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En esta columna encontrarás toda la información financiera y económica abordada desde la perspectiva de género.

Se han publicado dos importantes informes que permiten valorar los avances de la actual política económica y los efectos de la pandemia. Son la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la pobreza en 2022.

En principio es muy notorio el avance en materia de pobreza: según Inegi, el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63 mil 695 pesos, un aumento del 11 por ciento. Eso ya habla de una recuperación en materia de ingreso respecto a 2020. La principal fuente fue el trabajo, que para 2022 representó el 65.7 por ciento. Esto refleja el aumento real del 80 por ciento al salario mínimo.

Según Coneval, en 2022 hay 5 millones de pobres menos que en 2018, y se alcanzó la menor tasa histórica de pobreza extrema por ingresos. Es la mayor reducción de población en situación de pobreza en 22 años: ésta se redujo de 41.9 a 36.3 por ciento. Además, el porcentaje de personas que dejaron de ser pobres y vulnerables creció 27.0 por ciento.

La desigualdad económica y social se redujo, otro acierto importante de esta política económica pero parcial, porque la desigualdad de género aumentó, y no solo por los efectos de la pandemia. Otro resultado muy negativo está en salud creció muchísimo, más del doble de 15.6 (2016) a 39.1 por ciento en 2022, son 50.4 millones de personas.

Entre 2018 y 2022, el coeficiente de Gini bajó de 0.475 a 0.460 sin transferencia y de 0.426 a 0.402 con transferencias, mejoró la distribución de ingresos; pese a los estragos provocados por la pandemia, una caída del PIB superior a 8 puntos. Destaca por su trascendencia el incremento de 20.4 de los ingresos del 10 por ciento de la población más pobre (2016-2022).

Precisamente, en 2022 el ingreso promedio trimestral monetario de los hombres fue de 29 mil 285 pesos y el de las mujeres de 19 mil 081, una diferencia de 10 mil 204 pesos, con un porcentaje de 53.5 porciento (Enigh).  Aunque la desigualdad de género no es algo nuevo, tampoco debe normalizarse,  por si fuera poco esta cifra diferencial es muy alta.

Desigualdad de género y salud: proletarias entre los proletarios y algo huele mal en Dinamarca

Como se aprecia en el gráfico superior, los ingresos promedio de las mujeres siempre son inferiores a los masculinos, independientemente del número de hijos. Con un hijo, la desigualdad es de 56.6 por ciento, mientras que con tres hijos el ingreso masculino fue de 37 mil 290 versus 17 mil 241 pesos para las mujeres, más del doble. Frente a esta información surge una pregunta obligada:

¿Por qué las mujeres recibieron migajas en esta redistribución del ingreso y combate a la pobreza?

Por una parte están los efectos de la pandemia, que significan un retroceso de 10 años para las mujeres en varios ámbitos. Ellas son las heroínas anónimas del Covid-19.

Otro factor importante es que siguen estando en la base de la pirámide en lo que a sueldos y salarios concierne, el volumen de despidos continúa feminizado y lo trabajos de cuidado sigue siendo una responsabilidad de las mujeres al grado de que se han convertido en una barrera para su progreso social y económico, así como para su capilaridad social y la de sus hijos.

En 2022, según Coneval, 7 de cada 10 mujeres indígenas son pobres y la desigualdad salarial es de 62.4 por ciento. Analizando esta desigualdad de género y la educación se encuentran resultados idénticos.

En el nivel de educación más alto (posgrado) hay una desigualdad salarial de 44.7 puntos porcentuales; para el nivel de primaria esta cifra crece al 73.8. Son ingresos promedio, conforme a la Enigh 2022.

Con estos resultados se pone en tela de juicio la perspectiva de género que contienen las políticas públicas, especialmente los programas sociales. Aún considerando que mover a un Dinosaurio reumático como el patriarcado es complicado, por decir lo menos.

Hacer realidad un Sistema Nacional e integral de cuidados es urgente, igual que crear un pilar para las mujeres en Afores (aunque lo ideal sería regresar a la pensión contributiva). El cuidado debe abarcar primera infancia -educación inicial le llama Claudia Sheinbaum-, personas con capacidades diferentes y adultos mayores como mínimo. Comedores y lavanderías públicas, ahí está el ejemplo de Ixtapalapa; escuelas de horario ampliado… Justo lo que no se ha hecho.

Combatir la violencia contra las mujeres también forma parte sustantiva de esta desigualdad de género, es causa y efecto. Hay que tomar nota para cuando se formule el presupuesto para la igualdad de género.

Algo huele mal en Dinamarca. La Salud, una herencia maldita

Conforme a los datos de Coneval, la población ocupada sin acceso directo a la seguridad social para 2022 es más de la mitad (63.6 por ciento). Entre 2016 y 2022 este rubro creció en 39.1 puntos porcentuales: es la carencia social más alta, la vida. Por desgracia, esta carencia tiene un gran impacto en mujeres e infancias.

Cierto, la salud está privatizada y tiene condiciones muy precarias como afirmaron Ezra Shabot y Macario Shettino en el programa “Dinero y Poder” del canal 11. Según estos analistas, las causas son los errores cometidos por esta administración. Había que encontrar culpables: acusaron que las compras consolidadas a cargo de una funcionaria que no sabe de salud fueron un fracaso, provocando escasez de medicamentos y crecimiento en sus precios. ¡Glup!

Buen cuidado tuvieron de no mencionar los cárteles de salud-medicamentos encabezados por el Dr. Narro y el entonces funcionario de Cofepris (entre otros) y con la complicidad de algunos laboratorios.

Para ellos, IMSS-Bienestar es otro error, y así toda la política de Salud. Al margen de reconocer que pudo y puede haber errores a corregir, su análisis es muy sesgado y francamente tendencioso.

En lo concerniente a la privatización tendrían que haber mencionado los efectos naturales de una política neoliberal cuyo propósito era y es privatizar la salud pública y la medicina social.

Hay un robo descarado de nuestros derechos en salud y fueron violentados desde el gobierno de Fox hasta el de Peña Nieto. Esas son las famosas “subrogaciones” de aspectos vitales como: diálisis y hemoglobina glucosada en un país donde la 2ª causa de muerte en las mujeres es la diabetes mellitus; pruebas de laboratorio y rayos X básicas como las resonancias, ahora las químicas sanguíneas son un chiste.

La lista de pruebas canceladas en los laboratorios de IMSS o ISSSTE es larga y también vital para los y las pacientes. Ni hablar de los ajustes que sufrió el cuadro básico de medicamentos durante esta noche triste.

Convirtieron la salud en una mercancía, una mercancía muy cara al entregarle la medicina social a la privada. Ahí no prevaleció el criterio de primero los pobres, todo lo contrario.

Aunque la 4T suspendió este proceso privatizador, recuperar los derechos robados es y será tarea urgente en esta administración y para las que siguen. Pero para lograrlo se requiere de una escalera grande y otra chiquita. Habrá que fijar prioridades entre lo urgente y lo indispensable, lo que conlleva en primer término sueldos y salarios dignos para todo el personal de salud, tan feminizado. También, inyectar recursos para la compra de equipo y todo lo que sigue.

