Inicio Agenda Tras 10 años de impunidad en feminicidio de Pilar Argüello, sus padres exigen reunión con Alejandro Encinas

Tras 10 años de impunidad en feminicidio de Pilar Argüello, sus padres exigen reunión con Alejandro Encinas

Por Diana Hernández Gómez

Ciudad de México.- Este 2022 se cumplen 10 años desde que A.R.M., presunto feminicida, terminó con la vida de Pilar Argüello Trujillo. Son 10 años, también, sin que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones internacionales de ofrecer verdad y justicia a las y los familiares de la joven. Es por ello que este 26 de julio, los padres de Pilar y sus representantes legales demandaron reunirse con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano.

La exigencia se realizó durante una conferencia de prensa en el Museo de la Mujer, en la Ciudad de México. En ella estuvieron presentes los padres de Pilar, doña Reyna Trujillo Reyes y Pedro Argüello Morales; y Araceli González Saavedra, representante legal de la familia por parte de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C.

Durante el encuentro, la defensora explicó que el caso de Pilar Argüello Trujillo es el primer caso individual en ser aceptado por el Comité de  la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

La CEDAW es un tratado internacional adoptado por los países que conforman la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En él se obliga a los Estados a generar las condiciones para terminar con cualquier forma de discriminación contra la mujer.

Tras analizar el caso de Pilar, en 2017, el Comité de CEDAW emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano para que aclare la impunidad alrededor del feminicidio de la joven. Sin embargo, en pleno 2022, doña Reyna y don Pedro siguen sin tener una respuesta sobre todas las fallas que no les han permitido alcanzar la justicia.

Ante este silencio por parte de las autoridades mexicanas, Equifonía ha solicitado una reunión con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Hasta el momento, el funcionario no ha respondido a dicha solicitud.

Es por eso que tanto Araceli González como los señores Reyna Trujillo y Pedro Argüello lo han exhortado, una vez más, a colaborar con ellos para esclarecer el feminicidio de Pilar.

Cortesía: Adriana Fuentes Manzo

Omisiones y negligencias impiden resolver caso de Pilar Argüello

A Pilar Argüello Trujillo la asesinaron el 2 de septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz. El presunto feminicida, quien en ese entonces era menor de edad, se entregó a las autoridades y confirmó su supuesta culpabilidad. Dos meses después fue liberado del penal donde lo habían enviado.

“No se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo crimen”, aclara la defensora de la familia Argüello Trujillo. No obstante, se puede aclarar qué llevó a la jueza responsable del caso a liberar al presunto culpable, pese a todas las pruebas que él mismo ofreció.

González Saavedra también observa que detrás de esto hay un acto de posible corrupción. Precisamente por esto, el 1 de diciembre de 2021 ella y los padres de Pilar acudieron al Poder Judicial del Estado de Veracruz: querían obtener información sobre si ya se había iniciado una investigación contra la jueza responsable de la liberación del posible feminicida

Sin embargo, lo que recibieron –declaró la abogada– fueron gritos y una revictimización por parte de la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz.

A raíz de esto, Equifonía presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y solicitó una audiencia con el subsecretario Alejandro Encinas, quien no ha contestado a la petición desde entonces.

La abogada Araceli González Saavedra y Pedro Argüello Morales durante la conferencia de prensa.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez

Además de exigir una audiencia con el funcionario, los padres de Pilar Argüello Trujillo también piden que se oficialice su Propuesta de Proyecto de Reparación Integral, la cual fue presentada durante una mesa interinstitucional con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en abril de 2021. 

En esta propuesta se incluyen medidas como una disculpa pública por parte del Estado mexicano. También, la evaluación de los daños causados por la muerte de Pilar, quien tenía el plan de pagar los estudios universitarios de su hermano menor y ahorrar para abrir un negocio propio –ninguno de estos planes ha podido llevarse a cabo–.

Dicha evaluación, y la consecuente reparación de los daños que se identifiquen por medio de ella, debe considerar también las afectaciones físicas y emocionales de los padres de Pilar, quienes han limitado sus actividades laborales por todo lo que implica seguir buscando justicia para su hija.

Avances lentos a una década del caso

De acuerdo con Araceli González Saavedra, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Veracruz ya ha hecho estudios de los daños ejercidos sobre los padres de Pilar Argüello. Los resultados de los mismos se presentarán en una próxima reunión de la mesa interinstitucional con CONAVIM, en la cual solicitan también la presencia de Alejandro Encinas. 

Debe haber una respuesta contundente por parte del subsecretario para que las instituciones en Veracruz tengan claro qué implica una recomendación del Comité (de CEDAW).

Araceli González Saavedra

No hay ningún aparato jurídico que obligue al Estado mexicano a adoptar las recomendaciones de CEDAW. No obstante, también es cierto que dicho Estado forma parte de la Asamble General de la ONU y, en ese sentido, debería actuar conforme lo que este organismo dictamina.

Aun así, el caso de Pilar y los de miles de mujeres víctimas de feminicidio permanecen en la impunidad. No hay funcionarios sancionados por las fallas en el proceso legal ni un culpable identificado por la muerte de la joven veracruzana. Tampoco hay mecanismos que agilicen la atención en los casos de feminicidio en México. 

Doña Reyna y don Pedro esperan respuestas de las autoridades. Además, desean colocar un monumento a su hija en Coscomatepec para reivindicar su imagen –la cual fue expuesta después de su muerte en un periódico local–. Pero sobre todo, ambos quieren que el Gobierno de México cumpla su responsabilidad y no deje ningún caso más en la impunidad.

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