La justicia debe ir más allá de buscar un castigo penal para agresores y tiene que modificar las estructuras sociales y culturales que permiten que las mujeres sean violentadas, y se bloquee su exigencia de justicia y reparación del daño cuando denuncian delitos.
Así lo dijeron especialistas en Derecho durante el Foro Nacional “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género”, que se realiza en un hotel de esta capital y que tiene como objetivo presentar herramientas a las y los profesionales del Derecho que les permitan litigar desde la perspectiva de género y los Derechos Humanos (DH).
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que “el grado de acceso a la justicia es indicador de la democracia y de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, y al mismo tiempo reconoció que aún no se logran los cambios estructurales que permitan que las mujeres accedan a la justicia.
Precisó que aunque se han dado avances en el terreno institucional y legislativo, aún no se logra transitar a un sistema judicial que emita sentencias con enfoque de género y DH.
Puso como ejemplo que las y los agentes del Ministerio Público “dicen que a las mujeres les gusta vivir en la violencia cuando desisten de una denuncia”, cuando lo que se debe entender es que se desisten porque viven el “círculo interminable de violencia, y ese círculo es el que debemos ayudarles a romper”.
El funcionario reconoció que existen muchos retos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, de manera particular para las más pobres y las indígenas, quienes no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia cuando denuncian.
“Invitarlas a denunciar debe necesariamente estar acompañado de un respuesta eficaz por parte de las instituciones del Estado”, aclaró.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, ex titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que el trabajo de las y los abogados debe ir acompañado del empoderamiento de las víctimas, pues son ellas las que deben decir la forma de reparación del daño.
Sostuvo que actualmente existe una desconfianza absoluta hacia las instituciones de justicia, y ejemplificó con el hecho de que las madres de víctimas de feminicidio exigen la participación de especialistas internacionales para la identificación de los restos de sus hijas, ya que dudan de la forma de operar de las autoridades mexicanas.
Por lo que –dijo– el litigio estratégico en estos casos debe apuntar a modificar los patrones sistemáticos y estructurales de agresiones y omisiones que se dan en contra de las mujeres.
Karla Micheel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), sostuvo que pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero –referente a la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua–, dentro del sistema de justicia aún siguen pesando los prejuicios de género que derivan en que las autoridades estigmaticen y culpabilicen a las víctimas de feminicidio.
14/AZM/RMB
octubre 2014
Exigen en San Lázaro justicia para víctima de violencia obstétrica
La diputada federal por el PRD María de Lourdes Amaya Reyes presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y de Oaxaca a garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño a la indígena de origen mixteco Irene Cruz Zúñiga, víctima de violencia obstétrica y morbilidad materna, y quien desde 2001 vive postrada en una cama.
El exhorto turnado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados busca que las dependencias federales y locales acaten el acuerdo judicial emitido en diciembre de 2013 por el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca, en el que se pide otorgar una indemnización y rehabilitación para Irene y su familia.
Es de recordar que por la carencia de servicios médicos cercanos a su localidad, y como consecuencia de una mala aplicación de anestesia en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tlaxiaco, Oaxaca, Irene Cruz perdió la movilidad totalidad, lo que ha generado desde hace 13 años una considerable carga de trabajo para su familia (Cimacnoticias 1 de agosto de 2014).
Las omisiones y dilaciones –comunes en la búsqueda de justicia de las mujeres indígenas– por parte de las autoridades de justicia oaxaqueñas permitieron que los delitos de lesiones culposas y mala práctica médica prescribieran, no obstante se emitió un acuerdo judicial que busca modificar las fallas estructurales que permitieron los hechos, así como una reparación integral del daño que vaya más allá del encarcelamiento de las personas responsables.
En el punto de acuerdo se exhorta a Mercedes Juan López, secretaria de Salud federal, y a su homólogo en Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, adoptar la formación permanente y periódica de su personal médico en el primer y segundo nivel de atención sobre situaciones de “urgencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad”.
También se llama a brindar el equipamiento necesario a los Centros de Salud de Oaxaca para dar atención de calidad y calidez, y también se pide contratar personal profesional capacitado y permanente.
En segundo lugar, el punto de acuerdo exhorta al director general del IMSS, José Antonio González Anaya –a través de la delegación en Oaxaca–, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene y sus familiares, así como el pago de una indemnización.
