Siete de cada diez trabajadoras del sector laboran en la informalidad y perciben 42 por ciento menos ingresos que los hombres.
La industria maquila-textil en México mantiene su competitividad sobre un modelo de precarización laboral que afecta principalmente a las mujeres, quienes representan la mayor parte de la fuerza de trabajo, pero enfrentan menores salarios, alta informalidad, violencia laboral y una doble carga derivada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Así lo señala el informe Hilando el cambio: hacia un trabajo justo en la industria maquila-textil en México, presentado por el Consorcio UNIDAS, el cual documenta que, aunque este sector emplea a más de 1.15 millones de personas, las condiciones laborales continúan marcadas por bajos ingresos, escaso acceso a prestaciones y una alta inestabilidad en el empleo.
De acuerdo con el análisis elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 77 por ciento de las mujeres ocupadas en la industria trabaja en condiciones de informalidad, frente al 53 por ciento de los hombres.
La desigualdad también se refleja en los ingresos. Mientras el salario promedio de las mujeres es de 5 mil 961 pesos mensuales, los hombres perciben 10 mil 281 pesos, una diferencia de 42 por ciento. Además, la alta rotación laboral impide que muchas trabajadoras acumulen las cotizaciones necesarias para acceder a créditos de vivienda mediante el Infonavit.
Microempresas concentran la precariedad
El informe advierte que la estructura misma de la industria profundiza estas desigualdades. El 96.4 por ciento de los establecimientos corresponde a microempresas, mientras apenas el 0.3 por ciento son grandes compañías que concentran más de la mitad de la producción nacional.
En estos pequeños talleres predominan la ausencia de contratos, la falta de seguridad social y los pagos a destajo. En este contexto, 89 por ciento de las personas que trabajan sin recibir remuneración son mujeres.
A ello se suma que únicamente 3.83 por ciento de los puestos de dirección o supervisión son ocupados por mujeres, lo que evidencia su escasa participación en los espacios de toma de decisiones dentro del sector.
Violencia laboral y cuidados limitan el acceso a empleos dignos
La investigación también documenta que las trabajadoras enfrentan diversas formas de violencia de género, entre ellas acoso y hostigamiento sexual, discriminación por embarazo y despidos injustificados presentados como «renuncias voluntarias».
Las denuncias, señala el informe, son poco frecuentes debido al temor de represalias y a la limitada capacidad de inspección laboral.
Actualmente, México cuenta con una persona inspectora laboral por cada 100 mil personas trabajadoras, una cifra muy por debajo del estándar recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece una inspección por cada 10 mil a 15 mil personas trabajadoras. Además, solo 1.29 por ciento de las inspecciones realizadas en 2023 correspondieron al sector textil.
Otro de los factores que perpetúan la precarización es la distribución desigual del trabajo de cuidados. Las mujeres destinan, en promedio, 52 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres dedican 36 horas.
Esta carga obliga a muchas trabajadoras a aceptar empleos desde sus hogares o en microempresas, donde obtienen mayor flexibilidad para atender a sus familias, pero sin contratos, prestaciones ni salarios dignos.
Durante la presentación del informe, Sonia Meza, integrante de la Colectiva de Mujeres Rosa Luxemburgo, afirmó que «no son las mujeres quienes deben adaptarse al trabajo; es el trabajo el que debe adaptarse a la vida, a la dignidad y a los derechos de las mujeres».
Llaman a fortalecer inspecciones y el sistema de cuidados
Ante este panorama, el Consorcio UNIDAS exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Secretaría de las Mujeres y al sector privado a implementar acciones para garantizar condiciones laborales dignas.
Entre las principales recomendaciones destacan fortalecer las inspecciones laborales con perspectiva de género, sancionar la subcontratación simulada, establecer mecanismos seguros de denuncia frente a la violencia laboral, ampliar la infraestructura pública de cuidados y promover una representación sindical con mayor participación de mujeres.
El informe concluye que mientras la competitividad de la industria continúe dependiendo del trabajo precario y no remunerado de las mujeres, será imposible avanzar hacia la justicia laboral y la igualdad sustantiva.