Esto no se logra en tres días, es un proceso que se atoró con la pandemia y compra de vacunas que fueron gratuitas y universales. El Covid-19 y sus secuelas son enfermedades costosas.

Un sistema de salud como el de Dinamarca es el horizonte a cumplir, el proyecto de Estado de Bienestar implica que el derecho a la salud debe ser universal y gratuito. Ojo: la población de Dinamarca paga altos impuestos para obtener muy buenos servicios; sus empresarios no evaden impuestos como aquí y tampoco logran tratos preferenciales ni hay factureras. Esa es la otra cara de la moneda que aquí se rechaza.

¡A empujar fuerte para lograr un sistema de salud digno, en beneficio de la niñez y las mujeres!

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Cualquier feminismo que privilegie a quienes ya tienen privilegios será irrelevante para las mujeres pobres, mujeres de clase trabajadora, mujeres de color, mujeres trans, mujeres trans de color… Angela Davis.

“Cuando vi el humo corrí con la oficial de Migración y le pedí las llaves, saqué a las 15 mujeres que estaban ahí encerradas, las puse en unas escaleras y pudieron salvar la vida”. Es la narración de Angélica la guardia de seguridad a cargo de las mujeres migrantes en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y otros todavía están hospitalizados con diferentes grados de gravedad.

A bote pronto la primera interrogante: ¿por qué no sucedió lo mismo con los migrantes masculinos?, los guardias no pidieron las llaves para abrirles, o bien se las negaron. ¿Qué sucedió? Lo que revela en apariencia ese video es que les dieron la espalda y a conciencia los dejaron para que se quemaran vivos ¡Que clase de monstruos sin entrañas hacen algo así!

“La mayoría de los fallecidos, 18, eran de Guatemala, siete de Venezuela y siete de El Salvador, seis de Honduras y uno de Colombia. El más joven tenía 18 años, el mayor 51. Todos eran hombres. De los 27 heridos, 16 están en estado crítico —11 siguen sedados e intubados—, y algunos presentan quemaduras en casi el 30% del cuerpo. Habían sido arrestados y trasladados al centro de detención por no tener los papeles en regla, pero no estaban acusados de ningún delito”. Periódico el País, 2 abril 2023.

¡DUELE Y DUELE MUCHO!.

Es sabido que las personas que hacen este tipo de trabajos como seguridad tienen un alto umbral al dolor y en Ciudad Juárez éste debe ser mucho mayor. La población de esa Ciudad ha vivido décadas de una violencia terrible y sin piedad, sobre todo a partir del gobierno de Calderón.

Pero esto es la punta del icerberg en esta grave tragedia, falta la responsabilidad en la esencia, en el alma mater del Instituto de Migración, así como de la política migratoria de este gobierno. 

En realidad lo que sucedió es una crónica de una muerte muy anunciada para autoridades, funcionarios, migrantes y sus defensoras o defensores. Pudo y puede ser mucho peor, si no se atiende a fondo una problemática muy compleja como lo es la migración en este momento, y en el futuro inmediato de la política binacional.

La llamada de atención provino de un muy alto nivel, ONU y su Presidente: ¿qué sucede en México con la población migrante, dónde están los derechos humanos?

Usar a los migrantes como moneda de cambio y convertirse en país cadenero como lo llamo Zepeda Patterson evitó la aplicación de aranceles muy agresivos para una economía que depende de la inversión extranjera y de las exportaciones; con un vecino que levantaba un muro de contención para México y toda Amérca Latina. 

¿Quiénes se beneficiaron de esto? En primer término las empresas mexicanas exportadoras, es decir nuestra ofendida oligarquía que ahora a través de sus voceros mediáticos son ultra defensores de los migrantes.

¿Por qué entonces no se formó un fondo con aportaciones de estas empresas exportadoras  para fotalecer la infraestructura, logistica y etc., que atendía y atiende esos nuevos flujos migratorios? ¡Que no se den golpes de pecho porque son complicés!

Tiene mucha razón Pedro Miguel, cuando dice que nuestra oposición es de chile, dulce y manteca. Un día son feministas, otro ecologístcas o juristcas y ahora feroces defensores de los migrantes, ya marchan con el nuevo lema : ¡los migrantes no se tocan!

Si sus carteles dijeran la verdad y tuvieran un arranque de sinceridad serían de: ¡la oligarquia no se toca! ¡Y el capital financiero menos! No es que sean todólogos, son cazagazapos; por desgracia han tenido mucha tela de donde cortar, para atacar todo lo que haga o deje de hacer en la 4T, bueno o malo.

 Ahora que en cuanto al tema de Migración las caravanas de migrantes siguen llegando y seguirán; si no se modifica el acuerdo binacional. Se les suman y sumarán la población migrante que rechazan los vecinos con el programa: “Quédese en México”. 

Dicho por Kamala Harris cuando visitó México y Centroameríca: ¡No vengan!, como si  la diáspora que provocan el hambre y la violencia extrema los convirtiera en turistas.

En cuanto a la situación del Instituto Nacional de Migración no solo no es nueva sino de vieja data; para mayor abundamiento durante el gobierno de Fox (más de doce años atrás),  la CNDH a través de la visitaduría que entonces dirigía Mauricio Farah presentó un muy detalladado informe del infame deterioro del INM en perjuicio de los migrantes, con inumerables vejaciones a sus más elementales derechos humanos.

No solo tenían una infraestructura insuficiente -desde entonces-, además estaban coludidos con la trata y extorsionaban a migrantes; violaciones de mujeres con despojo de sus pocas propiedades; los tenían hacinados sin comida y etc., etc. 

Este informe fue en atención a las múltiples quejas, y sobre todo con base en las observaciones que puedieron hacer los visitadores de Derechos Humanos, a nivel nacional para todo el INM.

Sobra señalar que dicho informe se presentó en CNDH; el Congreso, Segob y la Presidencia pero no se hizo absolutamente nada ni entonces, mucho menos después, a pesar de que las quejas continuaron. 

Claro que ahora la podedumbre de la Institución está corregida y aumentada, en parte por el volumen de migrantes pero fundamentalmente por la ausencia de una política migratoria, donde la Ley de Migración y los Derechos Humanos son letra muerta, ahora y hace muchos años.

Sí, faltan recursos, muchos recursos pero no para no para poner más barrotes. Tiene razón la Doctora Vivi Rios cuando trae a colación el caso de Turquía; este país tiene apoyo de la Unión Europea para la recepción y atención de la migración proveniente de Siria y otros países de medio oriente ¿Por qué México no pidió o pide ese apoyo al gobierno vecino que levanta muros y comodamente expulsa a sus migrantes a nuestro país?

Entiendo que esta opción con la política de garrote que practicaba el Sr. Trump suena muy irrreal pero francamente  no es público si nuestra política exterior  lo intentó, ahora puede y debe hacerlo, es más que obvio el problema, fácilmente rebasa al país, no solo en calidad también en cantidad.

