Ciudad de México.- En este 2026 se cumplen 20 años de la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco en el estado de México, hechos que ocurrieron el 3 y 4 de mayo del 2006, tiempo en el que gobernaba el ex presidente Enrique Peña Nieto, un hecho que generó violaciones sistemáticas a derechos humanos contra ese pueblo de floricultores y un caso emblemático conocido a nivel mundial el cual está a la espera de justicia, verdad y dignidad para las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante aquel operativo y avances en el acuerdo reparatorio.
Es necesario precisar que estos hechos no fueron perpetrados solamente contra estas 11 mujeres, fueron casi 50 mujeres quienes enfrentaron esta tortura sexual, pero decidieron no continuar con la denuncia ante el Sistema Interamericano.
Quienes siguieron el caso ante el Sistema Interamericano son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
En este 2026, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña el caso, denunció «indolencia» del Estado mexicano y estancamiento en el acuerdo reparatorio tras el fallo contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cual fue hace ocho años.
Fue un 28 de noviembre de 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las 11 mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
La Corte IDH ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres. Acciones que tampoco han sido cumplidas.
Hasta ahora las sobrevivientes no tienen acceso a la atención médica y psicológica y la adecuada implementación de garantías de no repetición, esto fue compartido ante una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento ante la Corte IDH.
Además de implementar las medidas reparatorias, el Estado mexicano no ha coordinado a las instituciones responsables de hacer cumplir la sentencia de la Corte IDH como la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Guardia Nacional.
Tras la sentencia de la Corte IDH, el caso Atenco no cuenta con avances en la investigación. Frente a la falta de trabajo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), las sobrevivientes interpusieron acciones legales en el fuero local y federal. Centro Prodh señala que no hay un plan sobre el operativo en su conjunto que investigue a toda la cadena de mando, por lo que la impunidad persiste.
Recordemos que la Corte Interamericana también ordenó al Estado mexicano una investigación para esclarecer los hechos en un «plazo razonable» y sancionar los distintos grados de responsabilidad, pero han transcurrido ocho años de esto.
A su vez, solicitó proporcionar medidas frente a las omisiones de los funcionarios estatales que negaron justicia en el caso y pedir la reparación integral a las sobrevivientes, fortalecer un mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, crear un observatorio de las fuerzas policiales a nivel federal y en el estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación.
A 20 años de la represión de Atenco el Estado mexicano no ha acatado las medidas de reparación y señalar a los responsables.
El Centro Prodh explica que la implementación del observatorio de uso de la fuerza se sigue negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual es «nulo» y que las medidas individuales de atención y rehabilitación no se cumplieron cabalmente.
«El Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza.» -Centro Prodh.
Los hechos
Recordemos que en aquel 2006 existía un conflicto entre el gobierno federal y pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco en el estado de México quienes luchaban por evitar la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México en esa zona.
La tensión escaló hasta el punto en que 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyaban a los floristas pero aquel 3 y 4 de mayo, las fuerzas del orden, irrumpieron con uso excesivo de la fuerza en los poblados y comenzaron las detenciones arbitrarias y las torturas.
Los mandos policiacos desplegados en los operativos aprovecharon la detención de 47 mujeres para cometer tortura sexual, físicas, amenazas contra ellas y sus familias. Un total de 26 mujeres detenidas en el Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) Santiaguito de Almoloya de Juaréz denunciaron violencia al ingresar al penal.
En dicho operativo de hace dos décadas, dos jóvenes perdieron la vida: Francisco Javier Cortés Santiago de 14 años y Ollin Alexis Benhumea de 20 años.
Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) documentaron las denuncias. Del total de autoridades desplegadas que participaron en los hechos, solo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, pero los dejaron en libertad junto con el policía condenado por delito no grave en contra de una de las mujeres agredidas de forma sexual.
Sheinbaum
Durante el 4 de mayo de este 2026, en la presentación del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a «nunca más» repetir otro episodio de represión como el que se vivió hace dos décadas en el estado de México.
Esta no es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se postula sobre los hecho de Atenco. Durante el 19° aniversario de la represión, se comprometió a retomar el Plan de Justicia para San Salvador Atenco propuesto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Parte de su estrategia consiste en la declarar el Área Natural Protegida para Atenco, devolver 54 hectáreas de tierra y entregar de 54.5 hectáreas de ejido a campesinas y campesinos.
Ante la magnitud de este episodio con violaciones a derechos humanos, la presidenta Sheinbaum se comprometió a que «nunca más» una policía o elemento de la Guardia Nacional reprimiría al pueblo de México, pero de nueva cuenta dejó de lado a las 11 mujeres que esperan que el Estado mexicano cumplan con las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.
7 fallos contra Estado mexicano y la violencia hacia mujeres persiste – cimacnoticias.com.mx
