embargo, horas después el Congreso de Morelos determinó que el fiscal continuará en el cargo y las autoridades no podrán ejercer acción penal en su contra. La votación esta ocasión fue de 11 votos a favor, 6 en contra y 1 absención.
Al respecto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) hizo un llamado a poner a las víctimas y sus familias que reclaman justicia como centro de atención, pues son las deficiencias estructurales las que ha permitido las omisiones, negligencias y complicidades en las investigaciones.
Morelos, segundo estado con más casos de feminicidio
Morelos es el segundo estado en feminicidios en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad se registraron 41 feminicidios en el periodo de enero a noviembre de 2023, ocupa el sexto lugar como el estado más peligroso, siendo los municipios con mayor número de incidencia de feminicidios: Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Xochitepec y Huitzilac.
Desde la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2013, la Comisión ha documentado 530 casos de feminicidio ocurridos en Morelos del año 2000 al 2013. Una vez que se declaró la AVG en agosto de 2015, se mandató a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos dar un informe sobre el estado que guardaban los feminicidios, sin embargo los datos contrastan con los registros de las colectivas feministas que identifican 131 muertes violentas de mujeres en 2023, muchas de las cuales las autoridades locales no clasificaron como feminicidios, además se incluyen los supuestos ‘suicidios’.
El fiscal enfrenta, en libertad, otros procesos penales como el feminicidio de Ariadna Fernanda López, envuelto en una serie de contradicciones en las causas de la muerte emitidas tanto por la fiscalía de la Ciudad de México como la general del Estado de Morelos y, uno más por tortura, delito del que fue acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que después fue atraído por la Fiscalía General de la República.
Más de 150 organizaciones, colectivas, feministas, activistas y población en general se manifestarán el próximo miércoles 17 de enero en la Caminata Pacífica “Justicia para Mafer, Vida para Todas” en el centro de Cuernavaca para exigir justicia.
¿Quién es Xóchitl Ramírez Velasco?
Originaria de Oaxaca, con más de 20 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de niñas y mujeres nahuas de Tlamacazapa, comunidad del municipio de Taxco, en el estado de Guerrero, en donde conoció la organización Atzin Desarrollo Comunitario A.C., en donde la apoyaron para que terminara sus estudios.
Su dedicación la llevó a obtener una beca de estudios. Al terminar sus estudios, en el 2005 se volvió a mudar, ahora a Cuernavaca, sede de la organización que la apoyó, Atzin, desde ahí de dedicó a ayudar a otras niñas y mujeres guerrerenses en temas de defensa de sus derechos humanos, la promoción de los derechos a la salud, la educación y su derecho a una vida libre de violencia.
La defensa de la tierra y el territorio, son otros de los temas de activismo de Xóchitl, eso la ha llevado a participar en diferentes redes y espacios a nivel nacional e internacional, como son la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT) y la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI).