El eslabón más débil de esta cadena son la niñez y las mujeres. Según IMUMI existe la detención de más de 13 mil mujeres y niñas por parte del Instituto Nacional de Migración, en territorio mexicano.

Vamos, contener la migración y recibir a la población expulsada, no tiene porque ser sinónimo de condiciones vejatorias y violaciones a sus Derechos Humanos básicos, mucho menos a violaciones de la  Ley Nacional de Migración. El colmo, a crímenes como los de Ciudad Juárez.

Hay protestas muy válidas, que bien podrían y deberían atenderse como las de IMUNI o del albergue Casa Tochan y de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Internacional y Nacional (CAFEMIN). Al margen de que tegan una posición critica frente a este Gobierno. 

¡Las muertes y heridos de Migrantes en Cd Juárez y en todo el país nunca deben suceder, nunca más!

 @ramonaponce

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En el mundo, la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. La disparidad en la región es de 11,3 puntos porcentuales y es mayor a la del mundo, donde la brecha es de 4,3 puntos porcentuales. (Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe 2022. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).)

Por el aumento en el precio de los alimentos, 26.3 por ciento de la población mexicana no puede seguir una dieta saludable. En enero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.68  con respecto al mes anterior. 

Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7.91 por ciento. Y en el mismo año de 2022, la inflación anual fue de de 7.07 por ciento (Inegi). 

Los alimentos aumentaron 12.9 por ciento en enero de 2023. Esta situación es alarmante porque produce más pobreza y mayor desigualdad de género; la inflación es una gran preocupación para los consumidores, desde mediados de 2022 el panorama es complejo y en 2023 no es muy diferente.

El precio del chile muestra un incremento mensual de 25 por ciento; aguacate fue de 19.6;  huevo 15; el del aceite, 11.1, y el de la papa, 9.1 por ciento, según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). Estos incrementos superan ampliamente las cifras del  INPC, reportado en enero (7.91 por ciento).

América Latina y el Caribe registran el costo de la dieta saludable más alto en comparación con otras regiones del mundo, cifra que alcanza los USD $3,89 diarios por persona; mientras que el promedio mundial es de USD $3,54. Como consecuencia, 131 millones de personas no pueden acceder a este tipo de dietas.

Como illustran las cifras de la gráfica en todos los países seleccionados para el período comprendido de 2017-2020, el costo de una dieta saludable creció. En América Latina y el Caribe este incremento fue de 6.5, pero el  más alto  fue en México, con  un registro del 10.0 por ciento.

Entre abril de 2021 y abril de 2022, el precio de los alimentos subió 11 por ciento en México, por encima del aumento de otros productos. Esta situación provoca que las familias con menos recursos gasten un alto porcentaje de sus ingresos en comida ( 49  por ciento); mientras que los grupos con ingresos altos únicamente destinan  a los alimentos 18 de c/100 pesos.

“De tal forma que el aumento de la tasa de pobreza en el contexto de la pandemia, el nivel elevado de desigualdad de ingresos, el aumento de los precios internacionales de los alimentos han contribuido al aumento de la prevalencia de la inseguridad alimentaria y del costo de una dieta saludable”.

Según FAO la inseguridad alimentaria se produce cuando las personas no tienen acceso regular y permanente a alimentos en cantidad y calidad suficientes para sobrevivir. Esa es la importancia que tienen estas cifras.

En 2022, el índice de precios de los alimentos, que sigue la variación de los valores internacionales de una cesta de productos básicos, se estableció en 143.7 puntos de promedio, «es decir, un 14.3 por ciento más que el valor medio de 2021, indicó la organización internacional citada.

Claro, si suben los precios de los alimentos un porcentaje de 14.08  es el aumento anualizado del subíndice de alimentos, bebidas y tabacos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los prestadores de esos servicios de restauración encuentran razones o pretextos para subir sus precios.

Politica anti inflacionaria monetarista

Banco de México tiene la responsabilidade de contener la inflación, pero no es la única institución. Su junta de Gobierno decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 11.00 por ciento, su aplicación es a partir del 10 de febrero de 2023.

Hasta ahora aumentar el costo del dinero no ha podido contener los precios de los alimentos. En realidad sus efectos están en restringir la inversión productiva y el desarrollo económico; alienta o estimula  la especulación financiera y debilita los salarios y sus incrementos. En síntesis, un gran negocio para el Sector Financiero. 

El nivel de ganancias del sector bancario en 2022 fue de 236 mil 743 millones de pesos en su conjunto, un 30 por ciento más que en 2021. Para 2022 sus ganacias crecieron 50 por ciento, respecto a 2018, ¡todo un record!. (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

Conclusión:

“La asequibilidad de una dieta saludable no solo depende del costo de los alimentos nutritivos, sino también de los ingresos de consumidores y consumidoras. Los mecanismos de protección social son una de las opciones políticas que los gobiernos de la región han aplicado con  éxito para reducir la pobreza en las últimas décadas. Si se diseñan teniendo en cuenta la nutrición, estos mecanismos pueden mejorar la calidad de la dieta. Además, unas políticas fiscales bien diseñadas podrían hacer que los alimentos nutritivos fueran más asequibles que los alimentos de alta densidad energética y mínimo valor nutricional”. FAO.

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A tres años de la pandemia global de COVID-19, además de las crisis estructurales que enfrenta el mundo en México se desarrollaron al menos cuatro grandes crisis coyunturales: sanitaria, económica, social y de cuidados. 

¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México. Oxfam México 

Estas crisis han impactado a la mayor parte de la población mexicana de una forma u otra, muy en especial a las Mujeres; desde los impactos y secuelas de salud por la COVID-19 hasta la caída de los ingresos el incremento en el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y la deserción de millones de estudiantes.

A todas estas crisis se suma la del costo de vida, debido al reciente incremento de los precios a nivel global que se ha reflejado en las economías nacionales. En México, la inflación alcanzó un nivel de 7.82 anual hasta diciembre de 2022.

No todas son malas noticias. El actual gobierno mexicano ha promovido políticas laborales que han permitido la recuperación paulatina y sostenida del salario mínimo tras décadas de rezago y abandono, así como el avance de derechos para reducir la precariedad laboral. 

Igual se han promovido importantes políticas sociales, como la promoción a rango constitucional de diversos programas de protección social, y fiscales, como el aumento moderado de la recaudación tributaria por las auditorías a grandes contribuyentes. 

Sin embargo, las grandes fortunas mexicanas se beneficiaron de manera extraordinaria, sin que tuvieran que aportar mucho más a la cuenta para sufragar los gigantescos costos de las crisis derivadas de la pandemia de COVID-19. 

¿Todas perdimos en esta crisis? NO

Las fortunas de los súper ricos crecieron 117 veces más rápido que el resto de la economía y sin pagar ni un peso más por estas ganancias extraordinarias. 

