Ciudad de México.- Éricka Zamora Pardo, sobreviviente y ex combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), exigió a 28 años de la matanza de El Charco en Guerrero, que el Estado mexicano deje de proteger a los militares responsables y desmilitaricé la entidad, así lo dio a conocer en el conversatorio conmemorativo organizado por el aniversario.
Hay que recordar que en la madrugada del 7 de junio de 1998, fuerzas del Ejército Mexicano irrumpieron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Once personas fueron ejecutadas — diez indígenas ñuu savi y un estudiante universitario — cinco quedaron heridas y veinticinco fueron detenidas y trasladadas a la IX Región Militar de Acapulco, donde denunciaron haber sido torturadas y obligadas a firmar declaraciones.
Veintiocho años después, ningún responsable ha sido sancionado, informaron y además, señalaron que la masacre de El Charco es la única matanza de la segunda mitad del siglo XX en México que no tuvo juicio, ni fiscalía especial, ni ningún mecanismo de justicia transicional, aseguró Zamora Pardo.
Cimacnoticias ha documentado los riesgos de la militarización en el país y los riesgos a los derechos humanos que esto conlleva. Recoremos que México militarizó su seguridad pública, se aprobó en septiembre del 2022 la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a Sedena por parte del Senado, con una reforma constitucional para extender la temporalidad del Ejército en funciones de seguridad ciudadana hasta el 2028 y no hasta el 2024, como se estableció cuando se creó la GN.
Esto, pese a la advertencia de expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil acerca del riesgo que esto implica para los derechos humanos en México.
Por ejemplo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, analizó más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense y retomó la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre “las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden”, anunciada en el 2019 en el más examen periódico de México.
Hasta ese momento, se señaló que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se había debilitando. Hasta julio del 2023, el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional ascendían a 11 mil 186, en 449 expedientes se dio vista a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria, en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales.
Además, los casos contra Valentina Rosendo Cantú conocido como Caso Rosendo Cantú y otra vs México, emitida el 31 de agosto de 2010; e Inés Fernández Ortega, conocido como Caso Fernández Ortega y otros vs México el 30 de agosto del 2010, ambas sobrevivientes de tortura sexual bajo un contexto rural y de militarización en su territorio nos enseñan los alcances de la violencia ejercida por fuerzas militares.
O la sentencia Caso Ascencio Rosario y Otros vs México emitida el 30 de septiembre del 2025, tras el feminicidio de la mujer indígena y adulta mayor Ernestina Ascencio Rosario, víctima de militares también nos indica estos alcances.
Se trataba de una mujer de 73 años y habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, cuando fue torturada sexualmente por miembros del ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde 2006.
El caso ante la CIDH: 28 años esperando el informe de fondo
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., quiene acompaña el caso, presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de julio de 2012, registrada bajo el número P-1315-12. El 14 de diciembre de 2018, mediante el Informe No. 166/18.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró admisible la petición, reconociendo que la falta de investigación y sanción de los responsables podría constituir violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso se encuentra actualmente en etapa de fondo.
Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y la familia de Ricardo Zavala Tapia, sobrevivientes de la matanza, reiteran su exigencia de que, una vez concluido el informe de fondo de la CIDH, el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener una sentencia vinculante que obligue al Estado mexicano a investigar, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición.
Exigencias al Estado Mexicano
En este 28 aniversario, Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., que es la representación legal de Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y la familia de Ricardo Zavala Tapia exigieron que la CIDH emita a la brevedad el informe de fondo en el caso P-1315-12 y, de acreditarse las violaciones, lo remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así como la identificación, juzgamiento y sanción penal de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal, y de todos los mandos y elementos del Ejército Mexicano responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
El reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano ante las familias de las once personas ejecutadas, los cinco heridos y los veinticinco detenidos arbitrariamente.
Reparaciones integrales para las víctimas y sus familias, incluyendo garantías de no repetición.
Y la desmilitarización de las comunidades indígenas de Guerrero como condición estructural para la no repetición.
