Organizaciones promotoras de derechos humanos hicieron un llamado a resolver la detención de Kenia Inés Hernández Montalván, mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos, privada de libertad desde octubre de 2020.
Entre las firmantes se encuentran: ACAT Francia; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana; Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; Front Line Defenders; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Kenia Hernández es una defensora de derechos humanos, cuya trayectoria se ha enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la tierra y del territorio. Antes de su detención, desarrolló su labor en diversos movimientos sociales en Guerrero como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, incluido el acompañamiento a comunidades y personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos.
Es importante decir que la defensora indígena Kenia Inés continúa en reclusión en un penal del estado de México y aunque su situación legal ha avanzado con la absolución de todos los cargos federales tras un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), aun están pendientes dos acusaciones de robo, las cuales no solo rechaza, sino que esas carpetas de investigación se presentan inverosímiles ya que ella se encontraba en otra entidad del país, lejos de donde se le atribuyen los hechos.
Kenia no solo ha declarado la información que rechaza esas acusaciones sino que las ha sostenido con pruebas.
Por lo que una falsa acusación de robo de $500 pesos y un celular en el estado de México es la que la mantiene en el penal femenil Neza Sur, ubicado en Nezahualcóyotl.
Hoy su libertad depende de la decisión que tome el Poder Judicial del Estado de México y qué tan rápido emita su fallo. En este caso el equipo legal de Kenia presentó dos amparos hace seis meses los cuales, la autoridad aún no han contestado.
Es por eso que diversos organismos internacionales, organizaciones internacionales y diputadas europeas y mexicanas han expresado preocupación por las constantes irregularidades que han marcado el caso, incluyendo la negación de la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y la repetida negación de visitas de su familia, equipo jurídico y de las organizaciones que la apoyan.
La apertura continua de investigaciones y procesos con el propósito de mantenerla privada de libertad a lo largo de los años está ampliamente documentada. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, el Relator de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias han señalado su preocupación por las sentencias emitidas en contra de Kenia.
Por eso, las organizaciones firmantes de este llamado, reafirman que el Poder Judicial del estado de México, «tiene hoy la oportunidad de hacer justicia», por eso hicieron pidieron que la resolución de los amparos directos promovidos en favor de Kenia Hernández en las dos causas locales del estado de México, aplique estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica.
«Una decisión apegada a tales estándares sería consistente con la obligación del Estado de garantizar una protección judicial efectiva, reparar violaciones a derechos fundamentales y evitar que se consolide la criminalización de una defensora indígena de derechos humanos por hechos vinculados con el ejercicio de su defensa y de la protesta social».
El caso de Kenia Hernández es considerado emblemático, ya que refleja la instrumentalización del sistema de justicia para limitar su labor de defensa. A su vez, organizaciones nacionales e internacionales lo han señalado como un caso ilustrativo del patrón alarmante de detención arbitraria, prisión preventiva prolongada así como penas privativas de libertad injustas, excesivas y desproporcionadas contra líderes y lideresas indígenas en México, del que también se han hecho eco las Naciones Unidas.
Mientras se resuelven las dos causas pendientes, Kenia Hernández continúa privada de libertad, enfrentando vulneraciones al debido proceso y a sus derechos como mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos. Entre las vulneraciones que enfrenta se encuentra la comunicación con su familia, especialmente sus hijos, debido a las limitaciones económicas y a la distancia ya que solo puede costear pocos minutos de llamadas telefónicas al día y las visitas de sus hijos solo pueden realizarlas cada dos o tres meses. A pesar de estas condiciones, su labor de defensa de derechos humanos se ha mantenido firme aún en reclusión.
En 2024 fue trasladada de un penal de máxima seguridad a un centro local en el estado de México, donde se evidenciaron prácticas ilegales del personal.
Esto permitió cambios internos pero también generó represalias y nuevas agresiones que derivaron en el traslado de la defensora a Tepozanes, Nezahualcóyotl Sur, donde continuó organizándose con otras mujeres. A tres meses de su llegada impulsó la cooperativa “Tejedoras de Libertad”, que cuenta con decenas de internas que elaboran bordados y textiles para generar empleo, fortalecer su salud mental, cubrir necesidades básicas y comunicarse con sus hijas e hijos.
Este esfuerzo colectivo ha sido reconocido con la asignación de un espacio específico para la cooperativa por su aporte a la convivencia y a la reinserción social con enfoque de derechos humanos y sororidad.
Es por eso que estas organizaciones afirmaron que la situación de Kenia Hernández debe analizarse a la luz del derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta pacifica.
Y solicitaron que su caso particular como mujer defensora indígena implique un deber de protección reforzado, como mínimo la no obstaculización de su defensa y el asegurar que pueda ejercer su labor como defensora sin represalias. Los daños causados por la prisión injusta no solo han afectado a la defensora de derechos humanos sino que a lo largo de más de 2 mil días se han extendido a sus hijos, su familia, su comunidad y movimientos de los que es parte.
Finalmente, las organizaciones internacionales hicieron un llamado al poder judicial del Segundo Circuito en materia penal para que resuelva los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales del estado de México, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica;
Así como a las autoridades del estado de México que reconozcan la labor de defensa de derechos humanos de Kenia Hernández, particularmente su reconocimiento como mujer defensora indígena, como ya han hecho algunas representantes del Poder Legislativo;
Y a las autoridades del estado de México para que den cumplimiento a su obligación reforzada respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos, especialmente, a evitar obstáculos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del derecho a la protesta pacífica, propiciando un entorno libre de cualquier tipo de agresión contra personas defensoras en México.
Todo esto lo informaron reiterando su su solidaridad con Kenia Hernández, su familia, su comunidad y las organizaciones que acompañan su caso. En un contexto regional marcado por la creciente criminalización de quienes defienden derechos, exigir justicia para Kenia es también reivindicar el derecho a defender derechos.