Igualmente, adoptar un modelo de formación del personal del Hospital de Tlaxiaco en materia de Derechos Humanos, urgencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad.
Se pide también al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca implantar conforme al acuerdo judicial las medidas de satisfacción necesarias, incluida una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito (hijo de Irene) en el sistema educativo básico, medio y superior.
Y finalmente se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO) a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la familia de Irene, al no garantizarles el acceso a la justicia durante estos 13 años.
14/AZM/RMB
La impunidad en 98 por ciento de delitos denunciados como feminicidio y desaparición de mujeres y jóvenes, el incumplimiento de las sentencias internacionales, la falta de acceso a la justicia y la verdad por los crímenes del pasado, y la limitación de la protesta social son algunos de los motivos que suscitaron la actual crisis de Derechos Humanos (DH) en México.
Ayer, durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington, grupos civiles expusieron a las y los comisionados la realidad de violaciones a DH en el país, y que contrasta con los discursos de buenas intenciones del Estado mexicano.
Aunque las y los funcionarios que asistieron en representación del Estado reconocieron “los retos” que se enfrentan en la materia, dieron respuestas generales y se limitaron a enlistar los programas nacionales creados, pero que no han sido aterrizados en entidades y municipios.
Durante la audiencia “Impunidad por graves violaciones de DH en México”, Ivonne Mendoza, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, en Ciudad Juárez, Chihuahua (Cedimac), denunció el persistente desinterés del Estado por investigar con la debida diligencia la desaparición de mujeres y el feminicidio que continúan en la entidad.
Recordó que durante los años 90 hubo un gran número de desapariciones de jóvenes que se dirigían de la periferia al centro de Ciudad Juárez, especialmente a estudiar en una escuela de computación, patrón que aún se repite y que se registró de manera alarmante en los últimos dos años, sin que se haya abierto esa línea de investigación.
“Al ver que sus hijas no vuelven a casa, las familias invierten todo su tiempo en su búsqueda; proveen de información a las autoridades, quienes no realizan las pesquisas necesarias para localizarlas, y cuando las encuentran es de forma fortuita; después del hallazgo de los restos el proceso de identificación puede tardar de uno a dos años”, narró la activista a las y los comisionados.
En la audiencia se expuso que las graves violaciones a DH contra la ciudadanía continúan en la impunidad, pese a las recomendaciones y llamados internacionales.
Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), dijo que sólo el 1 por ciento de las denuncias presentadas llegan ante el juez.
“El problema endémico y sistemático de la impunidad es consecuencia de la falta de capacidad del Estado para investigar con la debida diligencia, y falta de voluntad para investigar casos en los que se encuentra involucrado su propio personal; esa falta de capacidad se ve agravada en el actual contexto de violencia”, abundó.
También se realizó la audiencia “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México”, en la cual Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero, lamentó la impunidad de 40 años en crímenes como detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, “pese a la incansable lucha de las familias por encontrar la verdad y la justicia”, sobre todo de las madres que no dejan de esperar por sus hijos.
“En esa búsqueda incansable de verdad y de justicia han muerto ya madres de víctimas”, apuntó Alicia de los Ríos Medino, representante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, al sostener que a la par de que no se han resuelto las desapariciones, tampoco se ha hecho nada por detenerlas, pues la cifra oficial es de más de 22 mil personas desaparecidas, a quienes se suman los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.
Martha Alicia Camacho Loaiza, víctima de desaparición forzada por parte de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), elementos de la Policía Judicial de Sinaloa y miembros del Ejército, en 1977, expuso ante la CIDH la insistencia de la Procuraduría General de la República por cerrar su caso, lo que evidencia la resistencia del Estado por reparar el daño a las víctimas de la llamada “guerra sucia” (periodo de represión en los años 70).
Debido a que las instituciones de procuración y administración de justicia mexicanas “no sirven”, se recurre a la protesta social para denunciar las graves violaciones a DH y afectaciones que sufre el grueso de la población; no obstante en los últimos años la libertad de expresión y manifestación social han sufrido una serie de limitaciones y obstáculos, denunció ante la CIDH el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Por ejemplo en tres meses, cuatro entidades (Quintana Roo, Puebla, Chiapas y el DF) aprobaron legislaciones que restringen la protesta social, y en algunos casos incluso permiten el uso de la fuerza pública para impedirla.