En el momento en que las familias mexicanas necesitaban más de bienes y servicios públicos de calidad para disminuir el gasto de bolsillo, los súper ricos fueron los grandes ganadores de estas crisis en México, pues han visto crecer sus fortunas en un tercio (33 por ciento) desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2022, mientras la economía nacional creció apenas en 0.28 por ciento en ese mismo período.

Por cada 100 pesos de riqueza que se crearon entre 2019 y 2021, se fueron 21 pesos al 1 por ciento más rico y apenas 0.40 pesos al 50 por ciento más pobre.

 Esto es especialmente relevante en una sociedad históricamente cruzada por extremas desigualdades económicas y sociales, donde el 1 por ciento más rico de la población —apenas 1.2 millones de personas— concentra casi 47 de cada 100 pesos de riqueza en el país. 

Hoy, el gobierno mexicano tiene un menor margen de maniobra para responder ante las crisis debido a sus crecientes obligaciones y a los pocos recursos públicos disponibles. Aun sin corrupción, el dinero público no alcanza: por cada 100 pesos que produce la economía mexicana, el gobierno mexicano a todos los niveles apenas logró recaudar a través de impuestos 17.8 pesos, muy por debajo incluso del promedio latinoamericano. 

La mayor parte de los pocos impuestos que se pagan son sobre el consumo, los ingresos personales, la seguridad social y la nómina. Destaca lo poco que se recauda de impuestos a la riqueza en México, que ocupa la última posición entre las grandes economías de América Latina y el Caribe por recaudación de impuestos a la riqueza, con un monto que apenas alcanza el equivalente al 0.34 por ciento del PIB frente al promedio latinoamericano de 2.57 por ciento. 

Un impuesto federal a las grandes fortunas permitiría recaudar hasta 270,000 millones de pesos anuales. Esto sería suficiente, por ejemplo, para incrementar el actual gasto en salud pública federal en casi 40 por ciento o para multiplicar en 17 veces el actual gasto federal en protección ambiental.

Cómo se mantienen ricos los súper ricos? 

Desde la precarización de sus trabajadores hasta la concentración de mercado, los súper ricos y sus empresas utilizan distintos mecanismos para mantenerse ricos. Una de estas estrategias es evitar pagar los impuestos que les corresponden, para lo cual utilizan estas herramientas:

  • Compran. Usualmente con herencias que no pagaron impuestos, inician una empresa o compran activos financieros —como acciones de empresas— para ver su valor crecer en el tiempo sin pagar impuestos, siempre y cuando no los vendan mientras están vivos. 
  • Piden prestado. En vez de vender sus activos financieros, pues eso haría que paguen impuestos, piden prestado usando el valor de esos activos como garantía de pago.  
  • Presionan. Influyen y presionan a las personas tomadoras de decisión —utilizando su poder económico, medios de comunicación y redes sociales— para que las reglas del juego les favorezcan.  
  • Ignoran. Desdeñan las regulaciones tributarias, pues las autoridades usualmente no tienen la capacidad para desafiarles.  
  • Esconden. Utilizan paraísos fiscales para esconder su riqueza fuera de las fronteras de los países donde la generaron. 
  • Heredan. 

Basta ver los reportes de super ganancias que han tenido los Bancos, Santander gana más en México que en su casa matriz, igual Bancomer y en parte se debe a las altas comisiones que cobran aquí, sin que nadie les ponga límites.

Por ello, desde Oxfam México proponemos las siguientes cinco recomendaciones para que las grandes fortunas también ayuden a pagar la cuenta:

 1. Establecer un impuesto federal progresivo a las grandes fortunas. 

2. Promover modificaciones fiscales profundas, progresivas y transparentes. 

3. Revisar los privilegios fiscales del 1 por ciento más rico.

4. Priorizar la inversión pública en infraestructura social, como salud, educación y cuidados. 

 5. Impulsar la participación del gobierno mexicano en las discusiones fiscales regionales. Promover que el gobierno mexicano se sume a las discusiones fiscales regionales hacia la conformación de un bloque fiscal latinoamericano, que encabezan hasta ahora los gobiernos de Colombia y Chile para promover un pacto fiscal regional. 

México tiene un contexto político favorable para aportar a un movimiento regional desde las acciones de política fiscal, que ayuden a promover sistemas fiscales más justos y a favor de la vida y los cuidados.

@ramonaponce

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Otorgar centralidad al cuidado se convierte en un elemento esencial de la construcción de un modelo de sociedad alternativo cuyo fin y centro sea la sostenibilidad de la vida. Cepal, “La sociedad del cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”. 

La sociedad del cuidado exige transformar las relaciones de poder que están en la base de la división sexual del trabajo, terminar con la cultura del privilegio y garantizar la autonomía económica, física y política de las mujeres. 

Un objetivo prioritario para que dicho modelo logre superar los nudos de la desigualdad de género es la autonomía de las mujeres, entendida como su capacidad “para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto.

 Desde el punto de vista económico, la meta de priorizar la sostenibilidad de la vida frente a la acumulación de capital requiere superar el modelo actual de desarrollo basado en la acumulación por desposesión y dar valor a los cuidados, como procesos centrales que permiten sostener la vida. 

En el modelo reinante, predominan el extractivismo, la depredación ambiental, la violencia y el acoso y despojo de las poblaciones indigenas y campesinas. 

Para ello es necesario promover la redistribución del trabajo de cuidados y equilibrar las cargas y los beneficios derivados de la relación con los recursos ambientales. 

El cuidado del planeta es parte constitutiva de la sociedad del cuidado, en tanto el modelo transformador solo es viable si es sostenible e integral respecto de las capacidades del planeta y de la dignidad humana.

Hasta hoy este sistema de explotación descansa negativamenta en las Mujeres. Al revisar las horas totales de trabajo no remunerado en función de quién lo realizó se observó que las mujeres cubrieron 70.2  del tiempo total de cuidados y los hombres, 29.8 por ciento. En este trabajo no remunerado los cuidados especializados en los hogares para 2021 fue de 55.6 por ciento en valor económico y 34.9 en horas, ambos realizados fundamentanlmente por MUJERES. ( Cuenta Satélite del Sector Salud 2021. Inegi).

Las horas de trabajo no renumerado también expresan una amplia desigualdad de género. Según Cepal (Comisióin Económica para América Latina y el Caribe), en México éstas son de 44.6 mujeres versus 16.9 hombres (veáse gráfica). 

Sin embargo esta relación se invierte cuando se trata de trabajo remunerado, la participación femenina en el mercado laboral es prácticamente la mitad que la masculina. Una barrera muy importante son la carga de trabajo por cuidados.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) en su documento: “Los cuidados en el trabajo.  Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo”,ofrece una visión general mundial de las leyes y prácticas nacionales relativas a las políticas de cuidados, a saber, la protección de la maternidad, políticas sobre licencia de paternidad, parental, cuidados de larga duración y otras políticas de licencia para cuidados, así como a los servicios de cuidado infantil y los cuidados de larga duración. 

