La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios de su administración de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con “Los Chapitos”, la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en ese país.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no solo sacude a un estado históricamente marcado por la violencia: vuelve a poner en el centro una pregunta incómoda y persistente en México: ¿hasta dónde llegan los vínculos entre el poder político y el crimen organizado?
El gobernador fue acusado de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseerlas. Según la acusación, “Los Chapitos” lo habrían apoyado desde su candidatura al gobierno estatal, y Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con líderes del grupo delictivo, en las que habría prometido respaldo.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a cadena perpetua.
Durante la mañana del sábado, la legislatura sinaloense aprobó por unanimidad la licencia temporal por más de 30 días a Rubén Rocha Moya. El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Cabe señalar que el gobierno estadounidense ha señalado en numerosas ocasiones a Sinaloa, a excepción de Mazatlán y Los Mochis, como un estado que recomienda no visitar por su alta peligrosidad.
Bonilla Valverde se desempeñaba como secretaria general de Gobierno y fue propuesta para ocupar el cargo como gobernadora interina, como marca la ley, para que sea encargada de despacho durante el periodo que dure la ausencia del mandatario.
Pero el relevo no ocurre en un vacío. Bonilla llega en medio de una paradoja: fue minimizada públicamente por el propio Rocha Moya —quien la llamó “meserita de una lonchería”— y, sin embargo, hoy encarna la continuidad de su gobierno. Su ascenso, que también marca un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en gobernar Sinaloa, está inevitablemente ligado a la crisis que la precede.
En el mismo discurso, añadió que su llegada al Congreso se dio mediante una “tómbola” del partido Morena. Meses después, en octubre de 2025, Rocha Moya la designó como secretaria general de Gobierno, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese cargo en la entidad.
Bonilla es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Sinaloa (2021-2024), fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en 2023. También fue diputada local por Morena de la LXIII Legislatura, en el Congreso de Sinaloa (2018-2021).
Sinaloa es también el estado que concentra el 10 por ciento de los casos de feminicidio de todo el país posicionándose como el más riesgoso para ser mujer.
Entre los señalados también se encuentra el alcalde de Culiacán, la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil. En la ciudad más insegura para las mujeres, otra mujer, Ana Miriam Ramos, asume como alcaldesa sustituta. Ambas llegan al poder no como resultado de una transición planeada, sino como consecuencia de una ruptura: la caída política de una administración bajo sospecha.
También Ana Miriam Ramos tomó protesta como alcaldesa sustituta de Culiacán. Antes de asumir este cargo provisional, Ana Miriam se desempeñaba como síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, una figura clave para la fiscalización interna y la rendición de cuentas del municipio.
Ana Miriam Ramos Villarreal es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Univer del Pacífico, fue directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán y, síndica procuradora del Ayuntamiento (2024-2025).
Los señalamientos a Moya, como secretos a voces, obligan a llegar a Ana Miriam y Yeraldine como nuevas encargadas de gobernar la ciudad y el estado que se presumen como los más peligrosos debido a la activa presencia de grupos criminales, con impactos particulares para las sinaloenses.
Aunque el registro nacional de violencia política contra las mujeres en razón de género no refiere casos de este estado, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Sinaloa, refiere que entre 2020 y 2025 se promovieron 52 denuncias por este tipo de violencia, un riesgo particular para Ramos y Bonilla.
En este contexto, Ana Miriam Ramos y Yeraldine Bonilla enfrentan el reto de gobernar en un entorno de alta violencia, donde la presencia del crimen organizado sigue marcando la vida pública.