Es de mencionar que incluso durante la audiencia que el propio Estado mexicano solicitó para exponer la reciente promulgación del Programa Nacional de Derechos Humanos, grupos civiles sostuvieron que ante la preocupante situación de DH que atraviesa México “la respuesta del Estado pareciera ser asistir a foros y eventos internaciones, y no realizar acciones concretas”.
Durante todas las audiencias el Estado mexicano recibió severos cuestionamientos sobre la forma en que se aterrizarán las reformas legales, programas nacionales y estrategias en estados y municipios.
También se demandó esclarecer los recientes hechos en Tlatlaya, Estado de México (donde el Ejército asesinó a civiles), y Ayotzinapa, Guerrero, donde desaparecieron los 43 jóvenes normalistas.
14/AZM/RMB
Proponen incluir a las capitalinas en gestión del agua potable
La agrupación Mujer y Medio Ambiente presentó ayer durante el Seminario “Igualdad de género y Derechos Humanos en la Ley de Aguas del Distrito Federal”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), una propuesta para incorporar un enfoque de género en esa legislación.
Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la organización, señaló en declaraciones a Cimacnoticias que existe una desigualdad en el acceso y distribución del agua en esta capital, y que impacta de manera específica en las mujeres debido a los roles tradicionales de género.
En la Ciudad de México 152 mil 623 personas (los datos no están desagregados por sexo) no disponen de agua entubada, y el 90 por ciento de quienes sí cuentan con la infraestructura no ven irregularidad en el suministro o mala calidad del líquido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según Rodríguez Herrera, la propuesta es para que la exposición de motivos y el apartado de sustentabilidad de la Ley de Aguas del DF consideren los aportes de las capitalinas –urbanas y rurales– para el cuidado, uso y preservación del agua.
Asimismo que informe sobre el impacto diferenciado de la contaminación o el desabasto del recurso, y destine montos específicos para que las mujeres hagan un mayor aprovechamiento del vital líquido.
Brenda Rodríguez detalló que la propuesta de reforma para la Ley de Aguas también considera reformar las reglas operativas para la “gestión democrática del agua”, a fin de que su abasto se fundamente en un esquema colegiado en el que participen las mujeres y los grupos civiles.
La propuesta también incluye la creación de contralorías sociales de aguas que estén integradas por un número igual de mujeres y de hombres.
La activista detalló que la propuesta incluso podría ampliarse para que el derecho a la tierra esté desvinculado del derecho al agua, ya que ha habido casos en los que las mujeres no pueden tomar decisiones respecto al agua porque no tienen la tenencia de la tierra donde viven.
Pidió que dentro de la ley se establezca un programa de género y agua en el sistema de aguas que institucionalice un enfoque de género en todas las políticas hídricas. Explicó que las activistas ya están en busca de las y los legisladores locales para darles a conocer a profundidad el proyecto.
En tanto, Silvia Emanuelli, integrante de la Coalición Internacional para el Hábitat, abundó que el desabasto de agua implica a las mujeres (quienes realizan en mayor proporción que los varones tareas del hogar no remuneradas) el uso de horas que podrían ser invertidas en educación u otras actividades de participación; además, de que se deben valorar los riesgos que implica para ellas hacer uso del recurso en lugares lejanos a sus casas.
14/AJSE/RMB
Piden que municipios de Coahuila tengan Instancia de la Mujer
De los 38 municipios que tiene el estado de Coahuila, en 14 no hay una Instancia Municipal para la Mujer, lo que complica brindar atención integral a las problemáticas que afronta la población femenina en la entidad.
La violencia intrafamiliar y la discriminación son los principales problemas debido a que no hay instancias cercanas que brinden apoyo a las mujeres.
Con base en lo anterior, 14 mil 15 mujeres coahuilenses presentaron ayer ante el Congreso local una Iniciativa Popular para expedir el decreto mediante el cual se adiciona el numeral 8 a la fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila.
El objetivo es que todos los municipios cuenten con una instancia encargada de vigilar y actuar sobre las principales necesidades de las mujeres, sobre todo en los sitios más alejados y donde prevalece la población rural, como en los municipios de Ocampo, Nadadores, y Sierra Mojada.