El informe presta atención a las trabajadoras y los trabajadores más frecuentemente excluidos, como los autónomos, los de la economía informal, los migrantes y los progenitores adoptivos y LGBTQI+. 

Concluye con un llamamiento a la acción para invertir en un conjunto transformador de políticas de cuidados que sea el eje de una agenda internacional más amplia sobre la inversión en la economía de los cuidados, que es la vía para avanzar en la construcción de un mundo del trabajo mejor y con mayor igualdad de género.

Del informe se desprenden ocho mensajes-conclusiones fundamentales:

  1. La licencia de maternidad es un derecho humano y laboral universal que, sin embargo, sigue sin cumplirse
  2. La licencia de paternidad es fundamental para hacer posibles los derechos y responsabilidades de los hombres en los cuidados
  3. La licencia parental y otras licencias para cuidados especiales también pueden ayudar a conciliar las responsabilidades laborales y familiares de madres y padres en el curso de su vida
  4. El lugar de trabajo es un sitio importante donde empezar a promover la seguridad y la salud, y salvar vidad 
  5. Los lugares de trabajo que propician la lactancia materna ofrecen tiempo, seguridad de ingresos y espacio para conseguir resultados positivos en materia de nutrición y salud
  6. Los servicios de cuidado infantil son vitales para el desarrollo del niño, el empleo de las mujeres y la creación de empleo
  7. Los servicios de cuidados de larga duración son esenciales para garantizar los derechos a un envejecimiento digno y con salud y a vivir independientemente
  8. El camino a seguir consiste en invertir en conjuntos transformadores de políticas de cuidados

@ramonaponce

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“Los datos de la población disponible en México muestran que, en nuestro país, las mujeres son penalizadas en el acceso al empleo y cuentan con condiciones salariales inferiores tanto por su género como por la maternidad. 

De acuerdo estimaciones del BID20, si en México existiera una política de provisión de servicios de cuidado, la participación laboral de las mujeres incrementaría a alrededor de 8 pp. Esto a su vez, provocaría que el PIB percápita de nuestro país incrementara de manera permanente más de 6 por ciento. 

En este sentido, a través del Comité Nacional de Productividad, y en conjunto con el INMUJERES, IMSS, DIF y Bienestar, se trabaja en el diseño de un sistema nacional de cuidados para población dependiente (infantes, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas, entre otras) que considere a las personas cuidadoras”. Cap. 4 Eje de Política Económica para el mediano plazo. Criterios Generales de Política Económica 2023. SHCP.

El próximo 15 de noviembre el Congreso autorizará el Paquete Económico 2023 y como parte sustantiva el Anexo 13 del presupuesto, enfocado a la igualdad entre mujeres y hombres. 

En este Eje Transversal los recursos propuestos para el Anexo 13 el siguiente año suman 346 mil 077 millones de pesos. Únicamente 7 por ciento de este gasto se destinará a acciones para promover la erradicación de la violencia de género; una cifra irrisoria frente a la enorme dimensión del problema sobre violencia contra mujeres.

Diez feminicidios diarios justifican ampliamente una estrategia con programas y recursos suficientes.

Mientras que la Secretaría del Bienestar absorberá casi 60 por ciento de los recursos para la igualdad con 205 mil 834 millones; Educación Pública concentraría 26.2 por ciento, en tanto que Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría 4.3 por ciento.

En materia de cuidados y su sistema -planteado en los Criterios Generales de Política Económica-, para el próximo año el gobierno contempla  a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se lleve a cabo la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados.

“En el PPEF 2023 se prevén avances para un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) a través del Inegi e Inmujeres.  Se requieren recursos para un SNC, que incluya población sin seguridad social, que contribuya a la equidad intergeneracional y atienda a las personas históricamente vulneradas”.

De acuerdo con su análisis, el gasto en economía de cuidados —considerando los recursos a primera infancia, mujeres e hijos, niñez, adultos mayores, adolescencia y personas con discapacidad— representa sólo 0.5 por ciento del PIB, con una asignación del orden de  39 mil 242 millones de pesos. Totalmente insuficientes.

Aunque son inegables los beneficios que otorgan a las Mujeres programas como becas o el programa para adultos mayores, en un amplio sentido Bienestar Social pasa por una condición sin la cual no se combate con efectividad  la violencia contra las Mujeres, atender su problemática de salud y la brecha de discriminación que enfrentan diariamente en todas los espacios, ya sea laborales o comunitarios.

No puede exitistir bienestar social con el alto nivel de explotación para las Mujeres, llamado eufemisticamente “brechas de género”.

Ahí está la ausencia de una auténtica agenda de género, si los programas actuales para estos efectos no funcionan (así lo dice la evidencia), entonces hay que modificarlos y entonces si, asignar mayores recursos.

Recursos fiscales, porque ninguna empresa por exitosa que sea estará dispuesta a “donar” voluntariamenete para un Sistema Nacional de Cuidados o para combatir los feminicidios. El mecanismo es hacer crecer las finanzas públicas sin endeudarse, basta una reforma fiscal progresiva, acompañada del programa actual “cero evasores”.

No es casual que los gobiernos de Colombia y Chile iniciaran sus proyectos nacionales con la reforma fiscal a fin de allegarse recursos indispensables para atender necesidades de la población largamente posgtergadas, una redistribución del ingreso.

El Colegio Nacional realizó un foro con el tema “El futuro del Bienestar Social”, un tema enorme en las circunstancias actuales, donde las mujeres juegan un rol fundamental. El objetivo era plantear una mirada propositiva.

Participaron panelistas de primer nivel: Clara Jusidman, Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes y la directora Ejecutiva de Oxfam México. La Dra Jusidman fue la primera en enfatizar que no era posible pensar en un futuro de bienestar excluyendo a las Mujeres y su problemática:  los trabajos de cuidados, la discriminación, el acceso a un sistema de salud digno, desigualdad salarial y seguridad entre otros derechos humanos. Así como el papel del Estado, su rol en la dimensión de Bienestar Social.

La desigualdad en toda su dimensión -exacerbada por la pandemia – fue abordada por la directora de Oxfam y Gerardo Esquivel, incluida la desigualdad de género como una factor que ahonda la desigualdad con pobreza.

Prácticamente un consenso fue el tema de la Mujer como generadora de bienestar y esencia de los avances que en esta materia se puedan tener en el futuro inmediato y en el ahora.

Ojalá la discusión que sobre el Anexo 13 considere estas premisas en el momento de analizar la disribución y asignación de los recursos presupuestaes en los diversos programas y Dependencias que conforman este objetivo de construir una agenda de género para la igualdad.

@ramonaponce

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La recuperación del empleo post pandemia se caracteriza por su precariedad, afectando en mayor medida a las Mujeres, provocando una mayor pobreza. En el segundo trimeste de este año y conforme a los resultados de Enoe-Inegi, el trabajo independiente creció al 22.9 por ciento del total de la población ocupada, un nivel de 1.4 puntos porcentuales por arriba del nivel observado antes de las afectaciones generadas por la pandemia en el mercado laboral. 

