Oaxaca de Juárez, Oax.- María de Lourdes Jiménez Liera, presidenta municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, ha denunciado que enfrenta violencia política de género por portar su vestimenta tradicional zapoteca y no brindarle la asignación de 18 obras a un regidor; la funcionaria aseguró que esta agresión podría terminar en feminicidio, ya que la han amenazado para que deje el cargo.
De acuerdo con Jiménez Liera, las amenazas fueron emitidas directamente por J. A. R., regidor de Educación que también se desempeña como contratista; y las acciones del hombre se dieron luego de que la presidenta municipal se negó a darle la asignación de 18 obras, pues argumentó que esos proyectos deben realizarse por las localidades de manera directa y sin intermediarios.
“Yo no le voy a dar nada: las obras van a ser directas a las comunidades sin intermediarios; eso más le molestó. Ese señor fue el que ha violentado mis derechos como mujer. La violencia de género que estoy viviendo es por ser indígena: por vestirme con mi ropa típica me juzgan, me critican, dicen que no tengo el conocimiento para gobernar un municipio”, expresó la política.
Esta es la segunda vez que Chalcatongo —localidad perteneciente a la mixteca alta— es gobernado por una mujer; sin embargo, Jiménez Liera señaló que se ha topado con obstáculos para trabajar y realizar gestiones desde el Síndico Municipal, así como los regidores de Salud, Educación, Hacienda, Mercados, una agenta municipal y un locutor de radio de un medio regional.
“Me da tristeza escuchar cómo me critican, me juzgan y han atentado hasta con mi propia vida. No es posible que en este tiempo, cuando las mujeres podemos participar en la política, nos critiquen, juzguen y además violen mis derechos como indígena. Lo que estoy viviendo es muy fuerte”, sostuvo.
Por la violencia política experimentada, la presidenta municipal recurrió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), así como a los organismos públicos que trabajan por los derechos de las mujeres. María de Lourdes Jiménez denunció que la campaña en su contra está motivada por el deseo de recursos de los regidores mencionados: “Yo no voy a saquear a mi pueblo, mi gente tiene muchas necesidades y no porque me violenten les voy a dar el recurso. De una vez se los digo: no les daré nada. Si me quieren seguir humillando como indígena, como una gran guerrera voy a luchar por las que vienen”, afirmó la funcionaria.
Oaxaca, la entidad donde las mujeres son más violentadas por ejercer política
A nivel nacional, Oaxaca es el estado en donde las mujeres experimentan más violencia por ejercer política. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE), 29.10 por ciento de las 240 personas sancionadas (200 hombres y 40 mujeres) por violencia política contra las mujeres en México están en la entidad.
Esto coloca a las oaxaqueñas en una situación de vulnerabilidad frente a distintas violencias que van desde la simbólica, verbal y física hasta la económica. Según el RNPS, Oaxaca tiene 78 personas sancionadas, le sigue Veracruz con 34, Tabasco con 20, Baja California con 15, Chiapas con 14, Baja California Sur y Sonora cada una con 12, Chihuahua y Guanajuato con nueve respectivamente.
La distribución de las personas que han sido sancionadas corresponde a lo siguiente: 20 por ciento, presidentes municipales; 18.33 por ciento, ciudadanos; 14.17 por ciento regidor o regidora; 8.75 por ciento, periodistas; 7.50 por ciento, autoridades pertenecientes a los Sistemas Normativos Internos; 6.67 por ciento, servidora o servidor público; 6.25 por ciento, candidata o candidato; 5.42 por ciento, funcionaria o funcionario de partido; 2.9 por ciento, directora o director de medio de comunicación, y 2.9 por ciento, tesorera o tesorero municipal.
Así, en la lista de quienes han sido acreedores a sanciones por parte del INE se encuentra el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Amaro Cancino, quien fue señalado por violencia vicaria, psicológica, simbólica, patrimonial y física. La pena establecida en su caso consistió en capacitación en materia de violencia política de género, publicación de síntesis de la sentencia en sus redes sociales, medidas de protección preventiva, disculpa pública y medidas de no repetición.
Conforme lo establecido por el Instituto, en caso de una falta leve, la persona que perpetró violencia política puede permanecer tres años en el registro; si fue una falta ordinaria, el tiempo aumenta a cuatro años; mientras que por falta especial, llega hasta cinco y seis si se trata de reincidencia.
Cabe resaltar que, además, el INE tiene consideras agravantes al delito cuando la violencia proviene de las y los servidores públicos, aspirantes a una candidatura y profesionales de los medios de comunicación. Asimismo, cuando la agresión se comete contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, afromexicana, de la tercera edad, personas de la diversidad sexual o con discapacidad.
