El llamado de la jefa de gobierno a retomar el home office durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México se presenta como una medida ambiental y de movilidad. Menos traslados, menos emisiones, más orden urbano.
En el papel, parece una política progresista.
Pero hay una pregunta que no se está haciendo —y que es urgente—: ¿qué implica esta decisión para las mujeres que viven violencia dentro de sus hogares?
Diseñar políticas públicas como si todas las casas fueran espacios seguros no solo es un error: es una omisión grave.
El hogar, para miles de mujeres en México, no es un lugar seguro. Es el principal espacio donde ocurre la violencia. Así lo han mostrado durante años los datos sobre violencia familiar, y así lo confirmó con crudeza el confinamiento por COVID-19.
Durante ese periodo, desde la Red Nacional de Refugios registramos un incremento significativo en las solicitudes de apoyo y atenciones a mujeres, niñas y niños en situación de violencia. El encierro no protegió: aisló, incrementó el riesgo, dificultó el acceso a la ayuda y la justicia.
Hoy, frente a un evento masivo como el Mundial, se plantea nuevamente una lógica similar: permanecer en casa para facilitar la operación de la ciudad.
Pero el contexto no es menor. Los eventos deportivos de gran escala han mostrado un incremento en la violencia contra las mujeres. La combinación de consumo de alcohol, euforia colectiva y modelos de masculinidad que legitiman la agresión y el uso del cuerpo de las mujeres como descarga de frustraciones, no es un detalle cultural: es un factor de riesgo.
¿Y qué ocurre cuando a ese contexto se suma el confinamiento? Se traslada el riesgo al interior de los hogares.
Además, el home office no es una medida neutra, tiene impactos diferenciados.
Para muchas mujeres significa una ampliación de la jornada laboral: trabajo remunerado, trabajo doméstico y cuidados simultáneos. Significa menos tiempo propio, más exigencias invisibles y mayor desgaste emocional.
Una política pública que no reconoce estas desigualdades no es neutral: reproduce la carga histórica que han sostenido las mujeres. La sostenibilidad no puede construirse a costa de sus cuerpos.
A esto se suma un problema estructural: las políticas públicas no pueden seguir diseñándose sin la participación de organizaciones de la sociedad civil que llevamos años atendiendo y documentando la violencia.
Excluir estas voces no solo empobrece las decisiones, también las desconecta de la realidad.
No podemos construir políticas que simulan condiciones que no existen.
Reducir la ciudad a una lógica de “orden” o “eficiencia” para que funcione durante un evento internacional puede verse bien en el discurso, pero invisibiliza las desigualdades y los riesgos que viven miles de mujeres todos los días.
La pregunta no es solo cómo reducir emisiones durante el Mundial. La pregunta es cómo hacerlo sin aumentar los riesgos para las mujeres.
Porque no todas las casas son espacios seguros. Y diseñar políticas públicas como si lo fueran también es una forma de violencia institucional.
La seguridad de las mujeres no puede ser una variable secundaria en la planeación de la ciudad. Debe ser un eje central.
Incorporar una perspectiva feminista no es un añadido opcional: es una condición mínima para garantizar derechos.
De lo contrario, incluso las mejores intenciones pueden convertirse en decisiones que profundizan la desigualdad y el riesgo de violencia feminicida y sexual.
La sostenibilidad, la movilidad y la seguridad no son agendas separadas. Son, o deberían ser, parte de una misma conversación.
No se puede gobernar desde la simulación, ignorando la realidad de las mujeres.
