San Francisco, California.- Virginia Victoria Solís Tepayol, de 40 años, denunció violencia institucional por parte del Consulado General de México en San Francisco, California en Estados Unidos. Esta mujer quien trabajó para esta oficina por 8 años, el pasado mes de agosto fue despedida y acusa que dejaron de apoyarla luego de que sufriera de camino a su casa una violación sexual.
De acuerdo con un testimonio que Solís Tepayol compartió con Cimacnoticias, desde antes de estos hechos, ella comenzó a ser víctima de acoso institucional por parte del consulado de San Francisco en enero de 2021, cuando la citaron para acusarla de un supuesto acto de corrupción. Dicha acusación implicaba a un abogado que, de acuerdo con versiones de Solís, ya había fallecido cuando ella entró a trabajar al consulado en 2014.
Un año después de estos hechos, a inicios de 2022, Virginia Solís dirigió una queja frente a la titular del consulado por la falta de coordinación en el equipo de trabajo de la institución, la cual ha provocado constantes inconformidades por parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
Según Solís Tepayol, entre un hecho y otro, la cónsul general había instalado un ambiente laboral de tensión en la institución a su cargo. Este ambiente estaba acompañado de constantes quejas de empleados y exempleados, quienes fueron víctimas de atropellos a sus derechos laborales.
Ante tal circunstancia -y debido a los dos incidentes previos con la administración consular-, Virginia estaba segura de que su futuro laboral también podía estar en riesgo. Sin embargo, su situación personal se complicó aun más después de que fuera víctima de una violación.
Consulado mexicano en San Francisco se negó a auxiliar a Virginia
El 15 de mayo de este 2022, Virginia Solís Tepayol sufrió una agresión sexual mientras esperaba un servicio de transporte particular en un barrio latino de San Francisco. Acudió al departamento de policía y a un hospital de la ciudad, donde le ofrecieron la posibilidad de informar al consulado donde laboraba sobre estos hechos. No obstante, debido al clima de hostigamiento en el consulado -y a un caso similar previo que la institución no atendió-, ella optó por no hacerlo y continuar su proceso sin apoyo de la oficina de representación.
Tras dos semanas de incapacidad médica, Virginia regresó a su trabajo, donde la enviaron a realizar una jornada en Kona, Hawái. Allí experimentó síntomas de estrés postraumático y decidió acudir a una cita médica donde le extendieron otra incapacidad, la cual tuvo dos extensiones adicionales.
Virginia Solís se comunicó con Vicente Margarito Sánchez Ventura, el cónsul adscrito en San Francisco, para comunicarle su estado de salud y, con ello, explicar sus ausencias. El 26 de julio, Sánchez Ventura le respondió diciéndole que lamentaba su estado de salud pero que el 22 de septiembre de este año su contrato caducaría, por lo que ella se quedaría sin trabajo.
Cabe destacar que, al igual que muchos otros empleados de los consulados mexicanos en Estados Unidos, Virginia está contratada como prestadora de servicios profesionales y cuenta con una visa diplomática A2. Su visa vence precisamente este 22 de septiembre, con lo que su contrato de trabajo también terminará.
La titular del consulado general tiene la posibilidad de decidir sobre la renovación de esta visa. Debido a esto, Virginia Solís decidió comunicarse con ella a través de su correo electrónico días después de haber recibido el mensaje de Sánchez Ventura. En su correo, Solís le expuso su situación a la cónsul y le solicitó apoyo para la extensión de la visa, pues en el momento de vulnerabilidad que atraviesa, contar con ingresos y estabilidad laboral es algo esencial.
De igual forma, la trabajadora solicitó que se le proporcionara una copia de su contrato y tres cheques de pago. Esto, debido a que deseaba cambiarse de hogar a raíz de la agresión que sufrió, pero para ello le solicitaban tal documentación.
Al no obtener respuesta, se comunicó con la cónsul por teléfono pero tampoco tuvo éxito. Finalmente, el 9 de agosto, Erika Otilia Martínez -administradora del consulado- le informó que no le renovarían el contrato y que tampoco podían proporcionarle cheques de pago porque sus salarios eran depositados directamente a una cuenta bancaria.
Virginia Solís buscó ayuda de la Dirección General de Protección a Mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual ya está dando un seguimiento a su caso. De igual forma, el Departamento de Protección del Consulado General de México en San José también le ofreció acompañamiento.
No es un caso aislado
Tras el abandono institucional del que ha sido víctima, Virginia Solís ha comunicado su situación al Comité de Ética de la SRE y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En sus cartas expone que ella no es la única que ha enfrentado violencia institucional por parte de la administración consular que inició su periodo en 2019.
En enero de 2021, un empleado denunció que el consulado de San Francisco le retuvo sus documentos personales y su último salario tras haberlo despedido. Además, a mediados del mismo año, otra trabajadora denunció que no quisieron renovarle el contrato de trabajo por su condición médica luego de haber dado positivo a Covid-19.
Virginia también denuncia que una guardia de seguridad sufrió acoso sexual por parte de otro guardia. De acuerdo con Solís Tepayol, en lugar de apoyarla, el personal del consulado la revictimizó y cuestionó su testimonio.
Además de esta violencia institucional, las y los empleados de la red consular mexicana se enfrentan a la incertidumbre laboral debido al modo de contratación bajo el cual trabajan. Al ser prestadores de servicios profesionales, no cuentan con un contrato fijo ni con todas las prestaciones de ley. Tampoco tienen derecho a una indemnización a pesar de que muchos de ellos han trabajado para el servicio exterior desde hace más de 10 años.
Esta misma situación se repite a nivel local dentro de las instituciones mexicanas. Apenas este 30 de agosto, más de 50 trabajadoras en el estado de Puebla denunciaron que no han recibido un salario desde junio. Ellas trabajan dando acompañamiento a otras mujeres sobrevivientes de violencia y también están contratadas como prestadoras de servicios profesionales.
Ambos casos evidencian que esta incertidumbre laboral pone a las personas en situaciones de vulnerabilidad. No obstante, por lo menos en el caso que concierne a la SRE, las autoridades mexicanas se han negado a dar seguimiento a esta situación desde 2015, la cual viola los derechos laborales y la dignidad de las y los trabajadores.
