El 17 de octubre de 1953, las mujeres organizadas finalmente obtuvieron el derecho al voto en México. Con ello lograron un avance importante en el reconocimiento de sus derechos político-electorales. Sin embargo, varios grupos y colectivas feministas advierten que, a 69 años de este hecho, los derechos humanos de las mujeres y niñas en nuestro país pueden estar en riesgo.
Esto se debe a una serie de reformas que están por votarse en los próximos días, con las cuales se pretende modificar 27 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se adicionarían diferentes párrafos y fracciones en ocho artículos, todo esto (dice el proyecto de decreto) en materia de género.
La propuesta está respaldada por las diputadas Blanca Alcalá Ruiz (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), Mirza Flores Gómez (de Movimiento Ciudadano) y Amalia García Medina (también de Movimiento Ciudadano). Con su propuesta, las legisladoras pretenden abonar en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
No obstante, de acuerdo con el análisis de diversos grupos feministas, las reformas tendrían un efecto inverso y podrían representar un retroceso en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, sujetas políticas y de derechos. Además, afirman, pueden abrir la puerta a violaciones a nuestros derechos humanos como la trata de mujeres y niñas y la regulación de los vientres de alquiler.
Reformas podrían borrar a las mujeres en favor de la inclusión de género
De acuerdo con un comunicado emitido por diferentes organizaciones y activistas feministas, uno de los riesgos de estas reformas constitucionales radica en el llamado «borrado de las mujeres». Esto, debido a que el proyecto de decreto confunde el sexo con la identidad de género en diferentes puntos como en el artículo 26 inciso B.
El proyecto de reforma de este artículo establece que el levantamiento de datos estadísticos por parte del Inegi debe considerar «la identidad de género» de la población. De esta forma —de acuerdo con el comunicado— se anula la condición de sexo de las mujeres.
Esto tendría impacto en las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres y a fomentar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Lo anterior, debido a que si no se establece que hay una condición de sexo sino una identidad de género, entonces las leyes, políticas y acciones afirmativas enfocadas en solucionar estas problemáticas carecerían de sentido. Algo similar ocurriría con el Anexo 13 el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual está destinado a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
Por otro lado, en muchos de los artículos a reformar se establece que la función pública (así como las escuelas y universidades decretadas como autónomas) deben procurar la paridad de género en sus diferentes órganos. Según el comunicado emitido por las activistas y grupos feministas, en estas modificaciones se confunde la paridad entre hombres y mujeres con la paridad de género, «misma que es una construcción social que legitima la desigualdad, la opresión y violencia contra las mujeres».
Violencias contra las mujeres podrían incrementarse con reformas constitucionales
Las diferentes instituciones y colectivas que se oponen a estas modificaciones en la Constitución señalan que, además del borrado de mujeres, cambiar diversos artículos puede fomentar un aumento en las diferentes expresiones de violencia que muchas mujeres y niñas experimentan en nuestro país.
Al respecto destacan una adición al artículo 4, con la cual se reconocerá que toda persona tiene derecho a ejercer sus derechos sexuales. Según el comunicado (firmado por instituciones como el Colegio de Abogadas Región Norte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), esto trae consigo el riesgo de legalizar constitucionalmente la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Por otro lado, se haría una reforma en el mismo artículo en la cual se reconocería la autonomía reproductiva de todas y todos los mexicanos. No obstante, de acuerdo con las activistas y colectivas que se han posicionado en contra, esta reforma puede ser utilizada para abrir paso a la regulación de los vientres de alquiler.
Diversas especialistas como la internacionalista Keith López Nares han señalado que este negocio regulado en estados como Tabasco implica mecanismos similares a la trata de personas, corrupción en diferentes niveles de gobierno y el daño a la salud física y mental de mujeres en condiciones de pobreza.
Finalmente, las reformas llevadas a la Cámara de Diputados pueden significar un retroceso en el avance de la ley #3de3 contra la violencia, la cual impide que agresores y deudores alimentarios ocupen cargos públicos en las diferentes instancias de gobierno.
El proyecto de decreto modificaría algunos artículos como el 41, 55 y 82 referentes a los requisitos para ser candidata o candidato de un partido político, diputada o diputado u ocupar la presidencia de la República respectivamente.
Para estos y otros cargos, sería necesario que la o el postulado no haya recibido una condena o sanción por ejercer violencia doméstica, familiar o en razón de género. Tampoco debe tener una sanción o condena por algún delito sexual ni por haber sido deudora o deudor alimentario moroso.
Como se puede observar, la iniciativa sólo se refiere a condenas o sanciones, pero no incluye antecedentes como investigaciones, sentencias y procesamientos. Además, también se obliga a las mujeres a cumplir con estos requisitos.
El Frente Nacional Contra Violencia Vicaria ha señalado que, en muchas ocasiones, ellas son acusadas con denuncias falsas para perder la custodia de sus hijos. Además, afirma el Frente, a violencias como la deuda alimentaria preceden otras agresiones que las mujeres difícilmente ejercen contra sus exparejas varones.
México cuenta con diversos avances en materia de protección de mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Sonorense de las Mujeres, la Organización Nacional de Mujeres del PRD, la Comisión iberoamericana de derechos humanos para el desarrollo de las Américas y otras organizaciones de mujeres, estos avances podrían perderse si las reformas constitucionales se aprueban.
