El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, por parte de un grupo armado el pasado 2 de junio, en Nanchital, Veracruz nos recuerda que en México la libertad de expresión sigue enfrentando riesgos que aún no se superan, por lo tanto, no es momento de voltear la cara hacia otro lado.
O decir que esto ya no pasa en México, minimizarlo nos pone en riesgo a todas y todos los periodistas.
Es necesario que las autoridades municipales, estatales y federales se coordinen y refuercen la búsqueda con vida de la periodista Roxana Berenice, esa debe ser la prioridad, pues la experiencia ha marcado que entre más tiempo pase hay menos posibilidad de encontrarla con vida.
Y el gobierno ha mostrado que cuando hay interés se puede, lo han hecho en otros momentos y este año no fue la excepción, recordemos el rescate en abril del alcalde de Taxco Juan Andrés Vega y su padre, que en cuestión de horas tras un operativo conjunto de los tres niveles y fuerzas armadas fueron rescatados.
Esa actuación tendríamos que estarla viendo en el caso de Roxana, porque hay antecedentes de violencia contra la reportera, recordemos el asesinato de su esposo y porque esto ocurre en la entidad más mortífera para las periodistas.
De acuerdo con datos de CIMAC, que ya ha demandado la actuación del Estado en el caso de Roxana, desde 2011 Veracruz concentra 6 de los 20 casos de feminicidio que registra el país por posibles nexos con la tarea informativa de las periodistas.
Regina Martínez, María Elena Ferral, Yolanda Ortiz, Anabel Flores, Yesenia Molinedo y Johana García hacen falta en el periodismo de Veracruz y del país.
Una entidad que ha sido gobernada por distintos partidos con resultados similares. Hoy lo gobierna Rocío Nahle, del Partido Morena, el mismo partido de la presidenta y de quienes dirigen el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tendría que ser igual de inmediata la coordinación y la actuación para salvar la vida de una mujer que ejerce el periodismo como lo hicieron en el caso del Alcalde de Taxco.
Nada les limita más que la voluntad de hacerlo.
Veracruz cuenta desde 2012 con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) creada unos meses después del nacimiento del Mecanismo Federal de Protección a personas Defensoras y Periodistas.
Estamos hablando de 14 años de la creación de ambas instancias, cuyo mandato no sólo es la protección de periodistas frente a las agresiones, la no repetición de estas y su la prevención.
En los dos puntos finales, están reprobados y en el primero andan pasando de panzazo.
El secuestro de la periodista Roxana y la timidez de la comunicación institucional nos recuerda la doble vulnerabilidad que tienen las mujeres periodistas y la enorme deuda que tiene el Estado mexicano al respecto.
No es casual que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubique a México como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en México — la cifra más alta en tres años — y el país ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos, únicamente por detrás de Siria, con 37.
Es momento que el compromiso que escribió la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se haga realidad como el sello del gobierno humanista del que ella habla para que el periodismo libre y plural fortalezca la democracia mexicana, la secretaria tiene bajo su mandato el Mecanismo de protección Federal y la coordinación con las entidades federativas.
Para que haya periodismo libre y plural es necesario que las y los periodistas estemos vivos, sin ser perseguidos como está ocurriendo ahora en San Luis Potosí.
Lo que ocurra con Roxana nos mostrara el humanismo o no de los gobiernos.