Mayela Chávez Burciaga, directora del Centro de Apoyo Opciones Dignas de Acuña y coordinadora regional noreste de la Red Nacional de Refugios, presentó esta iniciativa junto con otros organismos de la sociedad civil.
“Lo que hemos visto en estos municipios es que las mujeres no tienen donde canalizar sus necesidades; sentimos que deben ser atendidas por una instancia especializada; se trata de una acción afirmativa que proponemos al Congreso del estado”.
De los 38 ayuntamientos de Coahuila, 24 sí cuentan con una Unidad Municipal para la Mujer, mientras que en la región norte, en Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos y Villa Unión, carecen de esta instancia, lo mismo en la región carbonífera, los municipios de Juárez y Progreso, y en el sureste, en la localidad de Arteaga.
Aunque existe una Línea 075 para atender la violencia contra las mujeres, no es suficiente para dar cobertura a todas las localidades, y muchas madres de familia que son agredidas tienen como única instancia al Ministerio Público.
“Sabemos que estos funcionarios en su mayoría no tienen la perspectiva de género y no le dan la importancia adecuada a las situaciones de violencia, en cambio cuando hay personal especializado se les canaliza al refugio más cercano”.
Mayela Chávez indicó que el flagelo que padece la mayoría de las mujeres en Coahuila es el del maltrato por parte de su pareja, aunque en la región norte donde hay una gran cantidad de maquiladoras, las empleadas están sujetas a políticas discriminatorias como la condicionante de su edad o el peso corporal para conseguir trabajo.
El presidente de la Junta Directiva del Congreso local, Eliseo Mendoza Berrueto, recibió la propuesta y aseguró que se turnará a comisiones para su análisis.
El numeral 8 del artículo 102 del Código Municipal del Estado de Coahuila, como lo proponen las 14 mil mujeres firmantes, contempla “contar con una Instancia Municipal de la Mujer, con el fin de institucionalizar la perspectiva de género y crear criterios de igualdad, fortaleciendo la ciudadanía de las mujeres y asegurar la igualdad de oportunidades al eliminar las desventajas por la condición de género”.
Chávez Burciaga recordó que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, al elaborar su Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 identificó el tema de la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres como una de las prioridades de su gobierno, mientras que la Secretaría de las Mujeres elaboró el Programa de Igualdad de Género para contribuir a la generación de políticas públicas igualitarias.
Con base en lo anterior, las solicitantes apelaron a que dicha iniciativa popular prospere en el seno del órgano legislativo.
14/SN/RMB
Mujeres de 5 países inician caravana migrante el 20 de noviembre
Mujeres y activistas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México anunciaron su próxima participación en la Caravana de Madres en Busca de sus Hijas e Hijos Migrantes, que el próximo 20 de noviembre se reunirá en El Ceibo, Chiapas, hacia Tenosique, Tabasco, en la frontera sur de México, para comenzar su recorrido por el país.
Al participar en esta capital de Costa Rica en el Encuentro Regional de Protección de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, las mujeres afirmaron que en México hay una alarmante situación de violencia, y una política migratoria ajena a los Derechos Humanos (DH) que pone en riesgo la vida de todas las personas migrantes.
En el encuentro organizado por la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS, por sus siglas en inglés), Martha Sánchez Soler, líder del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien encabeza a la Caravana, denunció que mujeres y hombres son obligados a emigrar ante el incremento de la violencia y la pobreza extrema en sus lugares de origen.
LA CARAVANA
Sánchez Soler comentó que en las primeras caravanas las mujeres hacían viajes de búsqueda por Centroamérica, en autobuses comerciales y sin documentación, pero se descubrió que allí hay Comités de Madres que están en busca de sus familiares.
En ese contexto, desde 2010 las caravanas toman relevancia con una ruta más larga, más visible, con una agenda amplia para visibilizar los riegos en el tránsito migratorio y las violaciones a DH de personas migrantes.
Las activistas advirtieron que antes de la masacre de 72 migrantes en el estado mexicano de Tamaulipas, en agosto de 2010, las autoridades mexicanas negaban esta realidad de desaparición de migrantes. Hoy son entre 70 y 120 mil las personas a quienes se les ha perdido el rastro en su tránsito por México, según se informó.
