La Ciudad de México se distingue por ser una de las urbes más diversas del país, al concentrar personas con distintos orígenes, culturas, creencias e ideas. En los últimos años, se ha consolidado como un espacio de origen, tránsito, permanencia y retorno para personas en contextos de movilidad, quienes forman parte activa de la vida económica, social, política y comunitaria de la capital. Este cambio en la dinámica migratoria hace necesario actualizar el marco normativo local, entendiendo que las leyes no son estáticas sino deben adaptarse para responder a los retos actuales y fortalecer la protección de derechos.
Actualmente, el Congreso de la Ciudad de México analiza diversas iniciativas orientadas a sustituir la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana vigente por nuevos marcos jurídicos en esta materia. Estas propuestas contemplan la creación de una instancia con presupuesto, capacidades técnicas e institucionalidad suficiente para diseñar e implementar políticas de atención humanitaria y acceso efectivo a derechos.
Este proceso abre la posibilidad de avanzar hacia un marco más progresista, que recupere y fortalezca los avances existentes, como la creación de la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana prevista en la legislación actual, así como los principios establecidos en la Constitución local, que reconoce el carácter intercultural, plurilingüe y pluricultural de la ciudad.
Esta discusión ocurre en un contexto de creciente demanda: tan solo en 2025 se contabilizaron 23 mil 842 solicitudes de asilo, de las cuales el 46.7% (11,132) correspondieron a mujeres y 55.5% (13,231) a hombres, posicionando a la ciudad como el segundo destino nacional.
A ello se suman los efectos de políticas migratorias recientes de Estados Unidos que han limitado las vías regulares de acceso a dicho país y obligando a miles de personas a asentarse en la Ciudad de México, muchas de ellas están en situaciones de irregularidad migratoria la cual las deja en condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, la ciudad recibe un flujo importante de personas retornadas forzadas y deportadas, muchas de las cuales llegan a puntos como la Central de Autobuses del Norte y buscan establecerse debido a las oportunidades disponibles. Su reintegración requiere un enfoque integral, incluso binacional, que facilite su inclusión social, económica y cultural.
La población en movilidad humana en la Ciudad de México es diversa y enfrenta riesgos diferenciados. Incluye niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, indígenas y afrodescendientes, mayores, con discapacidad, víctimas de violencia y trata, así como de la diversidad sexual.
Desde 2023 se ha incrementado la presencia de asentamientos informales o campamentos, donde estas poblaciones viven en condiciones de precariedad y enfrentan riesgos como discriminación, extorsión y diversas formas de violencia. Esta situación también ha generado tensiones con las comunidades de acogida, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas que promuevan la cohesión social y prevengan la xenofobia.
Asimismo, la ciudad enfrenta dinámicas relevantes de desplazamiento interno. De acuerdo con el Censo de Población de 2020, 54 mil 626 personas (20.8% del total nacional) fueron desplazadas desde la Ciudad de México por motivos de inseguridad, lo que la posiciona como uno de los principales lugares de origen. Al mismo tiempo, también figura como un destino importante para personas desplazadas por violencia y desastres climáticos, reflejando la complejidad de los movimientos poblacionales en su territorio.
De manera paralela, la Ciudad de México refleja contrastes importantes: junto a estas condiciones de vulnerabilidad, también residen personas extranjeras con altos niveles adquisitivos, incluidas aquellas que realizan trabajo remoto temporal desde países del Norte Global y que cuentan con mayores oportunidades para establecerse, lo que da cuenta de la heterogeneidad de los perfiles en movilidad y de la desigualdad en el acceso a derechos.
En este contexto, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) buscamos incidir en el proceso legislativo para asegurar que el nuevo marco normativo incorpore los principios de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad y el interés superior de la niñez.
A partir de nuestro acompañamiento a mujeres y niñas migrantes y refugiadas, identificamos como prioritario incluir en el nuevo marco normativo: el acceso efectivo —no solo formal— a derechos mediante la eliminación de barreras administrativas; fortalecer el papel de las alcaldías en la atención, canalización e integración social; y establecer mecanismos obligatorios de identificación temprana de necesidades de protección para poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Es fundamental precisar que el Padrón de Huéspedes y Personas Migrantes en Retorno debe ser un derecho y un instrumento accesible, gratuito y no condicionante para el acceso a servicios.
También se recomienda incorporar la obligación de desarrollar políticas de cohesión social que promuevan el diálogo intercultural y la transformación de conflictos entre comunidades de acogida y poblaciones en movilidad, así como fortalecer la gobernanza estatal mediante una fuerte Comisión interinstitucional de movilidad humana con participación de instancias con competencia en la materia y que tenga carácter participativo, que incluya a sociedad civil y personas en movilidad. Todo ello debe acompañarse de un anexo presupuestario que garantice su implementación, así como de un modelo de atención metropolitano, eficiente y multiactor.
La discusión legislativa en el Congreso de la Ciudad de México representa una oportunidad clave para construir un marco normativo más justo, incluyente, con perspectiva de género y eficaz. Para ello, es fundamental que el proceso sea amplio y participativo, incorporando las voces de organizaciones y de las propias personas en movilidad.
La actualización de esta legislación es una oportunidad para posicionar a la ciudad como un referente en hospitalidad y derechos humanos, en un contexto nacional marcado por políticas restrictivas, y contribuir a transformar el enfoque actual hacia uno centrado en la dignidad y la hospitalidad.
