Ciudad de México.- Este 11 de mayo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) presentó el Informe sobre desapariciones en México y reafirmó que se trata de un fenómeno generalizado en el territorio mexicano, además, señaló deficiencias en cuanto a las medidas de prevención, persistencia de altos niveles de violencia, desconfianza en las autoridades y la falta en la investigación e identificación forense.
La presentación se llevó a cabo en el Museo de la Memoria y Tolerancia en presencia de Arturo Medina y Enrique Ochoa, funcionarios de derechos humanos del Gobierno de México; Bibiana Mendoza, vocera de la colectiva Hasta Encontrarte en Guanajuato y hermana buscadora de Manuel; así como Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También estuvieron presentes familias buscadoras quienes viajaron desde distintas partes del territorio mexicano para estar presentes en la tercera Velada por la Memoria el 9 de mayo en honor a las madres buscadoras asesinadas y la XIV Marcha por la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia” donde familias buscadoras que viajaron desde varias partes del país se congregaron para exigir al Estado mexicano aceptar el apoyo internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la crisis de desapariciones en el país.
Los hallazgos en datos
Al analizar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), el organismo internacional dio cuenta de la desaparición de más de 128 mil personas en México. A esto se suma, que existen más de 70 mil cuerpos no identificados bajo la custodia del Estado, por lo que, apuntaron, dichas cifras revelan una «grave situación» de la desaparición de personas y las dificultades para erradicar la práctica, así como la identificación humana.
En el universo de personas destacaron la desaparición de niños, hombres y jóvenes que son reclutados por el crimen organizado, mientras que las niñas, adolescentes y mujeres son víctima de violencia de género, trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo forzado. Sobre este último, la CIDH encontró que son las adolescentes de entre 15 a 19 años las que mayormente desaparecen y una de las tácticas utilizadas como engancharla suele ser el grooming a través de redes sociales, videojuegos o aplicaciones móviles.
Desde la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, la instancia internacional instó al Estado mexicano atender con debida diligencia las denuncias de desaparición de mujeres quienes se enfrentan a violencias de género. Incluso con la sentencia por el caso Campo Algodonero en 2009, se siguen reportando falencias en la búsqueda ante estereotipos de género que terminan por revictimizar a las víctimas.
A pesar de la existencia del Protocolo Alba con el cual se inició un proceso de implementación de este programa en 2021 a cargo de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el organismo internacional advirtió que la mayoría de las entidades federativas siguen esperando 72 horas para la búsqueda e investigación, también explicó que persisten retos para aplicar dicho protocolo.
Sobre personas defensoras, la CIDH halló que a junio de 2025 se reportó la desaparición de 17 personas defensoras, de ellas 13 son hombres y 4 son mujeres, los estados que concentran mayores registros son Sonora (4) y Michoacán (3). También se identificó que entre 2006 a 2023, 93 personas defensoras ambientales fueron víctimas de desaparición, 39 siguen sin ser localizadas, 36 se encontraron sin vida y solo 18 fueron encontradas con vida.
Respecto a personas periodistas, hasta abril del 2025 se reportaron 15 personas periodistas desaparecidas y no localizadas y 17 que sí fueron localizadas, los estados con mayor incidencia fueron Guerrero (8), Michoacán (5) y Veracruz (3). Solo el 12.5% de las personas comunicadoras fueron mujeres y el 87.5% fueron hombres. Los casos ocurrieron entre 2004 y 2025, pero fue el 2020 el año con mayor número de casos documentados.
Las deficiencias del Estado
La CIDH reconoció que las desapariciones en México ocurren desde décadas atrás a partir del episodio histórico conocido como «la guerra sucia», que ya fue aceptado por el propio Estado mexicano. Sin embargo, en la actualidad las desapariciones ocurren bajo contextos de crimen organizado y con la vinculación de agentes estatales, por ello, instaron al Estado mexicano a considerar sus políticas de prevención y juzgamiento.
El primer reto que el organismo internacional mencionó es la prevención de las desapariciones. Aunque el Estado mexicano reportó la adopción de una estrategia de seguridad ciudadana para atender las causas de violencia y articular acciones de seguridad, la Comisión solicitó que dicha estrategia fuera explícita y prioritario abordando las causas que generan este fenómeno de forma específica.
A esto se suman los problemas para investigar las desapariciones en la imposición de denuncias, conducción de diligencias y el impulso de las investigaciones, la formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados. Para la CIDH, el Estado debe plantear soluciones a la sobrecarga procesal que genera retrasos en las investigaciones.
De no atenderse, la etapa de investigación continuará afectando la falta de judicialización y el aumento en los niveles de impunidad, esto en razón de que los pocos casos que llegan al poder judicial presentan demoras e inconsistencias que provocan fallos inadecuados.
Por ello, la CIDH propuso que el Estado adopte medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción sobre la desaparición de personas.
En cuanto a la búsqueda, la CIDH reconoció que el trabajo de búsqueda recae en las familias y ante este escenario ve necesario reforzar las modalidades de protección del Estado a personas buscadoras ante los riesgos y violencia que enfrentan. Por su parte, aunque aplauden la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda en 2020, indicaron que falla la coordinación entre las entidades de búsqueda y procuración de justicia lo que ocasiona la falta uniforme de protocolos.
Sobre la identificación humana, el organismo indicó que los esfuerzos del Estado mexicano son «insuficientes», ya que estrategias como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense o el Centro Nacional de Identificación Humana cuentan con una efectividad limitada y se requiere su fortalecimiento, así como la aplicación del enfoque masivo de identificaciones.
Aunque la CIDH afirmó valorar la creación de la dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comparte la opinión de las organizaciones sobre la capacidad operativa y administrativa de las comisiones locales de atención a víctimas, así como de los prolongados tiempos de espera para acceder a apoyos destinados a necesidades inmediatas.
También observaron retos en relación con la entrega de información de las instituciones militares lo que alenta la determinación de los hechos, el acceso a la justicia y revictimiza a los familiares. Asimismo, se encuentran pendientes la creación e implementación de acciones de memoria por parte del Estado que den cuenta de la actual crisis de desaparición de
personas en México.
Reacción del Gobierno de México
El Gobierno de México celebró su participación en la presentación del informe de la Comisión y destacaron como aspecto positivo la reforma legislativa de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de la presidenta, la cual se asegura que fue realizada de la mano de las familias, cuando estas denunciaron en ese año que no se contempló sus perspectivas.
Durante la presentación del informe, el Gobierno de México se comprometió a continuará el diálogo con la CIDH y ampliar los programas de cooperación con agencias internacionales, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), para fortalecimiento las capacidades institucionales.
Entre las acciones del Estado mexicano que hoy operan destacaron la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda; la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición; la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la creación de la Plataforma Única de Identidad; la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas; el Banco Nacional de datos forenses; el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y de equipamiento; la obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas; y la garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
