Ciudad de México.- El pasado 31 de mazo, se confirmó que la mujer buscadora Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos en Guanajuato, fue encontrada sin vida y con signos de violencia después de reportarse desaparecida desde el 14 de marzo.
Cecilia se convirtió en una mujer buscadora de su hermano Miguel Ángel desaparecido en 2021 y fue hasta el 2025 cuando pudo localizarlo sin vida, desde entonces acompañaba a otras familias quienes buscan a sus seres queridos durante las jornadas de búsqueda.
Fue en marzo que Cecilia fue privada de su libertad en su domicilio ubicado en la comunidad de Valtierra en el municipio de Salamanca. Cuatro días después, el 18 de marzo, las autoridades localizaron dos cuerpos en la comunidad de Puerto del Valle y días más tarde se confirmó que uno de ellos era la buscadora.
Datos de Artículo 19 muestran que el 2025 fue el año más peligroso para las personas buscadoras, principalmente mujeres. De 2010 a la fecha la organización documentó 43 agresiones de las cuales 25 fueron dirigidas contra las mujeres. Además, se registraron 22 casos de feminicidio y 3 desapariciones de mujeres buscadoras.
Organizaciones como IM-Defensoras expusieron que durante el sexenio de Claudia Sheinbaum 55 defensoras del derecho a la verdad fueron agredidas, de ellas el 67% fueron buscadoras de personas desaparecidas quienes representan una de las figuras más incomodas para el Gobierno de México.
En México, buscar a un familiar desaparecido se convirtió en una actividad de alto riesgo de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional. En su informe «Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México» la organización destaca que el 97% de las mujeres buscadoras refieren haber enfrentado violencia por su labor.
Son las mujeres —en su mayoría madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías, abuelas y esposas— en quienes recae la labor de búsqueda de personas desaparecidas tanto en América Latina como en México, por ello, el tipo de violencia que reciben es diferente por su género.
De acuerdo con IM-Defensoras, el feminicidio de la mujer buscadora Cecilia refleja la situación que atraviesan las familias en México, así como la fortaleza de las mujeres quienes desde distintos territorios sostienen los procesos de búsqueda y acompañamiento en contextos complejos. Ante este panorama, instaron a las autoridades a continuar las investigaciones sobre su asesinato.
«Asimismo, reprobamos las campañas de desprestigio y difamación que han surgido en contra de Cecilia tras su asesinato, así como los impactos que esta violencia genera en su memoria, en su familia y en las personas que le acompañaban. Consideramos fundamental que se respete su dignidad y su trayectoria como buscadora. Nos solidarizamos con su familia, con sus compañeras de colectivo y con todas las personas que hoy enfrentan la ausencia de un ser querido» -IM-Defensoras.
Radiografía de las mujeres buscadoras
De acuerdo del informe de Amnistía Internacional, de un total de 521 mujeres buscadoras encuestadas por la organización, el 97% refirió haber enfrentado violencia por su labor, sobre todo de entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Entre las afectaciones reportadas por estas mujeres buscadoras se encuentran diversos derechos como la vida (amenazas); a la integridad (secuestros, ataques físicos), a la circulación y residencia (desplazamiento interno); a la igualdad y no discriminación; así como a derechos económicos, sociales y culturales (problemas de salud y empobrecimiento).
Del total de mujeres entrevistadas, 295 buscadoras indicaron haber recibido amenazas verbales o por escrito, 179 fueron violentadas en redes sociales y 178 fueron acosadas por autoridades. Por otro lado, 94 reportaron haber sido víctimas de lesiones o ataques físicos, 66 mencionaron haber sufrido tortura y 39 vivieron algún secuestro. A esto se suma que 261 reportaron vivir extorsión y 206 corrupción.
En cuando a la discriminación, las mujeres buscadoras se enfrentan a barreras estructurales que obstaculizan su labor, como el racismo, el patriarcado y la discriminación. Esto genera otros tipos de violencia por razón de género. De esta manera, el 239 de las encuestadas reportó haber sido discriminada. Además, 225 de ellas cree que esa discriminación fue por ser mujeres.
A esto se suma la económica y estructural. La primera porque las personas servidoras públicas suelen actuar más rápido cuando se trata de una víctima con mayores recursos económicos y la segunda, por la discriminación estructural que enfrentan indígenas con altos índices de pobreza, lo que genera un impacto negativo en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Por otro lado, estas mujeres reportaron que las autoridades suelen culpar a las víctimas, insinuando que la desaparición está vinculada con actividades relacionadas al crimen organizado. Incluso las familias buscadoras son estigmatizadas, 362 de las mujeres manifestó haber sufrido revictimización cuando las autoridades les solicitaron relatar el momento de desaparición de la persona que buscan, 379 perdió amistades y el 374 tuvo un deterioro en sus relaciones familiares.
A raíz de las violencias a las que se enfrentan, algunas mujeres buscadoras tuvieron que llevar a cabo un desplazamiento forzado: 180 buscadoras se cambiaron de casa; 158 se mudaron a otro lugar dentro de su entidad; y 123 se fueron a otra entidad. Esto provocó que perdieran sus trabajos remunerativos, complicaciones para acceder a servicios de salud o de educación para niños y niñas y estigmatización por haber tenido que dejar su lugar de origen. Sin embargo, también les fue difícil regresar a su labor de búsqueda.
Las mujeres buscadoras suelen ser criminalizadas en México con el fin de obstaculizar, impedir o castigar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Por ejemplo, se han documentado casos donde las mujeres son responsabilizadas en las carpetas de investigación por la desaparición de su familiar o ser acusadas falsamente por delitos como portar armas y vender drogas.
Entre las diversas afectaciones a la salud tanto físicas como mentales por la desaparición de su familiar y por la labor de búsqueda, reportaron vivir con: colitis, gastritis, diabetes, problemas de presión, afectaciones a la tiroides, incluido el hipertiroidismo, tumores, cáncer, problemas cardiacos, enfermedades degenerativas, resequedad, infecciones, problemas en los dientes, bruxismo, problemas de huesos y parálisis facial. Incluso, una mujer buscadora mencionó haber tenido desprendimiento de retina ocasionado por el llanto constante.
Durante las labores de búsqueda, mujeres reportaron estar expuestas a condiciones meteorológicas y geográficas aversas, lo que las pone en riesgo de adquirir o agravar enfermedades por la exposición al sol, caminan en terrenos insalubles donde tienen la posibilidad de adquirir hongos, tienen el riesgo de caerse o resbalarse en los terrenos en donde se hacen las búsquedas.
En relación con las afectaciones a la salud mental, las principales reportadas por las mujeres buscadoras fueron depresión, estrés, problemas de nervios y ansiedad; tristeza, apatía; sentimientos de culpa, pensamientos suicidas e intentos de suicidio. Adicionalmente, hubo cambios en el sueño, insomnio, cambios en el peso (subidas y bajadas), temblores y problemas de memoria y en el caso de infancias se mencionaron problemas de lenguaje.
Finalmente, las mujeres también se enfrentan al empobrecimiento: 433 buscadoras perdieron recursos económicos; 146 se quedaron sin trabajo tras la desaparición; 412 trabajan en el autoempleo u opciones flexibles como el comercio, 42 preparan comida en restaurantes o puestos de comida, 32 son trabajadoras del hogar; 18 mencionaron que tiene dos o más trabajos; y 151 perdieron su vivienda.
El camino que han recorrido las mujeres buscadoras está lleno de impunidad ante la falta de avances en sus casos (en la investigación y búsqueda), por lo que, constantemente deben impugnar sus casos para que estos no sean archivados o cerrados.
