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Retos continúan para políticas pese a paridad

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Mujeres especialistas en política y diputadas, declararon que las reformas electorales han permitido que se nombren sus derechos político-electores, pero en la realidad eso no sucede; la paridad sólo ha servido para aumentar el número de mujeres en cargos de poder, lo que también disparó las agresiones hacia ellas.

En un conversatorio virtual llamado “Encuentros 2021: Paridad de género de cara a la contienda electoral” las especialistas y diputadas coincidieron que aún se considera la presencia de las mujeres en la política como una cuota partidista y no se reconoce su trayectoria o los méritos que puedan tener, por lo que se le da mayor importancia a la ropa que ellas visten que a las iniciativas que proponen.

Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), el Centro de Estudios de Comunicación (CEC) y el medio de comunicación Político Mx como parte de los “Encuentros del 2021: La elección explicada” con el objetivo de analizar dónde se encuentran las mujeres en la política.

Para la directora de la FCPyS, Carola García Calderón, si bien las reformas, en particular la paridad, han permitido avanzar a las mujeres en el ámbito político, eso no significa que las metas se hayan superado ya que la violencia política sigue presente y existe un importante control político de los hombres sobre el proceso de toma de decisión y dinámica organizativa de las mujeres.

De acuerdo con ella, en 2018, las mujeres consiguieron formar una Cámara de Diputados de manera casi paritaria con un 42.8 por ciento mientras que en el Senado de la República, por primera ocasión, alcanzaron 49 por ciento de los cargos.

Las reformas, continuó, han abierto espacios para las mujeres en la política, sin embargo aún se busca la manera que ellas sean postuladas en distritos donde no podrán triunfar. “Aún se tiene el estigma de que una mujer que esté arriba de estos cargos se piensa que es una cuota partidista. Persiste la imagen de mujeres florero, de mujeres que sólo cumplen la cuota”, añadió.

En su opinión, un reto es eliminar esos estereotipos que recaen en las mujeres, en la sociedad, y en los medios de comunicación, pero uno más importante es reconocer que no siempre las mujeres que tienen cargos políticos saben sobre la perspectiva de género, por lo que desde ellas no se genera un agenda feminsita que en verdad toque las problemáticas que aquejan a las mujeres.

En consecuencia, dijo, las ciudadanas no se sienten representadas en las políticas públicas ni en las decisiones del gobierno, incluso, añadió, hay algunas diputadas que se refieren en términos despectivos a las protestas del movimiento feminista.

Un gran reto a futuro, recalcó, es trabajar en la sororidad entre las candidatas de un mismo partido o distrito para generar acuerdos amplios con el fin de impulsar una agenda que tenga como eje rector el beneficio de las mujeres.

Por su parte, la directora de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Lídice Rincón Gallardo, explicó que los actos de agresión contra las mujeres son legitimados en cualquier espacio. “Como sociedad incluso castigamos a quien se atreve a transgredir los límites de lo socialmente establecido como las mujeres que se atreven a hacer política o a intentar compaginar entre su vida familiar y una carrera”, dijo.

Rincón Gallardo detalló que los partidos políticos ven a la paridad como una tarea por hacer, pero no le dan la importancia de lo que significa para las mujeres llegar a los cargos de elección popular. Esto les permite hacerse visibles en la sociedad, trabajar por más avances y luchar contra las violencias que les afectan.

“En 2005, los Congresos en el mundo estaban compuestos por menos del 20 por ciento de mujeres a excepción de países nórdicos, y en América Latina, en los 2000, era del 9 por ciento de mujeres. Los números para jefes de estado eran peores, en 2019, por ejemplo, de 193 países solamente 10 estaban gobernados por mujeres” detalló.

Ante ello, la diputada del Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, dijo que históricamente las mujeres eran y siguen siendo excluidas de los sectores políticos, económicos y de ejercer sus Derechos Humanos. Los partidos políticos continúan conformados por los mismos hombres desde hace muchos años.

En ese sentido, dijo, antes existían las “las mujeres simbólico”, es decir mujeres que se les obligaba a verse masculinas para poder estar presentes en los espacios políticos, ellas fueron las primeras que abrieron espacios, pero la paridad comenzó a llegar cuando las mujeres ganan 34 por ciento del Senado de la República, esto dio la capacidad de que esta masa impulsara las reformas que hoy se tienen.

“¿Cómo podemos garantizar que las candidatas electas puedan contender y en su caso ganar? Esta es la razón de la existencia de la paridad y las normas que sancionan la violencia política. La participación de las mujeres en el ámbito de la toma de decisiones es parte fundamental de la autonomía de las mujeres”, declaró la directora de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher.

La violencia política, aclaró, es un fenómeno que desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en el terreno político electoral, por ejemplo, impulsa a que ellas renuncien de manera forzada a una candidatura o que habiendo sido electas no se les permita ejercer el cargo.

Estas violencias, dijo, son múltiples y se pueden visibilizar desde difamaciones hasta bloqueos, por lo que la participación de las mujeres en el ámbito político es un requisito indispensable para el “adecuado funcionamiento de la democracia, el crecimiento y desarrollo próspero de nuestra sociedad”, añadió.

Lucía Micher, explicó que para asegurar la paridad de género y la no violencia política se modificaron 8 ordenamientos legales, algunos son: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; La ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, entre otros.

Más tarde, aclaró, se creó un modelo de acceso de justicia que exige la inmediata actuación de las autoridades electorales en los sectores locales, para así proteger a las mujeres que se encuentren en riesgo sin depender de las voluntades políticas de las autoridades competentes.

Este modelo, explicó, está integrado por el Procedimiento Especial Sancionador en materia de violencia política contra las mujeres, conocido como PES-VPMG, así como el Instituto Nacional Electoral (INE), y los OPLES. Juntos, dijo, son los encargados de otorgar las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia política.

El INE, continuó, tiene como obligación integrar, administrar y resguardar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. “A partir de ahora cualquier persona sancionada por resolución o sentencia firme aparecerá de forma pública en este registro por un periodo de entre 3 y 6 años, dependiendo la gravedad o la falta que haya cometido”, declaró.

Michel detalló que si la violencia fue ejercida por una persona servidora pública, aspirante a una candidatura independiente, precandidata o candidata, o que se dedique a los medios de comunicación, su permanencia en el registro podrá aumentar un tercio más. Mientras que si el delito se comete en contra de una mujer indígena, afromexicana, de la tercera edad o con discapacidad, el tiempo que estará en el registro se incrementará en una mitad adicional.

“Para nosotras las reformas de paridad y de violencia política en razón de género van de la mano, ya que ambas son imprescindibles para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales en igualdad. En el mundo, México ocupa el segundo lugar en materia de reformas constitucionales en materia de paridad”, finalizó.

Las panelistas concluyeron que lo esencial es seguir trabajando para que la paridad sea efectiva y exigir que las mujeres cuenten con conocimientos en perspectiva de género, para que la igualdad no sólo se traduzca en números, sino también en acciones. 

21/AEG/LGL

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