La muerte a tiros, en plena calle, de Lorenzo Salgado Araujo , perpetrada por ICE, en Houston, Texas, el 7 de julio, volvió a estremecer a las comunidades mexicanas y latinas, que desde 2025 padecen continuas redadas y oleadas de violencia desmedida desatadas por la política anti-inmigrante racista del gobierno federal de Estados Unidos. Pocos días después, en Maine, agentes de la misma corporación, acribillaron también a Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajador colombiano de 26 años. Ambos asesinatos fueron cometidos siguiendo el mismo patrón que los agentes migratorios ya desplegaron en Minnesota contra Renée Good y Alex Pretti: detener o intentar detener el vehículo en que van las víctimas, dispararles directamente si no se detienen o no obedecen órdenes , matarlas y luego argumentar que lo hicieron «en defensa propia» para evitar ser atropellados por los ya fallecidos.
Con terrible contundencia, estos crímenes han puesto en primer plano el horror que viven las comunidades migrantes acosadas hasta la deshumanización por instituciones que, bajo el falaz argumento de hacer cumplir las leyes de migración, violan los derechos humanos de miles de personas y siembran terror.
Lorenzo Salgado, como muchas personas mexicanas y de origen latino en Estados Unidos, era un trabajador dedicado y responsable que, una mañana cualquiera, tuvo la desgracia de ser interceptado por agentes que conducían un vehículo sin insignias e intentaron detenerlo sin mayor explicación. Según su hijo Ronaldo, Lorenzo probablemente pensó que los agresores querían robarle su camioneta y/o sus herramientas (que ya le habían robado antes) y no se detuvo. Los agentes dispararon directamente contra él y lo hirieron de muerte. Como si eso no bastara, una vez que lo bajaron de su camioneta, lo esposaron y le quitaron sus documentos de identidad. Gravemente herido, lo llevaron al hospital como N.N. Esta desposesión de identidad es ilegal y también inhumana: la familia tardó más de seis horas en encontrar a Lorenzo y, por los procedimientos necesarios para identificar el cadáver, tuvieron que esperar hasta el día siguiente para recibir el cuerpo.
Johan Sebastián Durán Guerrero tenía permiso de trabajo y número de seguridad social, no podía ser en modo alguno objetivo de un arresto migratorio. La política racista del gobierno federal y de la agencia de inmigración es el único motivo de este y otros asesinatos y de las miles de detenciones de personas “de color” que no representan ningún peligro, ni han infringido la ley, o en todo caso sólo han transgredido las normas migratorias, lo que no amerita ser asesinadas o atacadas vilmente. Lo mismo que en Houston, los agentes argumentaron que actuaban “en defensa propia” y, para colmo de crueldad, en ambos casos declararon que se habían equivocado de persona, como si eso los eximiera de responsabilidad. Sólo faltó el “usted disculpe”.
Aunque muchos detalles del asesinato de Lorenzo no se han aclarado, la versión de ICE ha sido descalificada por los tres acompañantes de Lorenzo que sobrevivieron al ataque, a través de sus abogados. La obsesión de ICE por evadir sus responsabilidades y justificarse, borrando pistas y difundiendo falsedades, incluye ahora presionar a los testigos para que se “autodeporten” y, según el abogado Juan Proaño, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), amenazar a los comercios de la zona del crimen para que no entreguen los videos de éste a las organizaciones defensoras que están reuniendo pruebas y exigiendo una investigación independiente (entrevista con N+Univisión). A raíz del escándalo social por el segundo asesinato a sangre fría de un inmigrante en menos de una semana, ICE anunció que suspendería (es decir evitará solo temporalmente) las detenciones de vehículos en movimiento (con supuestos migrantes indocumentados a bordo). Sin embargo, el presidente Donald Trump determinó que estas detenciones seguirán.
Los asesinatos de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Durán Guerrero se inscriben en un monstruoso despliegue de las agencias migratorias que buscan cumplir con una cuota de dos mil detenciones al día, y la semana pasada ya habían detenido a diez mil personas, cuyo status migratorio concreto no se conoce. Estos homicidios se suman a los diez crímenes letales cometidos este año por ICE contra inmigrantes y contra ciudadanos/as que se han resistido en alguno de sus “operativos”. Se suman a los veinte o cuarenta más (el conteo varía) perpetrados a la luz del día por esta agencia desde enero de 2025. Se suman también a las casi sesenta muertes (documentadas) por abuso de la fuerza, negligencia médica y maltratos que azotan a la población detenida en instalaciones migratorias públicas y privadas donde reinan la crueldad, el afán de lucro y la cosificación del otro para mejor explotarlo o dañarlo.
La política federal anti-inmigrante que ha dado vía libre a todos los excesos del ICE ha ido normalizando el uso de armas letales en las detenciones o intentos de detención, muchas veces sin que los agentes porten cámaras corporales que faciliten la supervisión, y castigo en su caso, de sus acciones. En medio de las mentiras y falsedades que difunde ICE, la pregunta no es ¿Por qué no se detuvieron las personas interpeladas, sobre todo sabiendo que a Lorenzo lo interceptaron vehículos sin insignias de ninguna institución?. La pregunta es: ¿Por qué matar a una persona que se resiste a detenerse por agentes no identificados? ¿por qué los agentes disparan a quemarropa? Existen otras formas de obligar a un conductor a detenerse sin matarlo. Pero a ICE no le importa, el gobierno federal le ha dado permiso implícito a sus agentes de matar a los “migrantes indocumentados” o a quienes confundan con uno. Peor aún: según Juan Proaño, ni al gobernador ni al fiscal de Texas les importa tampoco el asesinato de migrantes. La senadora Jill Duson de Maine ha condenado el asesinato de Johan y exigido una investigación transparente.
La normalización del horror por agentes de un gobierno autocrático obliga precisamente a destacar la profundidad de estas muertes específicas. La familia de Lorenzo Salgado pierde a un ser querido que trabajó por décadas para construir una vida mejor; su comunidad pierde a un integrante respetado y apreciado, que contribuía a su bienestar. Lorenzo Salgado no tenía antecedentes criminales, seguía el proceso legal para regularizar su situación migratoria, contribuía a su país adoptivo, creía en él. La familia de Johan Sebastián Guerrero pierde a un padre y esposo, a un hijo ; su esposa y su hija de tres años, cargan con el impacto de verlo morir ante sus propios ojos, un trauma difícil de superar.
Indignadas y dolidas, la familia, la comunidad, las organizaciones locales y las redes de defensa de libertades civiles exigen que se realicen investigaciones independientes, que se haga justicia y se castigue a los culpables. Les espera un largo camino.
Ojalá la iniciativa (tardía) del gobierno mexicano de defender a los connacionales acribillados por ICE, a raíz del asesinato de Lorenzo Salgado, incluya alguna coordinación con las comunidades y, sobre todo, derive en el fortalecimiento del aparato consular en Estados Unidos, con recursos suficientes y personal profesional, que respete a las poblaciones migrantes mexicanas y las apoye.