En muchos casos las madres tienen la última comunicación con sus familiares cuando ellos están en algún estado mexicano. Así comienza la búsqueda, y ellas tratan de localizarlos en cualquier lugar, así sea en cárceles o en hospitales. Hoy se calculan 40 mil cuerpos en fosas clandestinas que pueden ser de migrantes, más las fosas no localizadas.
Las activistas señalaron que las desapariciones de mujeres no son registradas ni denunciadas por la creencia de que se fueron con alguna pareja sentimental, lo que impide la búsqueda.
La Caravana no lleva un registro de las personas encontradas, sin embargo se sabe que hay un porcentaje mínimo de mujeres encontradas porque ellas son blanco fácil de explotación sexual forzada o trata de personas, lo que dificulta su localización.
Tal es el caso de Honduras donde, según datos del Comité de Madres de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro), existe un registro de 456 personas desaparecidas, de las cuales 20 por ciento son mujeres.
Rosa Nelly Santos, integrante de Cofamipro, explicó que las mujeres generalmente son explotadas o están en cárceles donde son procesadas como tratantes y no como víctimas. En 2014 fueron localizados nueve hondureños y tres hondureñas.
CONTEXTO MEXICANO
Fray Tomás González, director del albergue “La 72”, en Tenosique, Tabasco –organización que desde abril de 2013 cuenta con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las amenazas que ha recibido–, declaró que a pesar de que en México se dan todas las modalidades de migración, es el principal expulsor de migrantes con casi 12 por ciento de la población saliendo del país, 25 por ciento contando a la población mexicana nacida en el exterior.
“México parece querer desalentar la migración hacia Estados Unidos mediante la criminalización, la violencia y el terror”, refirió Martha Sánchez Soler.
Consideró que desde 2006 que comenzó el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, la política mexicana en materia de migración obedece a una lógica de seguridad nacional plasmada en la Ley de Migración y en el Programa Frontera Sur, con el que se pretende reforzar la frontera con Guatemala y alejarse de la protección de los DH.
Además los peligros de la migración se siguen recrudeciendo, como los secuestros, extorsión, violencia contra las mujeres –en la que seis de cada 10 son violadas–, discriminación y las detenciones arbitrarias e ilegales.
Ante ello, Sánchez Soler denunció la complicidad de autoridades en los actos criminales contra migrantes, razón por la cual no se siguen las denuncias.
Anita Zelaya, representante del Comité de Familiares de Migrantes de Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) y madre de un migrante desaparecido hace 12 años, contabilizó más de 300 casos de personas salvadoreñas desaparecidas, de los cuales 260 están en el banco de ADN para su búsqueda entre vivos y muertos.
Zelaya abundó que el trabajo de los Comités de Madres de Migrantes Centroamericanos provoca graves afectaciones a la salud, por lo que las familias también son víctimas, toda vez que se ven vulnerados sus derechos a la salud y al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.
La costarricense Gabriela Rodríguez Pizarro, integrante del Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (Cidehum) y ex relatora especial sobre los Derechos de Migrantes de la ONU, refirió que la violencia en la región está relacionada con otras problemáticas.
“Inequidad de género, abuso de poder, vulnerabilidad de la niñez para ser incluidos en ‘maras’ y pandillas, y mucha violencia que generan los ‘coyotes’ (traficantes de personas) y las organizaciones del crimen organizado transnacional. Son múltiples factores que están generando esta situación migratoria rodeada de una violencia extrema, donde no existe protección para los DH de los migrantes”, destacó.
La Caravana arranca en México el próximo 20 de noviembre en El Ceibo, Chiapas, donde se sumarán los Comités de Madres de Migrantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, para cruzar los estados de Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal y Oaxaca.
Se prevén eventos públicos y reuniones con funcionarias y funcionarios mexicanos. La ruta ya está disponible en www.movimientomigrantemesoamericano.org.
14/CCO/RMB
Se organizan indígenas guatemaltecas contra “despojo cultural”
Guatemala.- Durante el “Encuentro de Mujeres Indígenas a nivel Nacional”, efectuado en el municipio de San Lucas Tolimán, al sur occidente de Guatemala, 400 mujeres de diversos departamentos (estados) abordaron la falta de políticas públicas en educación, acceso a la salud, acceso a la tierra y al desarrollo rural.