Son 5.3 millones de Mujeres trabajadoras independientes, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 4.6 millones, un alto crecimiento porcentual del orden de 15 puntos. Esta modalidad de trabajo se ve como una ventana de oportunidad frente al desempleo. 

El llamado trabajo independiente o por cuenta propia se caracteriza por sus bajos ingresos; carecer de derechos laborales, sin acceso a instituciones de salud, sin protección en accidentes de trabajo, donde  las mujeres  son víctimas de acoso laboral y sexual; no tienen estabilidad en el empleo y pueden ser desempleadas en cualquier momento sin poder exigir algún derecho.

El mejor ejemplo son las y los trabajadoras de plataformas digitales como: Uber, Didi, Rappi, etc.; los llamados “gig work” son trabajadoras y trabajadores independientes, por cuenta propia. Les venden la fantasia de compartir la empresa, son emprendedoras y por tanto no son “empleados”, desde esta perspectiva cero derechos.

El pomposo título de “socios repartidores”, esconde una explotación de las y los repartidores porque la premisa de socias permite negar derechos laborales como salud, vacaciones, accidentes de trabajo, etc.. En realidad es una explotación encubierta, no se puede formar un sindicato de“socios”.

El ingreso promedio por hora trabajada de las y los trabajadoras independientes apenas alcanza un promedio de 49.5 pesos, muy inferior a los 78.3 de los empleadores; en tanto que  los datos de personas sin acceso a instituciones de salud es de 13.7 en hombres y 10.5 millones para mujeres trabajadoras, un efecto inegable del “trabajo independiente” (veáse gráfica). 

De hecho las llamadas “socias repartidoras” cuentan con un ingreso mensual promedio de ocho mil pesos, ni siquiera alcanzan diez salarios mínimos.

“Lo cierto es que obtienen muy bajos ingresos, a tal punto que un 20 por ciento declaró que“pasó hambre porque no podía pagar lo suficiente para comer”. Y casi un tercio que no pagaron el monto total de sus recibos de los servicios públicos de sus hogares (luz, gas,agua) en el mes anterior a la encuesta. 

Adicionalmente, un 62 por ciento de los encuestados declaró que perdió parte de sus ingresos debido a dificultades técnicas para marcar la entrada o la salida de sus labores”.

Un factor a considerar es la relación entre trabajo independiente y desempleo juvenil, en las mujeres tiene una tasa de 6.93 para la edad de 15-19 años y 5.77 para 20-29. En contraste la tasa muy baja de 2.06 corresponde del grupo de mujeres trabajadoras con 40-49 años. 

Es sabido que el desempleo más alto del mercado laboral está en la juventud, las altas tasas permiten concluir que no se ha recuperado el nivel de empleo para este segmento demográfico de la población, registrado previo a la pandemia; para mayor información: 7 de cada diez mujeres de 15 a 19 años no tienen acceso a trabajos formales, mucho menos a derechos laborales y sindicalización (ver gráfica).

Y esta situación significa un grave problema social y político generador de pobreza. Según Inegi el trabajo por cuenta propia sumó 345 mil 728 personas a la población ocupada en el octavo mes del año, el trabajo subordinado (generalmente con derechos laborales) tuvo una reducción de 155 mil 726 plazas. 

Implica una amplia desigualdad laboral entre trabajadoras con derechos y las “independientes” sin acceso a derechos laborales, con ingresos muy bajos que las circunscriben a condiciones de pobre intergeneracional.

Los documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema del desempleo juvenil señalan:

“Entre 2019 y 2020, las y los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad experimentaron una pérdida porcentual de empleo mucho mayor que los adultos (definidos como las personas que tienen 25 años o más). 

Muchos de ellos abandonaron la fuerza de trabajo, o no llegaron a incorporarse a ella, debido a la enorme dificultad de buscar y conseguir un empleo en un momento en el que muchos gobiernos imponen medidas de cierre y confinamiento y los empleadores sufrían pérdidas masivas de ingresos como consecuencia del cierre de empresas. 

Además, la fuerte caída de los ingresos familiares y el cambio al aprendizaje a distancia por parte de las instituciones educativas hicieron que la búsqueda de educación y formación fuera más ardua para muchos. En consecuencia, el ya elevado número de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación aumentara a partir de 2020.

El déficit global de empleo de los jóvenes con respecto a 2019 ascendía al 8,2 por ciento en 2020, mientras que el déficit correspondiente a los adultos ascendía a menos de la mitad”. 

@ramonaponce

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Para 2023 el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)  se propone un gasto de 8.29 billones de pesos, con prioridad en los proyectos de la 4T. Este PPEF considera para el siguiente año contratar 8 por ciento más de servidores públicos, más de la mitad de estas nuevas plazas corresponderían a militares y marinos, dando prioridad al problema de la seguridad.

La estimación de los  principales indicadores económicos -Marco Macroeconómico- para la política económica del próximo año algunos son optimistas (veáse gráfica): una inflación del 4.7, la mitad de la actual y con una tasa de interés de 8.9, sus predicciones son del 10 por ciento. Igual la estimación del crecimiento económico del 3.0, difícil de alcanzar estas metas.

Los estimulos fiscales para combustibles se reducen en Premmiun y regular pero se conservan al 100 por ciento para Diesel. Este estímulo ayuda a contener los nieveles de inflación. La carestía es un problema mayúsculo para la población de bajos ingresos, incluso para la reducida clase media.

En materia de Ingresos el presupuesto de 2023 estima que los ingresos tributarios del Gobierno Federal se ubicarán en 4.6 billones de pesos, lo que representa un aumento en los ingresos de 1.7 pp del PIB en relación con lo observado en 2018. Estos mayores ingresos se explican por una serie de medidas que se han establecido desde el inicio de este Gobierno.

Estas medidas incluyen la eliminación de la compensación universal, un mecanismo que permitía que la obligación de pagar un impuesto específico se pudiera cubrir con el saldo a favor de otro impuesto (pago cruzado de impuestos).

Esta era una facilidad que prácticamente ningún país otorgaba y que en México servía para realizar planeaciones fiscales agresivas por parte de las empresas, en detrimento de la recaudación pública. Asimismo, a partir de 2019 se elevó a rango constitucional la negativa de condonación de impuestos, lo cual elimina el incentivo de posponer el pago de impuestos y motiva a que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones fiscales.

Ha sido exitosa la política de ingresos con estas medidas, falta la reforma que obligue a los ricos-ricos al pago de más impuestos. Es indispensable, un Estado sin recursos no puede otorgar buenos servicios y mucho menos construir un piso de bienestar, tan necesario.

Política de Gasto

PPEF 2023 propone un gasto en desarrollo social de 3.9 billones de pesos,  implica un crecimiento real de 9.1 por ciento con relación al monto aprobado para 2022. Al interior, destaca un incremento de 4.0 por ciento en el gasto propuesto en salud, así como un aumento anual de 12.7 por ciento en el gasto en protección social, con lo cual este rubro seguirá alcanzando máximos históricos en beneficio de las mayorías.

