Ciudad de México.- Este 24 de septiembre (a dos días de que se cumplieran ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa), la periodista Peniley Ramírez difundió información inédita que sugiere cuál fue el destino final de los jóvenes normalistas. La filtración de esta información ha generado opiniones divididas entre periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la población en general. Pero, al margen de esto, lo publicado por Ramírez deja claro porqué el gobierno debería cesar en su intento de dejar la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas por los próximos años.
Entre los datos ofrecidos por Ramírez destacan diversos mensajes de texto en los que se enuncia directamente la participación de militares y de miembros de la Marina en el presunto secuestro y asesinato de los 43 normalistas. Pero, además de esto, dichos mensajes sugieren que las fuerzas militares actuaron en complicidad con grupos del crimen organizado, mismos que también tenían relación con el entonces alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis A.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de investigar el caso de los 43 normalistas confirmó lo anterior en un informe publicado este 29 de septiembre. En él se explica que los grupos delictivos también mantuvieron comunicación con las policías municipales de Iguala, Taxco y Colula durante el ataque contra los estudiantes. Además, tuvieron acceso a información del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (mejor conocido como C4), un mecanismo al que sólo las autoridades tienen acceso.
De acuerdo con la información difundida por Peniley Ramírez, la participación de las fuerzas armadas permitió que los presuntos culpables trasladaran los restos de los normalistas al interior del Batallón 27 de Infantería con sede en Iguala, un campo militar al que los familiares de las víctimas han intentado acceder desde hace años.
La violencia exacerbada del Ejército contra los normalistas
Parte de la información filtrada por Peniley Ramírez incluye detalles sobre cómo fue que se llevó a cabo el supuesto asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De hecho, es esta información la que ha generado mayor controversia. Y es que, como en el caso de Ingrid Escamilla, la difusión de datos explícitos sobre estos actos de violencia constituye una forma de revictimizar a los afectados pero también a los amigos y familiares que continúan buscándolos.
Una de las organizaciones que se ha pronunciado al respecto es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el cual emitió un comunicado lamentando la filtración de información y reiterando el posible daño que pudo haber causado a las y los familiares.
Los detalles difundidos por Ramírez en el diario Reforma exponen un uso de violencia sumamente cruel contra los normalistas y evidencian el uso de tácticas comunes entre grupos delictivos, las cuales fueron realizadas en complicidad con el Ejército mexicano.
Mientras esta información continúa circulando, el Senado de la República aún contempla la posibilidad de ampliar el periodo de tiempo para que la Guardia Nacional siga interviniendo en la seguridad pública del país hasta 2028.
Ayotzinapa no es un caso aislado
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es sólo una más de la lista de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México. Entre estos abusos, además, hay una cifra elevada de desapariciones forzadas supuestamente llevadas a cabo por miembros del Ejército.
De acuerdo con Amnistía Internacional México, hay una relación estrecha entre el aumento de desapariciones forzadas y la presencia de las fuerzas castrenses en el territorio mexicano. Al respecto, la organización destaca que el 97 por ciento de las 105 mil personas desaparecidas en México fueron privadas de su libertad en los últimos 16 años. Esto quiere decir que dichos crímenes aumentaron en 2006, cuando comenzó el periodo de militarización nacional bajo la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Por otro lado, Amnistía Internacional también señala que de 2019 a 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 58 quejas por desaparición forzada; 55 por ciento de ellas están dirigidas contra miembros de las fuerzas militares.
En este sentido, garantizar la permanencia de dichas fuerzas en las calles hasta 2028 equivale también a abrir el paso a más hechos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de esto, senadoras y senadores volvieron a reunirse esta semana para discutir la propuesta. La Cámara de Diputados ya la avaló, por lo que sólo falta que el Senado llegue a un consenso para que la decisión sea definitiva.
Lo anterior traería consecuencias para la sociedad civil en general. Sin embargo, de acuerdo con la internacionalista Daira Arana Aguilar, el impacto recae especialmente sobre mujeres, niñas y adolescentes. Esto, debido al carácter misógino y machista de las fuerzas armadas, mismo que ha derivado en casos de tortura y violencia sexual como los de Ernestina Ascencio Rosario y Valentina Rosendo Cantú.
La militarización del país es, implícitamente, un sí a la violación de derechos humanos. Sí a la repetición de más casos como Ayotzinapa, donde la impunidad y la complicidad del crimen organizado con el Ejército se esconde bajo el manto de la impunidad y la permisibilidad del gobierno mexicano.
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