Yolanda Oquely, una de las organizadoras, dijo que las indígenas están sumamente preocupadas por el modelo económico que pretende imponer el gobierno, que tiene una estrategia de despojo cultural, costumbres, idiomas, vestuario y los valores de la cultura ancestral, y ante el cual ellas exigirán sus derechos. (Con información de la agencia de noticias Cerigua).
Más de la mitad de las europeas teme ser víctima de violencia
España.- De acuerdo con la primera encuesta sobre violencia de género, realizada entre 42 mil mujeres europeas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), 53 por ciento de las encuestadas dijeron evitar ciertos lugares o situaciones por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales.
Un 18 por ciento dijo haber sufrido acoso a partir de los 15 años de edad. Con los resultados de la encuesta se pretende apoyar las políticas contra la violencia de género, para que aborden adecuadamente el problema. (Con información de la agencia de noticias AmecoPress).
Convoca Colmex a participar en revista sobre estudios de género
México.- El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México (Colmex) convocó a la comunidad académica en estudios de género a participar con trabajos de investigación en la “Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colmex”, a publicarse en la segunda quincena de enero de 2015.
Las y los interesados en participar en la publicación digital y semestral podrán enviar artículos académicos, investigaciones, reseñas de libros o entrevistas temáticas. Para mayor información, escribir a Karine Tinat, coordinadora del PIEM, al correo [email protected].
14/GMV/RMB
Las mujeres de América Latina (AL) enfrentan una severa crisis de violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, denunciaron activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 153 periodo de sesiones que se celebra en Washington.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC) –junto con otras organizaciones– abordaron la falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el incremento en la violencia obstétrica, los embarazos en adolescentes, y la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos.
Durante la audiencia temática sobre esos derechos, las organizaciones, entre las que se encontraba Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señalaron que si bien hay especificidades en cada una de las naciones de AL, regionalmente hay una restricción para que las mujeres accedan a sus derechos.
Esto –dijeron– se ve reflejado en que AL, pese a los compromisos asumidos internacionalmente por cada país, tiene una alta tasa de mortalidad materna (MM), ya que a nivel regional la razón es de 81 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. Bolivia es la nación con la tasa más elevada con 91 decesos por 100 mil nacidos vivos.
A lo que se suma que a diferencia de las tasas de natalidad en mujeres adultas que disminuyen constantemente, el embarazo en adolescentes se incrementa continuamente. Y es que en AL una de cada cuatro mujeres presenta un embarazo antes de cumplir los 20 años de edad.
Señalaron que se cuenta con poca información sobre los embarazos en menores de 14 años, pues en ellas las gestaciones son comúnmente relacionadas a violencia sexual e incesto, “de lo que apenas conocemos la punta del iceberg”, advirtieron.
Expusieron también la severa limitación para acceder a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), ya que en Honduras está completamente prohibida y en Perú sólo se comercializa y no se oferta en el sector público, lo que es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Esas limitaciones de acceso a anticonceptivos se dan en un contexto de severa criminalización del aborto y en el que los países no han revisado sus legislaciones para la interrupción legal del embarazo, y expusieron el caso de las 17 salvadoreñas encarceladas por el delito de aborto, cuando en realidad presentaron abortos espontáneos.
Las activistas también advirtieron la inexistencia de políticas públicas adecuadas, bajos presupuestos, y el sistemático maltrato y agresión que se comete en los “deficientes servicios de salud, en donde no existe alguna capacitación del personal sobre DH y perspectiva de género”.
Dentro de esos servicios también se dan actitudes severamente discriminatorias para las mujeres indígenas y lesbianas.
Por ello solicitaron a la CIDH que a su vez pida a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) considerar los derechos sexuales y reproductivos como un tema prioritario en su agenda.
También demandaron un seguimiento puntual sobre las acciones específicas de las naciones para garantizar esos derechos, y de ser posible realizar visitas periódicas a las naciones con mayor vulneración a estas garantías.
14/AZM/RMB
Las seis mujeres que aspiran a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de las 21 personas registradas, coincidieron en que el gran reto de la dependencia es lograr la credibilidad ante la opinión pública.
Durante sus comparecencias –el pasado martes y hoy– ante las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, las seis aspirantes dieron a conocer los programas de trabajo que emprenderían en caso de ser nombradas como presidentas del órgano autónomo creado en 1990, para defender y proteger los derechos de las víctimas.
