Ciudad de México.- Tras la presentación en la conferencia Mañanera de Presidencia y sin el acompañamiento de las familiares buscadoras hoy se dieron a conocer cambios en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) los cuales fueron rechazados por organizaciones promotoras de derechos humanos porque: “distorsiona la realidad” y se minimiza la responsabilidad del Estado frente a la crisis de desapariciones.
Esta vez no es la primera vez que la 4T realiza un ajuste al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), recordemos que fue también en una Mañanera pero del 18 de marzo del 2024, cuando la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde presentó el ajuste que el gobierno federal realizó al registro.
A dónde van los desaparecidos, recordó que fue en junio de 2023 cuando el Gobierno federal anunció un nuevo censo que permitiría la actualización de la cifra de personas desaparecidas, con el propósito de desmentir que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fuera el que mayor número de víctimas registraba y en diciembre de ese año fue presentado con el nombre de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Se dijo que esa estrategia solo había «rasurado el registro».
Ahora, esta es una nueva iniciativa del Gobierno Federal por querer reorganizar las cifras de personas desaparecidas, pero en esta ocasión le tocó al gobierno de Sheinbaum, la cual detallaron, les llevó tiempo de trabajo.
Marcela Figueroa Franco, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien estuvo presente en la Mañanera de este día, detalló que desde la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se han registrado un total de 394 mil 645 casos.
Aunque su creación es de 2018, el Registro incluye casos de 1952 a la fecha, aclaró.
De ese universo, dijo, el 66 por ciento, es decir, 262 mil 111 personas ya han sido localizadas; y de ellas, 92 por ciento, 240 mil 211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito.
De las 132 mil 534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas: 2 mil 356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Estas desapariciones en su mayoría tienen que ver con la guerra sucia, aseveró.
Por otro lado, se dijo que de 2006 a la fecha, hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas. De este total, y derivado del análisis que llevaron a cabo durante los últimos meses, el gobierno de México diferenció tres distintos grupos:
El primer grupo de registro en la plataforma corresponde a 46 mil 742, que corresponde al 36 por ciento del total que no tienen datos completos. Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aun así, se mantienen el registro.
El segundo grupo está compuesto por 40 mil 308 registros [31 por ciento] que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos: matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.
El tercer grupo, de 43 mil 128 casos, el 33 por ciento del total corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos, no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición, afirmaron en la Mañanera.
En resumen. Indicaron que de los registros de 2006 a 2026: 46 mil 742, el 36 por ciento del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda.
Solo 40 mil 308, el 31 por ciento del total, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición, y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización.
Hasta el momento 43 mil 128 registros, el 33 por ciento del total, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación.
Por lo que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.
Esta organización promotora de derechos humanos se dijo preocupada que de 46 mil registros de “datos insuficientes”, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias, porque las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda.
Además, el Centro Pro mencionó que solo reconocer solo 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.
Por lo que señalan que frente a una desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales.
Por su parte, organizaciones en conjunto: el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Data Cívica, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD; Elementa; IBERO; Justicia Pro Persona; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, IMDHD, Voces Mesoamericanas; Globla Exchange y Serapaz firmaron un documento en el que rechazan este trabajo desempeñado por el Gobierno de México en cuanto al registro de personas desaparecidas en el país y señalaron «la trampa de la obligatoriedad» que detallaron esta mañana en Presidencia.
Esto, lo señalaron porque supuestamente partir de ahora, las Fiscalías estarán «obligadas» a abrir carpetas de investigación por desaparición, por eso necesitaron aclarar que eso no es nuevo, ya que existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017.
Afirmaron que esto ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar.
«Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional». Afirmaron.
Las organizaciones también advirtieron de afirmaciones vertida como que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión. Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado.
Además, afirmaron que en un país donde la cifra negra oculta (delitos no denunciados) alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad.
Expusieron que el número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas. El RNPDNO reporta hoy más de 132 mil desapariciones, una cifra que es resultado de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda.
