Recientemente, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, reconoció en el Informe Anual 2025 que México enfrenta “un entorno adverso para la prensa”, marcado por asesinatos, desapariciones, amenazas, secuestros y estigmatización desde el poder público. A ello se suman altos niveles de impunidad y fallas estructurales en los mecanismos de protección, factores que generan miedo, autocensura y desprotección entre periodistas.
Dos fenómenos de violencia preocupan particularmente: el acoso judicial y el incremento de la violencia digital como ya lo advertimos en nuestro informe anual (CIMAC 2025).
Sin embargo, es necesario precisar que el género no constituye una violencia en sí misma, sino una marca que atraviesa y agrava las violencias existentes. La labor periodística enfrenta amenazas, campañas de desprestigio, asesinatos, desapariciones y múltiples formas de hostigamiento. Tanto hombres como mujeres periodistas pueden ser víctimas de estas agresiones. No obstante, en el caso de las mujeres, dichas violencias adquieren características específicas derivadas de la desigualdad estructural y de la violencia basada en género.
Las mujeres periodistas no solo reciben amenazas dirigidas contra ellas, sino también contra sus hijas e hijos; enfrentan campañas de desprestigio centradas en su vida sexual, familiar o afectiva; son víctimas de feminicidio y de agresiones atravesadas por prácticas de revictimización, cosificación y sexualización. La marca de género añade al riesgo inherente del ejercicio periodístico las expresiones particulares de violencia que padecen las mujeres en un país marcado por desigualdades históricas.
La Oficina del Relator ha señalado que las construcciones sociales de género y la discriminación histórica contra las mujeres influyen en los patrones persistentes de violencia hacia la prensa. Por ello, además de medidas preventivas y de protección, los Estados deben investigar y sancionar de manera efectiva todos los actos de violencia y discriminación de género contra mujeres periodistas.
La periodista Denise Dresser vivió acoso judicial y violencia digital. Como ella misma señaló: “Se silencia con procedimientos, formularios y la Mañanera”; vivimos tiempos en los que “puedes hablar, pero atente a las consecuencias”.
En el caso de Dresser, la marca de género se manifestó en amenazas dirigidas contra sus hijos y en campañas digitales de estigmatización.
La académica Rossana Reguillo (fallecida recientemente) señaló que las periodistas enfrentan una doble precariedad: la de un oficio amenazado por el poder y la de un género históricamente silenciado. “Lo que está en juego no es una opinión, sino el derecho de las mujeres a participar en el debate público y a investigar lo que se pretende ocultar”. (Las formas del asedio: violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, CIMAC, 2025)
Para Reguillo, decía que la digitalidad no solo amplifica la violencia: la vuelve “ubicua, sostenida, anónima y viral”. Los ataques se reproducen mediante hashtags, memes, bots y cuentas anónimas que funcionan como “tecnologías del silenciamiento”.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lejos de revertirse esta tendencia, la hostilidad institucional hacia la prensa se intensificó. Las descalificaciones emitidas desde la presidencia, particularmente en las conferencias matutinas, contribuyeron a normalizar el desprecio hacia la labor periodística. Muchas de las periodistas atacadas en redes sociales habían sido previamente señaladas, ridiculizadas o desacreditadas desde espacios oficiales. En ese sentido, el poder no solo omite proteger: con frecuencia activa o legitima el ataque.
“La violencia digital no se queda en la pantalla”, advirtió Reguillo. Sus efectos se traducen en miedo real, alteraciones en la vida cotidiana, afectaciones emocionales y cuerpos sometidos a una amenaza permanente.
Muestra de ello fue lo ocurrido recientemente con Dresser en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde la columnista y politóloga fue recibida con manifestaciones de rechazo.
La Relatoría también expresó preocupación por los discursos estigmatizantes provenientes de funcionarios públicos y fuerzas militares. Estas narrativas han derivado en campañas sistemáticas de desprestigio, especialmente graves para las mujeres periodistas, quienes enfrentan ataques digitales con componentes de violencia de género.
Las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios pueden exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia y colocar a periodistas y comunicadores en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo.
Dresser enfrentó dos procesos judiciales: uno por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y otro relacionado con las 178 menciones en las que fue difamada durante las conferencias matutinas del gobierno de López Obrador.
Frente a este panorama, la Relatoría reafirmó que “México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa en las Américas”, con más de 150 periodistas asesinados desde el año 2000 y más de 25 desaparecidos. Desde CIMAC advertimos, además, que 2025 se convirtió en el año más peligroso para las mujeres periodistas.
Reporteros sin Fronteras coincide con la creciente criminalización de la labor periodística (Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, RSF, 2026), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” entre “arsenales legislativos cada vez más restrictivos, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional” que erosionan el derecho a la información y con ello, las democracias.
Finalmente, la Relatoría reiteró que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia basada en género contra las mujeres, así como de garantizar su ejercicio del periodismo libre de violencia y discriminación.