Patricia Olamendi Torres, ex subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, propuso ciudadanizar a la CNDH, es decir, abrir las puertas a la participación democrática y trabajar de la mano con las organizaciones civiles.
Frente a las y los senadores, sostuvo que es importante que todas las personas que acuden a denunciar alguna violación sean atendidas y obtengan una respuesta.
“Busquemos efectivamente que pueda repararse el daño provocado y demandar penalmente la reparación cuando se requiera”, expuso y agregó que de llegar a la presidencia de la CNDH también buscaría trabajar de la mano de las víctimas, para que éstas sean quienes definan la forma en que se les repare el daño.
Quien también fue coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mescvi) aseguró que buscará que la CNDH cumpla con su función preventiva para evitar la repetición de violaciones graves a los Derechos Humanos (DH), lo que podría hacerse con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Olamendi también propuso la “transparencia en todas y cada una de las acciones y procedimientos que se lleven a cabo, y promover un amplio conocimiento de los DH y las libertades a través de los sistemas educativos.
En su turno, la ex titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de personas (Fevimtra), Sara Irene Herrerías Guerra, dijo que la CNDH debe orientar los recursos presupuestarios a la operatividad de la institución, el seguimiento de las quejas, el monitoreo constante, investigaciones exhaustivas e inmediatez en la atención.
Ante las y los senadores dijo que “las instituciones públicas no deben ver a la CNDH como un enemigo que las fiscaliza, sino como un aliado que las ayuda a cumplir sus funciones en el marco del respeto a los DH”.
Para la candidata, una de las tareas de la Comisión –de llegar a la presidencia– es la educación en DH para reconstruir la cultura de paz, y las quejas deben ir más allá de encontrar responsables y buscar un castigo, pues deben buscar combatir las causas que originaron el hecho violatorio, ya que “este país necesita reconstruir su tejido social para llegar a la paz que todas y todos anhelamos”.
Herrerías Guerra planteó la construcción de una plataforma de seguimiento a los casos de feminicidio en todo el país, y pidió un procedimiento y mecanismo para agilizar la elaboración de quejas en los lugares en donde estén los grupos de mujeres con mayor vulnerabilidad, según consta en el documento entregado al Senado.
Durante su presentación, la doctora en Ciencias de la Educación María Teresa Vallejo Pérez sostuvo que busca una “reingeniería de la CNDH, donde exista una visitaduría que atienda a niñas, niños y adolescentes”.
Vallejo Pérez, quien ha sido defensora de DH y docente académica –según consta en la información entregada al Senado–, demandó fortalecer al organismo mediante la participación de la sociedad civil organizada, con reuniones dos veces cada ejercicio fiscal.
Así como una reforma en el procedimiento mediante el cual se define al Consejo Consultivo de la CNDH, y una reingeniería en el presupuesto respecto a los salarios y gastos de las y los funcionarios del organismo.
Por su parte, María del Carmen Acosta Jiménez, maestra en Derecho y ex funcionaria de la subsecretaría Jurídica del gobierno del estado de Jalisco, presentó una propuesta de trabajo con visión ambiental.
Acosta Jiménez, quien exigió a las y los senadores igualdad como candidata y ser cuestionada y escuchada como otros candidatos que se extendieron en el tiempo de su presentación, sostuvo que su tarea ante la CNDH sería lograr la credibilidad de la institución y promover la conciliación, “pues no se trata de generar conflictos sino puntos de coincidencia”.
De acuerdo con su plan de trabajo, la CNDH buscaría actuar de manera inmediata ante las quejas de las víctimas, pues la búsqueda de un castigo “se perdió con los años”, y propuso la creación de 12 programas sistemáticos, entre ellos un programa de “motivación e innovación de calidad de vida y trabajo para las personas de la tercera edad”.
Mientras, la diputada por el PRI con licencia Miriam Cárdenas Cantú señaló que en caso de presidir la CNDH buscará que la “conciliación sea el eje mediante el que se resuelvan la mayoría de las quejas”, mediante el establecimiento de mesas de trabajo, pues se ha visto que ése es el interés principal de las y los peticionarios.
Agregó que se debe atender cada queja con prontitud y eficacia, profundizar en la investigación y emitir recomendaciones que busquen reparar el daño.
La ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (2001-2005), quien dijo sentirse ofendida de que se ponga en duda la autonomía de la CNDH, se pronunció por un marco transparente de rendición de cuentas tanto a la ciudadanía como a la función pública.
Finalmente, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, presidenta con licencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sostuvo que su plan de trabajo está basado en primer lugar en la creación de un programa de profesionalización y sensibilización del personal que atiende y labora en la CNDH.
Benítez –quien argumentó que signó una carta a favor de la reelección de Plascencia Villanueva porque a todas las comisiones estatales les pidieron hacerlo– también propuso un fortalecimiento de las recomendaciones que emita el organismo, y la creación de un programa en materia de seguridad.
En su plan de trabajo destacó la propuesta de ampliar los programas de género, ya que se han “visto rebasados en (la atención a) las violaciones a DH”, por lo que propuso un diagnóstico sobre el feminicidio en todo el país.
Cabe recordar que diversas organizaciones sociales, entre las que se encuentra Incide Social, se han pronunciado por la elección de una persona que no se desempeñe como funcionario y no tenga afinidad con partidos políticos, para así garantizar la autonomía de la CNDH.
14/AZM/RMB
Quita Ejecutivo 24 por ciento de recursos a salud reproductiva
Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece incrementos anuales en las metas para mejorar la salud sexual y reproductiva de las mexicanas, el presupuesto destinado a este rubro –según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF) – es casi el mismo que el de 2014 e incluso registra disminuciones “alarmantes” en programas para el acceso a anticonceptivos, advirtió Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Al presentar el micrositio web “las10faltantes” (que desglosa varios de los Ramos que conforman el PEF para 2015), Diego de la Mora, coordinador de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, informó que el presupuesto asignado a los programas de salud sexual y reproductiva para el próximo año se mantienen prácticamente igual que el que se asignó para este 2014, apenas con aumentos menores al 1 por ciento.
Daniela Díaz, investigadora de Fundar, señaló que en 2014 se destinó para ese rubro 2 mil 209 millones de pesos (mdp), con variaciones mínimas de acuerdo a lo que se prevé asignar para este 2015.
La prueba de ello es que la asignación de presupuesto para el Ramo 12 Salud para este 2015 es de apenas 0.17 por ciento más que el año anterior, y lo mismo pasó con el monto asignado al Seguro Popular (SP) y al programa presupuestario U007 Reducción de Mortalidad Materna, con una tasa de crecimiento en sus montos menor al 1 por ciento para ambos.
El monto total asignado este 2014 para el acceso a anticonceptivos y planificación familiar a nivel nacional fue de mil 2 millones 624 mil 32 pesos, que se distribuye entre las 32 entidades federativas, lo cual equivale al 0.77 por ciento del total asignado al Ramo 12 Salud y 1.4 por ciento del total asignado al SP.
En contraste, para este 2015 se advirtió una “alarmante” disminución del 23.93 por ciento (que equivale a mil 507 millones 160 mil 330 pesos) al programa presupuestario P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, que incluye detección y atención de cáncer cérvico uterino y de mama, violencia familiar en mujeres, y acceso a la salud sexual y reproductiva en adolescentes y poblaciones vulnerables.
Es imposible identificar el recorte exacto de montos para cada una de esas acciones, debido a que el desglose del PPEF 2015 no lo detalla, advirtió Daniela Díaz.
Cabe señalar que el PND establece dentro de la “Meta Nacional II México Incluyente”, en su objetivo 2.3, que se asegurará el acceso a la salud de todas las personas, y su estrategia 2.3.2 obliga a que las acciones de protección, promoción y prevención sean un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Para el fortalecimiento de la respuesta al VIH (único punto donde Fundar observó un aumento favorable), el presupuesto para 2015 focalizado para la atención de mujeres establece un incremento de 24 millones 172 mil 996 pesos en el P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS, al pasar de 231.37 mdp en 2014 a 255.54 mdp para 2015.
Las expertas que participaron en el análisis solicitaron que para el decreto del PEF 2015 se agregue en el tomo de “Objetivos, Indicadores y Metas del Ramo 12 Salud” el monto de cada uno de los indicadores establecidos para los programas presupuestarios U007 Reducción de mortalidad materna, y P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud.
14/AJSE/RMB