Ciudad de México.- Organizaciones que conforman el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno denunciaron que a raíz del operativo de seguridad realizado el pasado 22 de febrero donde fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y desde ese momento se agudizó el Desplazamiento Forzado Interno en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo debido al incremento de operación de grupos criminales y de su alta capacidad de fuego.
Hasta ahora se encontró que, el pasado 24 y 25 de febrero en el estado de Chihuahua se desplazaron de forma forzada más de 200 familias encabezadas por mujeres, niñas y niños junto con personas adultas mayores quienes salieron de la zona serrana de la seccional de Atascaderos, región que colinda con los estados de Durango y Sinaloa, para dirigirse a la ciudad de Hidalgo del Parral; sin embargo, el conteo sigue aumentando.
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno global que va en aumento, particularmente en territorios relacionados con conflictos o violencia. El último reporte del Observatorio Mundial sobre Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) indica que a finales de 2024 habían 83.4 millones de personas en este estado, de los cuales 35.8 fueron mujeres y niñas, esto de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe «Mujeres desplazadas internas en México».
La OIM identificó que en México más de la mitad de las personas desplazadas internamente que se encontraban en albergues en la frontera norte eran mujeres. La organización también señaló que ellas viven el proceso de forma diferente a los hombres, ya que implica transformaciones en sus roles comunitarios como las responsabilidades reproductivas, provisión de recursos y el trabajo no remunerado de cuidado.
En su visita a México en 2023, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos Paula Gaviria Betancur señaló que el fenómeno afecta de forma diferenciada a las mujeres y niñas gracias a la violencia de género que en muchos casos incluye violencia sexual. También destacó que la violencia se agrava cuando se trata de mujeres indígenas y afrodescendientes quienes enfrentan discriminación y una situación de vulnerabilidad.
A su vez, la Relatora Especial advirtió que México no cuenta con medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la falta de planes integrales de reubicación de sus familiares directos cuando ellas son objeto de medidas de protección. Su predecesor, señaló en 2013 que se necesitaba idear y ejecutar estrategias sobre soluciones duraderas de género, centradas en la protección e integrando las necesidades, derechos, edades y condiciones socioeconómicas de las personas desplazadas, así como de las comunidades de acogida.
Un operativo que desplazó a varias familias
El pasado 22 de febrero, México despertó con la noticia de que Nemesio Oseguera Cervantes alias «el mencho» uno de los capos de la droga más buscados en el mundo fue abatido en un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco. No obstante, el caos no se hizo esperar dejando más de 252 narcobloqueos en 20 entidades como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Aguascalientes, según reportó el Gabinet5e de Seguridad Federal.
Maternar un domingo bajo el fuego que abatió al mencho – cimacnoticias.com.mx
Tras este operativo, organizaciones que conforman el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno señaló que se abrió un periodo para que grupos criminales incrementaran la violencia armada, despojo y el control territorial como parte de las repercusiones, lo cual obligó a varias familias a abandonar sus territorios para salvaguardar sus vidas e integridad.
Esto en parte, lo hicieron para evitar violencias como el reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión, afectaciones ambientales por armamento, amenazas, violencia criminal generalizada y otras violencias de índole institucional, algunas ya instaladas en las comunidades. Para las organizaciones, la actuación de los gobiernos locales, estatales y federales puede agudizar los eventos de desplazamiento y la revictimización directa e indirecta a quienes son desplazados.
«En muchas entidades se sigue negando la existencia del fenómeno, lo que genera la permanencia y profundización de las afectaciones, así como la falta de voluntad política del Estado mexicano por atender las causas estructurales que derivaron en el desplazamiento.» – organizaciones que conforman el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.
Organizaciones civiles en Chihuahua documentaron que dicho desplazamiento forzado en la entidad se presentó desde noviembre de 2025 donde todos los días sin excepción, una o dos familias migran de sus comunidades hasta los centros urbanos, no obstante, la semana que abatieron a «el mencho» el número de familias desplazadas se aceleró y denunciaron que la atención institucional ha sido insuficiente y limitada, principalmente porque las autoridades han menospreciado la gravedad del fenómeno.
Las organizaciones que conforman el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno apuntaron que lo mismo ocurre en el municipio de Apatzingán, Michoacán, un sitio con la mayor cantidad de eventos documentados y víctimas de desplazamiento forzado. Pese a la existencia de un reglamento municipal especializado en proporcionar atención ante este tipo de situaciones, reportaron que nunca ha sido ejercido por el gobierno municipal desde su publicación en octubre de 2024.
Dos semanas antes del operativo, en el municipio de Tecoanapa en la zona de Costa Chica, Guerrero, se documentó un caso de desplazamiento forzado interno relacionado con hechos de violencia y enfrentamiento de grupos criminales en la zona que provocó el desplazamiento de una comunidad entera incluso con la presencia de la Guardia Nacional y Militares, pero hasta la fecha advirtieron que no existe un registro oficial de las personas desplazadas porque han sido coaccionadas a no nombrar el conflicto en su localidad.
Las organizaciones que conforman el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno declararon que no existe un instrumento para atender, evaluar el riesgo y las necesidades de las poblaciones desplazadas, así como una ley federal ni políticas públicas adecuadas para garantizar la protección, procuración de justicia diligente y eficaces para investigar los actos de violencia que derivaron a los desplazamientos, y asegurar condiciones óptimas para la
atención humanitaria inmediata de las comunidades afectadas.
«En un contexto de violencia álgida el Estado mexicano debe garantizar la aplicación inmediata de protocolos de actuación que garanticen la seguridad y la atención humana integral de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, sobre todo de las poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y en zonas donde se registren pugnas entre grupos criminales.» – organizaciones que conforman el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.
Ante el panorama actual, las organizaciones pidieron a los tres niveles de gobierno garantías de protección y atención humanitaria para las familias y comunidades desplazadas, generar acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de las comunidades desplazadas, y al Gobierno del estado de Chihuahua en coordinación con el Gobierno Federal una mesa de trabajo interinstitucional para contribuir en la solución de la crisis.
