México es un país de contrastes. Tenemos mucho que celebrar pero también mucho que lamentar.
Llevamos al menos un año orgullosas por ver llegar a más mujeres a diversos espacios públicos antes reservados solo para hombres. Incluso hoy, presenciar un foro solo de hombres causa cierta sospecha. “Hay que feminizar a la Conagua”, dijo la presidenta al notar a los expositores, todos hombres, de la Comisión Nacional del Agua, durante la conferencia Mañanera.
Pero ver más mujeres, no siempre sugiere avances, la mayoría de las veces su presencia está acompañada de noticias que nos llevan complejizar situaciones. Otras veces, ellas están presentes con ideas conservadoras que pretenden el retroceso de nuestros derechos o por noticias que confirman los retos para lograr la igualdad.
Por ejemplo, hoy tenemos 13 gobernadoras cuyos estados destacan por la vulnerabilidad, la impunidad y el negacionismo.
En Veracruz, estado marcado al menos en el último mes por los derrames petroleros, Rocío Nahle, su gobernadora, minimiza los hechos y se niega a reconocer las afectaciones no solo a las 39 localidades que alcanzan los 230 kilómetros del litoral, a las comunidades que habitan el Golfo de México, a la salud de las mujeres, niñas y niños, si no a las actividades económicas que dependen de la pesca, el daño al océano y al planeta.
Este estado ocupa el lugar número 8 entre los más altos índices de violencia contra mujeres periodistas (CIMAC, Informe anual, 2025). Hoy 30 de marzo se cumplen 6 años del asesinato de la periodista veracruzana María Elena Ferral Hernández, quien acompañaba periodísticamente a colectivos de personas desaparecidas y a víctimas de violencia de género.
En Aguascalientes, en el gobierno de Tere Jiménez, la 64 legislatura local aprobó la conmemoración del 25 de marzo como el “Día de la Niña y el Niño por Nacer” en una muestra de ignorancia, desinformación y estrategia anti-derechos que, bajo el argumento del cuidado al embarazo, impida el acceso al aborto.
En agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la despenalización del aborto en esta entidad, lo que orilló al Congreso local a despenalizarlo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, en agosto del 2024 la Legislatura avaló una reforma al Código Penal estatal que redujo el plazo legal para la interrupción del embarazo a 6 semanas de gestación. Desde entonces se ha suspendido la discusión en el Congreso local de la gobernadora quien se ha declarado abiertamente contra el aborto.
Aguascalientes es el estado número 10 entre los más altos índices de violencia contra mujeres periodistas (CIMAC, Informe anual, 2025).
Reconocemos la labor de defensa de derechos humanos de las mujeres, de las madres que han tenido que hacerse de herramientas legales para exigir sus derechos, plantarse frente a las autoridades y exigir justicia. Sin embargo, ninguna de ellas tendría que realizar las tareas que corresponden a las instituciones.
La semana pasada una mujer se volvió muy mediática, tristemente por el hallazgo de los restos óseos de su hijo, la buscadora Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras. Por esta labor vive en riesgo que la ha obligado a desplazarse y ser beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Cecilia Flores es una madre buscadora de sus dos hijos: Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido en Los Mochis, Sinaloa, el 30 de octubre de 2015 y Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019. La semana pasada encontró a Marco Antonio.
Otras mujeres en búsqueda de justicia son las madres de víctimas de feminicidio. El feminicidio está tipificado desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal desde 2012. Tenemos Alertas de Violencia de Género ineficaces y casos sin seguimiento que evidencian las deficiencias en las investigaciones y con ello, la falta de acceso a la justicia y la reparación del daño.
México tiene cuatro sentencias por casos de feminicidio: Campo Algodonero (2009), Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio (2025) y García Andrade (2026) las cuales demostraron que las leyes no se aplican, las instituciones no funcionan y las autoridades las desconocen. Las sentencias ordenan: debida diligencia, fortalecimiento institucional, independencia pericial, protección a víctimas y testigos, protección a madres y padres buscadores.
A pesar de este robusto sistema normativo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy, presentaron una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, la cual contempla penas más severas, de hasta 70 años de prisión, así como la tipificación más clara del delito.
De acuerdo con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, no faltan leyes, falta que las instituciones funcionen. “La nueva ley propone investigar mejor, reparar el daño y proteger a las víctimas, pero eso ya estaba en la ley, ya es una obligación del Estado”.
Para otras organizaciones esta es una oportunidad para abrir el proceso antes de su aprobación, con participación de organizaciones, colectivas y familias, reconociendo el papel que ha tenido la sociedad civil en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente.
Las mujeres en espacios de poder tienen hoy una gran oportunidad para frenar las políticas que pretenden quitarnos derechos y libertades, pero también para sumar a otras mujeres en la construcción de las políticas que nos implican a todas.
