Ciudad de México.- Esta semana terminará el periodo legislativo y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados mantiene pendiente la revisión de 65 iniciativas de las 80 presentadas desde que inició la LXVI Legislatura en 2024, así como 29 iniciativas pendientes de 31 presentadas por Comisiones Unidas, a esto se suma que su presidenta, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández se encuentra de licencia por tiempo indefinido.
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, entre las propuestas sin dictaminar se encuentran temas prioritarios impulsados de manera reiterada por el movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. Uno de ellos es el feminicidio en México, para lo cual se presentó una iniciativa que busca crear un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con el objetivo de diseñar políticas públicas y restituir sus derechos.
Estas leyes podrían retomarse hasta que inicie el próximo periodo legislativo el 1 de septiembre de 2026.
Leyes Pendientes
Una ley que queda pendiente es: el Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por Laura Ivonne Ruíz Moreno del PRI el 3 de diciembre del 2024.
Intenta incluir a las mujeres víctimas de violencia en los recursos presupuestales destinados al combate de la violencia de género; actualizar indicadores para medir el impacto de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM); crear mecanismos de seguimiento a través del Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los individuos y de la sociedad; y establecer un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, con control detallado y en tiempo real, esta medidas también contemplan recursos para el acondicionamiento de vivienda.
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de armonización legislativa. Fue presentada el 12 de febrero del 2025 en la que se intenta instaurar la normatividad de la Secretaría de las Mujeres a fin de dar certeza jurídica al suprimir del léxico legal al extinto Instituto Nacional de las Mujeres. Fue presentada por la legisladora María Guadalupe Morales Rubio de MORENA, el 18 de febrero del 2025.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue presentada el 18 de febrero del 2025 por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia.
Esta ley considerará violencia política contra las mujeres; la generación y difusión de campañas difamatorias, la manipulación de información y la creación de cuentas falsas en redes sociales para suplantar identidades o engañar a la opinión pública, así como alterar y propagar imágenes o audios generados o modificados mediante inteligencia artificial, o emplear datos o declaraciones sacadas de contexto.
Así como establecer que, el sicariato digital será reconocido como una forma de violencia digital, comprendiendo todas aquellas acciones ejecutadas directa o indirectamente que impliquen la creación de perfiles falsos en redes sociales, la difusión de campañas de desprestigio, la sustracción y manipulación de datos personales, o la usurpación de identidad de una mujer, con el objeto de calumniar, intimidar o generar temor, valiéndose de tecnologías de la información, plataformas digitales, redes sociales o inteligencia artificial.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 25 de febrero del 2025 por Liliana Ortiz Pérez del PAN, la cual busca ampliar la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres precandidatas.
Proyecto de decreto que adiciona un artículo 16 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de acecho. Presentada por el Partido Verde Ecologista de México, que permitirá incorporar al acecho como una modalidad de violencia de género, que comprende cualquier conducta de vigilancia, seguimiento, persecución o comunicación, en dos o más ocasiones, sin consentimiento de la mujer, ya sea de manera presencial o mediante el uso de medios digitales o tecnológicos, que tenga como resultado generar miedo, angustia, inseguridad o un menoscabo en su integridad psicológica, emocional, física o patrimonial; y regular sus sanciones, penas, agravantes e incumplimiento de medidas cautelares aplicables.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de la alerta de violencia de género. Presentada por Anayeli Muñoz Moreno de Movimiento Ciudadano,
La cual permitiría agregar un conjunto integral y homologado de indicadores, los cuales deben actualizarse constantemente, con el fin de medir y evaluar el impacto de las acciones implementadas en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Definir cuáles son los indicadores. Indicar cuáles serán las garantías que tendrá el sistema de monitoreo.
Existen otras propuestas enfocadas en programas públicos. Por ejemplo, se plantea que los Centros de Justicia para las Mujeres brinden servicios orientados a la protección y restitución de derechos; que los recursos asignados al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no sean inferiores a los del ejercicio fiscal anterior. Lo mismo se propone para la asignación presupuestal destinada a la Política Nacional en Materia de Igualdad. Además, se busca incorporar capacitación periódica y especializada dentro del Programa Integral.
Respecto a las mujeres indígenas y afromexicanas, las iniciativas proponen que el gobierno federal implemente campañas de concientización culturalmente pertinentes para estos sectores y visibilice todas las formas de violencia que enfrentan. También plantean que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulse programas de autonomía financiera y fortalecimiento económico para mujeres rurales y ejidatarias; garantizar la disponibilidad de intérpretes y traductoras en los procesos de denuncia; y definir la cohabitación forzada como una forma de violencia ejercida por personas o grupos del entorno social o comunitario de la víctima.
En materia de otras violencias, varias iniciativas se concentran en el ámbito digital. Se contabilizan alrededor de 11 propuestas orientadas a prevenir agresiones en plataformas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, sancionar la violencia digital generada mediante inteligencia artificial, otorgar medidas de protección en casos de violencia digital o mediática, incorporarla como tipo de violencia en el artículo 6 de la Ley General de Acceso, reconocer el daño económico que provoca, añadir el ciberacoso y contemplar estas conductas dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres (PIPASEVM).
Asimismo, se propone incorporar la violencia simbólica y el acecho como modalidades de violencia en la Ley de Acceso; ampliar la protección de los derechos políticos de mujeres precandidatas; y precisar que las opiniones o críticas sobre el desempeño de una funcionaria pública no sean sancionadas automáticamente como violencia política de género.
Otras propuestas buscan establecer la obligación del Estado de erradicar la violencia contra las mujeres en el espacio público, añadir un capítulo sobre violencia obstétrica en la Ley de Acceso para detallar las violencias institucionales en el ámbito de la salud e incorporarla como una modalidad específica de violencia contra las mujeres.
Finalmente, también se plantea fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia laboral y expedir un nuevo ordenamiento jurídico que contemple medidas específicas para garantizar la igualdad salarial.
Sustituir el término de violencia a través de la persona interpósita por la de violencia vicaria; garantizar acceso inmediato a un servicio de transporte para víctimas de cualquier tipo de agresión para que presente su denuncia, contar que espacios seguros libres de violencia en municipios con una población menor de 20 mil habitantes; disponer de un centro de atención telefónica para brindar servicio jurídico, psicológico y médico a mujeres víctimas de violencia; o entregar dispositivos de alarma personal a mujeres en situación de riesgo con respuesta inmediata.
Distintas propuestas en enfocan en temas como definir la violencia estética e incluirla en la Ley de Acceso y considerarla como violencia institucional en el marco de certámenes de belleza o eventos de carácter estético. A estas se suman crear un nuevo ordenamiento jurídico para prevenir la no discriminación, y erradicación de los estereotipos, e incluir el respeto a la dignidad humana de las mujeres, así como adicionar la violencia ácida como tipo penal de violencia contra las mujeres.
Añadir la definición de nuevas masculinidades en la Ley General para la Igualdad para eliminar estereotipos de género; que la Secretaría de Educación implemente programas de estudio con perspectiva sexual integral y de gestión menstrual; incluir la prohibición del uso de la imagen, voz, nombre o representación simbólica de las mujeres con discapacidad para propaganda política; y establecer que se deben adoptarán
Asimismo, se planteó reconocer como víctimas indirectas de feminicidio a familiares por consanguinidad o afinidad, como hijas e hijos, además de implementar protocolos de protección, activar de manera inmediata el Protocolo Nacional de Investigación del Feminicidio y garantizar información clara y oportuna sobre el avance de las indagatorias.
