Ciudad de México, 18 de junio de 2026- Durante más de dos décadas, organizaciones feministas, especialistas, legisladoras y defensoras de derechos humanos en México, han trabajado para que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos de manera explícita en la legislación mexicana. Hoy, ese debate vuelve al centro de la agenda legislativa con una iniciativa promovida por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, que busca incorporar estos derechos en diversas leyes generales y convertirlos en una obligación clara del Estado mexicano.
A lo largo de 21 años, las discusiones han transitado desde el acceso a métodos anticonceptivos, la salud sexual de adolescentes y la atención reproductiva, hasta el reconocimiento del derecho a decidir, la prevención de embarazos en adolescentes, la erradicación de la violencia obstétrica y la garantía de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Este martes se realizó una reunión de trabajo convocada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, Malú Micher Camarena, para analizar la iniciativa que presentó en abril pasado, a la que asistieron senadoras y senadores, representantes de dependencias federales y organizaciones civiles.
“Nos encontramos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia una legislación que reconozca de manera expresa estos derechos, que elimine vacíos normativos y que fortalezca las obligaciones del Estado mexicano para garantizar su ejercicio efectivo”, afirmó la senadora.
La iniciativa que presentó plantea modificaciones a la Ley General de Salud, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Educación y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. De acuerdo con la legisladora, el proyecto pretende establecer un marco normativo integral y alineado con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En un comunicado se informó que para la Ley General de Salud se propone reconocer la salud sexual y reproductiva como el eje rector del sistema de salud, garantizar servicios integrales como anticoncepción, atención obstétrica y prevención de infecciones de transmisión sexual.
En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la iniciativa propone asegurar el acceso a información y servicios adecuados sobre salud sexual y reproductiva, además de incorporar el principio de autonomía progresiva para reconocerlos como titulares de derechos.
En el ámbito educativo plantea que la educación sexual y reproductiva sea una obligación del Estado, impartida de manera integral, con base científica, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y contenidos adecuados a la edad de las y los estudiantes.
La propuesta también contempla reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para reconocer la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, así como fortalecer las medidas de prevención, atención, sanción y protección institucional para las mujeres.
La iniciativa, que fue respaldada por las y los asistentes a la reunión de trabajo, se encuentra en proceso de dictaminación en las comisiones correspondientes.
21 años de trabajo
En el 2005, cuando Malú Micher se desempeñaba como diputada por el entonces Partido de la Revolución Democrática, presentó junto con la legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, la primera iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva.
En la exposición de motivos, las legisladoras señalaron que la Ley a modificar no reconocía explícitamente estos derechos, y que debería establecer la obligación del Estado de crear las condiciones necesarias para garantizar un ejercicio efectivo de éstos, así como el hecho de que la legislación vigente en esos años únicamente consideraba la sexualidad con fines reproductivos y la salud de las mujeres desde la maternidad.
Propusieron garantizar la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, así como la reducción de embarazos en la población adolescente.
En el caso de adolescentes, sostenían que, atendiendo a diversas normativas firmadas por el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño, debería prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre las decisiones de sus madres, padres o tutores cuando estuvieran en riesgo sus derechos a la salud, la vida o la integridad.
La iniciativa también proponía reducir los riesgos para la salud derivados de abortos realizados en condiciones inseguras, por lo que establecía que en el caso de interrupciones del embarazo previstas en la legislación, las causales (ya que aún no se legislaba la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación) los servicios deberían ser gratuitos, de calidad y accesibles.
Al respecto, señalaba un plazo de 5 días contados a partir de realizada la solicitud y siempre y cuando se cumplieran los requisitos establecidos en la legislación aplicable. También, que en el supuesto de que la o el médico señalara objeción de conciencia, el sistema de salud debería contar con personal no objetor que garantizara el acceso a este derecho; y en los casos de emergencia que pusiera en riesgo la vida de las mujeres, la atención médica no podría negarse.
Sin embargo, tal vez un factor que jugó en contra de que se aprobara dicha iniciativa que quedó en la congeladora de la Cámara de diputados fue que aunque tenía mayoría priista, el Partido Acción Nacional era el principal opositor.
Derechos sexuales y reproductivos, un tema de larga data
El reconocimiento del concepto derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos se hizo durante la conferencia internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 en el Cairo, Egipto.
En el programa de acción de esta Conferencia, también conocida como conferencia de El Cairo, se habló de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) de mujeres, adolescentes y jóvenes más allá de cuestiones demográficas y fines reproductivos.
Definió a la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones”. “La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales”.
Se estableció el derecho de todas las personas incluidas las jóvenes entre 12 y 29 años de edad, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que las naciones que la han ratificado, entre ellas México, los reconocen como una parte integral e intransferible de los derechos humanos.
También, que serían las mujeres quienes deberían controlar su propia fecundidad y la obligación de los Estados de garantizar servicios de planificación familiar y de salud reproductiva de calidad y fomentar la educación de las niñas principalmente, así como promover la igualdad entre los sexos y la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar.
Desde entonces, el tema ha sido abordado en diversas conferencias internacionales que sostienen la necesidad de que las legislaciones de los países garanticen el ejercicio pleno de éstos y servicios de salud de calidad.