En materia de infraestructura, destaca el aumento propuesto de 15.6 por ciento real en el gasto de inversión con relación al monto aprobado para 2022. De manera específica, se proponen incrementos de 21.7 y 9.9 por ciento con relación al presupuesto aprobado en 2022 en inversión física y subsidios de inversión para entidades federativas respectivamente.

El gasto programable pagado para 2023 representará 18.8 del PIB, estimado

Destino del Gasto Público 2023

Son 16 los Programas Prioritarios y significan una cifra de 600.2 millones de pesos aproximadamente. Todos en la línea de política social y económica de la actual administración, por tanto son un reflejo claro de la continuidad y secuencia anual, igual que el presupuesto de 2022.

Dentro de este grupo de Programas Prioritarios destacan:

  1. Pensión de Adultos mayores con una asignación de 335,499.4 millones de pesos. Este programa absorve el volumen de gasto más alto, dentro del grupo de Programas Prioritarios.
  2. Programa de Becas con 83,638.9 millones de pesos
  3. Sembrando vida con 37, 136.5 millones de pesos

Inversión física la que generará desarrollo económico y empleo para 2023 se realizará  en siete Proyectos prioritarios y el mayor volumen de gasto se destina al Tren Maya, con una asignación presupuestal de 143,073.3 millones de pesos.

De hecho la inversión física programada para 2023 muestra un incremento muy importante, del orden de 21.7 puntos porcentuales , en relación a 2022. Es indispensable que hay un crecimiento en la inversión pública ante la austeridad de la inversión privada, como parte del cuestionamiento al gobierno actual.

Tren Maya ha sido y es el proyecto insigna del proyecto nacional de la 4T, la  asignación original con la que inicio ha sufrido cambios cualitativos y cuantitativos, se traducen en crecimiento de los recursos públicos destinados a este proyecto.

Ahora dentro del gasto no programable destaca el crecimiento del costo financiero de la deuda púbica, son 1,079.1 millones de pesos con una variación respecto a 2022 de 29.9 por ciento. Muy explicable con los incrementos de las tasas de interés.

Los riesgos que enfrentarán estos lineamientos de política pública son internos y externos, ambos están considerados en el documento de SHCP: Lineamientos Generales de Política Económica 2023.

Una política monetaria restrictiva que apuesta a tasas de interés altas; inflación con carestía fuerte en alimentos; los precios de los energéticos que se mueven a nivel internacional, con una guerra usando estos recursos para hacer política; los altos subsidios que se han dado y se darán a los precios de las gasolinas y gas LP, con la finalidad de contener el crecimiento de los precios.

Y la realidad es necia, una reforma fiscal progresiva en el futuro inmediato.

@ramona ponce

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Una tarea básica para reproducirnos en la noviolencia consiste en la construcción teórica y práctica de

cuerpos e identidades sociales capaces de desobedecer toda orden deshumanizante.

Pietro Ameglio

Cuando las condiciones de las Mujeres en una sociedad implican desigualdad, violencia y opresión -sin plenos derechos-,  y todas están profundizadas por la pandemia o la forma en que el Estado eligió que se padeciera esta grave situación, se puede afirmar sin temor a equivocarse que el país está muy lejos de una sociedad democrática; con más de la mitad de su población viviendo condiciones deplorables que ponen en riesgo su vida. Agresiones físicas por el encierro, inestabilidad laboral y acoso; carencia de ingresos propios que acentúan su codependencia, con violencia en todas sus modalidades.

En síntesis, eso es lo que reflejan los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021 de Inegi.

Los derechos fundamentales de las Mujeres son violentados y de ello deja constancia esta Encuesta poniendo en entredicho el Estado Constitucional de Derecho, es una violencia impune y normalizada. El primer dato que aflora: “en México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida”.

Nótese dice: a lo largo de su vida, como si de esa violencia solo la librara su muerte. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia, seguida de la violencia sexual. En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia, seguido de la relación de pareja, el principal agresor.

Alrededor de 5.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5 por ciento.

La mayor prevalencia de esta violencia se ubica en:  Estado de México, Ciudad de México y Querétaro. Todas estas entidades superan la cifra del  70 por ciento, siete de c/10 diez mujeres son violentadas.

Respecto a la violencia laboral también hay mucho que decir. Existe el Convenio 190 de la OIT, Sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; sin embargo, el 3 de julio de 2020  el gobierno mexicano depositó el instrumento de ratificación del Convenio ante la secretaría general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El C190 tiene particularidades que ameritan comentarse, una de ellas se refiere a los conceptos de violencia y acoso: la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género (OIT, Convenio 190, Artículo 1, 2019).

A partir del concepto, se advierte una pluralidad de conductas que permite una mayor protección a la trabajadora o trabajador, más aún si son violentados por razones de género. En este sentido, ya existen criterios del Poder Judicial de la Federación que se han pronunciado en favor de la protección de las personas afectadas directa o indirectamente por acoso. Como ejemplo, me permito citar la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito del rubro de Hostigamiento y Acoso sexual en el Trabajo: “los juicios que involucren alguna de esas conductas deben juzgarse con perspectiva de género, aun cuando las mujeres denunciantes y/o víctimas no sean parte procesal” (2021).

También las reformas a la Ley Federal del Trabajo vigente suman protegiendo contra estos tipos de violencias

¿Qué refiere la ENDIREH sobre estos temas?

 ENDIREH considera violencia laboral a los actos y/ o a las omisiones que las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima ejercen, independientemente de la relación jerárquica. Lo anterior no solo atenta contra la igualdad, sino que lesiona la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo.

Según datos de la ENDIREH 2021, 40.0 millones de mujeres de 15 años y más han trabajado a lo largo de la vida y 30.5 millones trabajaron en los últimos cinco años. Del total de mujeres que ha tenido un trabajo, 27.9 de cada 100  han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral:

  • 18.1 por ciento experimentó discriminación laboral,
  • 71.4  por ciento vivió situaciones de violencia sexual,
  • 12.2 por ciento recibió violencia psicológica y
  • 1.9 por ciento vive violencia física.

En el trabajo, las principales personas agresoras reportadas a lo largo de la vida laboral fueron las y los compañeros de trabajo, seguido por las y los jefes o patrones y las y los supervisores capataces o coordinadores (el uso de las jerarquias).

¿Qué obstáculo se enfrentan?

En general siempre este tipo de datos tienen un subregistro, sobre todo los que atañen a la vida laboral, a muchas trabajadoras todavía les va de por medio el empleo pese a que la carga de pruebas ya no descansa en la denunciante.

Pero no es el único factor a resolver en un mercado laboral tan precarizado como el de México. Únicamente 24 por ciento de las trabajadoras están sindicalizadas y de ahí hay que restar los contratos de protección o fantasmas, defienden la patronal. Estar afiliadas a un sindicato puede ser un apoyo importante en la defensa de sus derechos.

Además el altísimo nivel de informalidad laboral en que sobreviven más de la mitad de las mujeres trabajadoras, incluso sin contrato escrito ¡Sin piso firme y expuestas a todo tipo de atropellos!

