Además, la abogada Andrea Medina advirtió que una nueva legislación no resolverá la impunidad si no se fortalecen las fiscalías.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un llamado al Congreso de la Unión para abrir un proceso de diálogo sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer el proyecto mediante la participación de organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas y personas expertas en derechos humanos.
El organismo sostuvo que la discusión legislativa representa una oportunidad para mejorar la respuesta del Estado frente al feminicidio, pero advirtió que la nueva legislación solo será efectiva si incorpora la experiencia de quienes durante años han litigado casos, acompañado a víctimas e impulsado criterios jurídicos para investigar estos delitos con perspectiva de género.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 fueron asesinadas 2 mil 795 mujeres en México; sin embargo, únicamente 721 casos fueron investigados como feminicidio, lo que representa apenas el 25.7 por ciento del total. Para el OCNF, estas cifras reflejan que miles de familias siguen enfrentando obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
«El problema de fondo es que, aunque tenemos un marco normativo que obliga a implementar los procedimientos establecidos en la ley, en la práctica eso no sucede. Esta ley reconoce la gravedad del feminicidio, pero el análisis de contexto sigue siendo limitado y no contempla cómo este delito puede involucrar otros, como la trata de personas o la violencia sexual.», afirmó en entrevista María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF.
La organización exhortó al Congreso a abrir espacios de análisis antes de dictaminar la iniciativa presidencial, con el fin de construir una ley sólida que responda a la complejidad de la violencia feminicida y fortalezca el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Además, reiteró su disposición para aportar su experiencia jurídica y técnica durante el proceso legislativo, con el propósito de construir una legislación que contribuya a combatir la impunidad y garantice investigaciones eficaces de los feminicidios.
Andrea Medina: aumentar las penas no resolverá la impunidad
En entrevista para Aliadas con Cirenia Celestino Ortega, directora de CIMAC, la abogada feminista Andrea Medina consideró positivo que el Gobierno federal coloque el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública; sin embargo, cuestionó que la propuesta se centre en crear una nueva legislación y aumentar las penas, cuando los principales problemas se encuentran en la aplicación de las normas ya existentes.
La defensora recordó que México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual ya establece un marco amplio para atender las distintas expresiones de la violencia contra las mujeres.
«No se trata de aumentar las penas; se trata de que funcione. El delito existe. Lo que hace falta es que las instituciones investiguen adecuadamente y garanticen el acceso a la justicia», señaló.
Medina calificó la propuesta como un ejemplo de «populismo jurídico«, al considerar que endurecer las sanciones no resolverá las deficiencias estructurales que persisten en las investigaciones de feminicidio.
El problema está en las instituciones, no en la ley
La especialista explicó que las principales fallas continúan siendo la falta de presupuesto, personal especializado y capacitación permanente en las fiscalías encargadas de investigar casos de feminicidio.
Según expuso, muchas investigaciones fracasan porque las periciales son deficientes, el personal ministerial carece de formación en perspectiva de género y las fiscalías no cuentan con suficientes recursos humanos ni técnicos para acreditar las razones de género que configuran el delito.
Asimismo, advirtió que la reciente renovación del Poder Judicial y otros cambios institucionales provocaron la salida de personal previamente capacitado, lo que obligará a comenzar nuevamente procesos de formación y generará nuevas curvas de aprendizaje.
«La prioridad debería ser fortalecer las instituciones, asignar presupuesto suficiente, contar con personal especializado y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas», afirmó.
Alerta sobre el riesgo de fragmentar la protección de los derechos de las mujeres
Andrea Medina también expresó preocupación porque la creación de una nueva Ley General de Feminicidio pueda fragmentar el sistema jurídico construido durante décadas para proteger los derechos de las mujeres.
A su juicio, buena parte del marco legal vigente fue resultado del trabajo de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas, por lo que sustituirlo sin un debate amplio podría representar un retroceso.
«La construcción de los derechos humanos de las mujeres en México ha costado décadas de lucha. No fueron concesiones del Estado, sino conquistas impulsadas por la sociedad civil», sostuvo.
En ese sentido, coincidió con el OCNF en la necesidad de que el Congreso abra un diálogo amplio antes de aprobar la iniciativa presidencial, con la participación de organizaciones feministas, especialistas y familiares de víctimas.
