Ciudad de México.- Tras la llegada de grupos criminales del narcotráfico en la Sierra Tarahumara en Chihuahua diversas comunidades y pueblos originarios han tenido que desplazarse de su lugar de origen, siendo las mujeres las más afectadas ante la carga del trabajo de cuidados que enfrentan al movilizarse con toda la familia; sin embargo, hoy no solo son víctimas ataques directos, sino abandono institucional de los tres niveles de gobierno, según denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
La Sierra Tarahumara es un espacio que alberga a una población de 262 mil 533 habitantes y 135 mil 702 habitantes de los pueblos Rarámuli, Ódami (Tepehuanes), Oichkama(Pimas) y Warijó, según señala el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al contar con ecosistemas variados y ser rico en recursos naturales, provoca que el territorio sea perseguido por intereses privados accionado el desplazamiento forzado de estas comunidades.
Según apuntó Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de las y los desplazados internos, en su informe preliminar, en México son más las mujeres que los hombres en situación de desplazamiento forzado. La gran mayoría de ellas se convierten en las encargadas de las labores de cuidado, ya que se movilizan con toda la familia.
De acuerdo con las organizaciones, quienes acompañan a pueblos y comunidades indígenas en defensa de su territorio en la Sierra Tarahumara, la «guerra contra el narcotráfico», un episodio histórico en México decretado por el expresidente Felipe Calderón, no solo ocasionó la militarización en el país, sino el aumento del crimen organizado en esos territorios vulnerando la seguridad de las y los chihuahuenses.
A partir de ahí, denunciaron que han surgido ataques directos, amenazas y peleas por el control del territorio entre los grupos criminales, lo que impidió que las comunidades pudieran desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad, así como alcanzar derechos básicos como la educación, salud y alimentación.
Las organizaciones defensoras del territorio y derechos humanos, acusaron que la población también se ha visto afectada de forma estructural, ya que las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno abandonaron a estas comunidades ignorando sus necesidades, negando la violencia ocasionada por el crimen organizado y criminalizando a las víctimas desestimando las violencias que viven cada día.
«Las y los gobernantes de los tres niveles han hecho caso omiso de las solicitudes y llamados que las organizaciones civiles hemos realizado para dialogar sobre la problemática, ofrecer perspectivas y análisis especializados, así como la voluntad de colaboración para atender el tema.» -organizaciones de la sociedad civil.
La situación de violencia en la Sierra Tarahumara en Chihuahua ha ocasionado casos de desplazamiento forzado de forma generalizada. Las organizaciones de la sociedad civil identificaron que Guadalupe y Calvo son las zonas donde más se vive dicha violencia debido a la disputa territorial de los grupos criminales y frente a ellas alertaron que no existe una estrategia de seguridad entre las instituciones públicas.
Quienes alertaron esta situación fueron la Casa del Migrante Saltillo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Consultoría Técnica Comunitaria A.C., la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), así como la Alianza Sierra Madre A.C.
Las y los defensores de la sociedad civil explicaron que los casos de desplazamiento en masa ocurridos en la Sierra Tarahumara que se muestran en medios de comunicación no son los únicos documentados debido a que esta problemática ocurre de forma silenciosa y que se trata de una violación grave de los derechos humanos, por lo que el Estado mexicano debe actuar con los mecanismos a su alcance para garantizar la protección de las comunidades.
Uno de los casos más mediáticos fue el de las mujeres rarámuris de las Coloradas de la Virgen el cual fue acompañado por la Alianza Sierra Madre (ASMAC) en conjunto con el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDEHM). En febrero de 2024 ganaron un amparo contra el Estado mexicano para poder regresar a la Sierra Tarahumara luego de ser desplazadas desde el 2018 ante intereses mineros.
Desde el momento en que las familias fueron desplazadas tuvieron que quedarse en refugios en condiciones de hacinamiento, por lo que también solicitaron a las autoridades estatales y federales cumplir con el plan de protección para garantizarles asistencia humanitaria, derechos sociales y medidas estructurales.
Algunos de los retos para las mujeres rarámuris han sido frenar la trasmisión de conocimientos ancestrales -como el idioma, las tradiciones y los rituales- a las generaciones más jóvenes, una labor que, por costumbre, recae sobre ellas al encargarse del trabajo de cuidados. La interrupción de esta tarea se dio gracias a que tuvieron que integrarse al mercado laboral a través de otras formas de empleo que aprendieron a desarrollar.
Para las mujeres de la comunidad, enfrentarse a las reubicaciones en estas condiciones ha sido complicado, ya que sufren de una doble discriminación: por su género y por pertenecer a una comunidad indígena.
En diciembre de 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que el censo nacional de personas desplazadas por la inseguridad pública y la violencia en México ya había superado los 264 mil 400 registros entre 2015 y 2020. La Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) del INEGI, estimó que en más de 320 mil hogares hubo un cambio de residencia en este periodo, representando un aumento del 40% frente a los años anteriores.
Los estados en donde se han dado el mayor número de desplazamientos masivos entre agosto de 2024 son: Chiapas con mil 500 personas, Michoacán con 660 personas, Sinaloa con 650 personas (principalmente de personas indígenas), Michoacán con 660 personas y Chihuahua con 300 personas.
En este último, el desplazamiento sucedió desde cuatro pueblos del municipio de Guadalupe y Calvo. La población se vio obligada a huir a Sinaloa, el norte de México y otros permanecieron en escuelas locales durante una semana, según reportó ACNUR.
«Día a día, arrebatan a familias su patrimonio, su seguridad y, en muchos casos, la vida misma. La gente sale de las comunidades en donde la violencia continúa, cargando a veces solo con el miedo, pero también con la fortaleza de sobrevivir y proteger a sus seres amados» -organizaciones de la sociedad civil.
Ante este panorama, solicitaron al Gobierno de la República, al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Gobierno Municipal de Guadalupe y Calvo información actualizada sobre la situación que se vive en la Sierra Tarahumara y los desplazamientos forzados internos, escuchar a las comunidades desplazadas y que están en riesgo de desplazamiento, así como una reunión entre las organizaciones junto a la Secretaría de Gobernación y el Subsecretario de Derechos Humanos de la misma Secretaría.