Y el aspecto cultural que juega un papel preponderante, es una sociedad que ejerce una violencia machista y patriarcal “normalizada” en todas las esferas y desde la niñez hasta la vejez de las Mujeres; así no debe sorprender que ellas tengan un alto umbral a la violencia en el mundo laboral (ser obedientes); porque la han experimentado en casa como hijas o hermanas, posteriormente en su familia nuclear por sus parejas, con total impunidad.

Es indispensable crear conciencia social anti-violencia y en favor de una sociedad de paz democrática y con derechos humanos. Desde las escuelas y los libros de texto, centros de trabajo y vida comunitaria. Todos y todes. @ramonaponce

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“En cuanto a los indicadores de pobreza laboral según el sexo de la jefatura del hogar, para el primer trimestre de 2022, el monto de los ingresos laborales promedio per cápita de un hogar encabezado por una mujer se estimó en $2 mil 667.58 pesos mexicanos; mientras que para los hogares encabezados por hombres en $2 mil 922.26 pesos.

Esta brecha salarial también se expresa en el porcentaje de hogares que no cuenta con ingresos laborales suficientes para acceder a la canasta alimentaria, que es de 43.4 por ciento en el caso de hogares con jefatura femenina, en contraste con 37.0 por ciento para hogares con jefatura masculina.

En relación con la identidad, las diferencias salariales según sexo,  pertenencia étnica y edad también revelan brechas de desigualdad. Las mujeres continúan en una situación de desventaja frente a los hombres, cuyos salarios promedio son 24.4 por ciento más altos que el promedio de los salarios que reciben las mujeres

Otra desigualdad de género importante es el porcentaje de personas ocupadas en situación de pobreza laboral. En las mujeres alcanza 15.5 versus 9.9 en los hombres, casi el doble”.

Las anteriores son afirmaciones que forman parte del diagnóstico que sustenta las propuestas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.

Para 2022, y conforme a las cifras de esta institución, la desigualdad de género se mantiene y mantendrá mientras no se tomen medidas tendientes a conformar una igualdad. La informalidad laboral —que implica la falta de derechos laborales— también es una fuente de desigualdad para las mujeres, aspecto que se recoge y además se demuestra en las propuestas de Coneval. 

Si se compara el ingreso laboral real de las personas con un empleo formal versus informal, la diferencia es del doble: el trabajador formal gana en promedio $9 mil 311.80 pesos y el informal, $4 mil 544.10 pesos.

Por desgracia, son mujeres las que predominan en la informalidad laboral con un porcentaje de 55.9 puntos; destaca que 14.4 corresponden a empresas o instituciones y gobierno, quienes emplean trabajadoras sin brindarles derechos laborales (datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022).

Imagen: Coneval

Como se aprecia en el cuadro anterior, para el segundo trimestre de 2022, el ingreso laboral real femenino fue de $5 mil 665.87 pesos (señalado en color azul), 1.3 veces inferior a los $7 mil 124.25 pesos de la población masculina (en color verde). La variación real respecto al mismo trimestre de 2021 también es muy desigual: 2.5 en hombres y únicamente 1. 7 puntos porcentuales en mujeres (véase gráfica).

Las mujeres y la niñez son víctimas de violencia física y violencia económica, dos aspectos estrechamentee vinculados, de tal forma que las desigualdades aquí expuestas las vuelven comunidades más susceptibles de vivir múltiples problemas con carencias de toda índole.

Precisamente, una de las consideraciones de Coneval para el PEF 2023 es incentivar la generación de empleos formales y combatir la informalidad laboral tan perniciosa, lo que acompañado de una sólida perspectiva de género permitiría eliminar desigualdades básicas.

Las propuestas para el presupuesto se desagregan por temas; en materia de trabajo, destacan:

  • Impulsar la adopción de incentivos tributarios, promoviendo una política encaminada a elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y favorecer su crecimiento a través del crédito.
  • La estrategia de formalización laboral deberá incluir medidas específicas para los grupos más afectados, como hablantes de lenguas indígenas, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, consideración del trabajo doméstico remunerado, entre otros
  • Se requiere una vigilancia permanente a través de la inspección para aumentar la formalización de los contratos personales y colectivos, ya que se asocia este factor con el acceso a las prestaciones de ley.
  • Resulta necesario introducir acciones afirmativas que fortalezcan las capacidades de las mujeres respecto al emprendimiento de negocios .
  • Es indispensable reactivar protocolos e implementar acciones emergentes para la erradicación del trabajo infantil a fin de que, de  manera  coordinada, se dé cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, se sugiere mantener la política orientada a la recuperación de los salarios mínimos ya que, cuando los salarios son bajos, no existe un incentivo hacia la formalización del empleo.

No discriminación

  • Diseñar una estrategia de atención integral en la que se vinculen las acciones de combate a la violencia de género con los programas y estrategias para fomentar la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres.
  • Promover la formalización del empleo e implementar políticas de mercado laboral que eliminen la discriminación laboral de género y contribuyan a la reducción de las brechas de capacitación y acumulación de experiencia laboral (Coneval, 2021).
  • La política pública debe estar orientada a la construcción de un marco de igualdad de oportunidades basado en el reconocimiento de la vejez como una etapa propia del curso de vida que permita suprimir la exclusión que experimentan las personas adultas en distintos ámbitos sociales a causa de su edad.

Seguridad social

  • Seguro de desempleo contributivo.
  • Programas que contribuyan a garantizar un ingreso mínimo, entre otras mejoras.
  • Se debe trabajar en la consolidación de un sistema de protección social universal, articulado  con  instrumentos  contributivos,  basado  en  un  enfoque  de  derechos, sensible a las  diferencias  entre  grupos  poblacionales  y  orientado  a  disminuir  las desigualdades,  que  permita  mitigar  los  riesgos  asociados  al  curso  de  vida  y  a contextos de crisis.
  • La pandemia por la COVID-19 ha generado múltiples desafíos como la atención de las secuelas de la enfermedad, el incremento de los problemas de salud mental y los rezagos en salud sexual y reproductiva, entre otros, mismos que será necesario atender en el corto, mediano y largo plazo.

Educación

  • Es  necesario  generar  acciones  públicas  como  becas,  opciones  de  transporte público,  así  como  fortalecer  los  programas  que  buscan  disminuir  el  abandono escolar,  focalizando  a  personas  en mayor  situación  de  pobreza  y  desigualdad.

Alimentación

  • Retomar y fortalecer los apoyos alimentarios que se les brindan a través de comedores escolares y cocinas comunitarias.
  • Retomar la implementación de jornadas de tiempo completo acompañadas de servicio de alimentación en escuela, principalmente, en aquellas con mayor grado de rezago educativo.

Todas y cada una de las propuestas contenidas en el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2023 son indispensables, imperdibles. Se sustentan en un análisis apoyado en datos duros incuestionables y merecen ser consideradas en la formulación del proyecto de presupuesto federal para el 2023.

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