Papantla, Veracruz.- María Elena Ferral Hernández dedicó 30 años de su vida al periodismo. A lo largo de este tiempo investigó con pericia las redes de poder que dominan el territorio norte de Veracruz; debido al riesgo que esto implicó, ella había solicitado y obtenido protección. A pesar de ello, fue asesinada el 30 de marzo de 2020 y se convirtió en una de las tantas víctimas de la impunidad en México.
María Elena Ferral era corresponsal de Diario Xalapa, El Heraldo de Poza Rica y del portal Veracruz Quinto Poder. Con sus textos periodísticos documentó los juegos de poder entre diferentes grupos políticos y económicos en los municipios del norte veracruzano. En su trabajo, la periodista investigó a: el Grupo Totonacapan, y señaló a Camerino Basilio Picazo Pérez (exdiputado y exalcalde de Coyutla), José Benito Picazo Pérez (actual alcalde de Coyutla) y Rómulo Israel Salazar Macías (empresario y exdiputado) como sus líderes.
En una columna publicada a mediados de marzo de 2020, tras una investigación al respecto, la periodista señaló a estos tres personajes como los presuntos responsables del asesinato de tres políticos en su municipio natal, Gutiérrez Zamora. Tales asesinatos se dieron en medio de la disputa por las alcaldías de al menos once municipios al norte de Veracruz, entre ellos Gutiérrez Zamora, de donde la misma Ferral Hernández pretendió ser candidata municipal.
Una investigación de Alianza de Medios Mx apunta que esta publicación y lo que derivó de ella fue parte de lo que detonó el asesinato de María Elena Ferral. Sin embargo, desde 2016, ella ya había recibido amenazas que la llevaron a solicitar medidas de protección.
Quien la amenazó en aquel entonces fue Basilio Picazo Pérez, señalado como presunto autor intelectual de la muerte de Ferral Hernández y prófugo desde 2020. Pero, a dos años del asesinato de María Elena Ferral, él no es el único que no ha recibido sentencia.
Los políticos veracruzanos y la corrupción detrás de la muerte de María Elena Ferral
Camerino Basilio Picazo fue presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla en dos ocasiones. También fungió como alcalde de ese municipio de 2001 a 2004 y, entre 2016 y 2018, se desempeñó como diputado por Papantla.
En 2004, el político se vio involucrado en desvío de recursos, hecho denunciado por el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez. No sucedió nada y, el año siguiente, Vázquez ratificó su denuncia. De acuerdo con la investigación «La red política y criminal que asesinó a María Elena Ferral en Veracruz» de Alianza de Medios Mx, trece días después, el exsíndico fue asesinado; días antes, había acudido con Elena Ferral para denunciar que estaba recibiendo amenazas de muerte por parte de Basilio Picazo.
Luego del homicidio del síndico, la periodista veracruzana entregó la grabación de la entrevista con Alonso Vázquez a las autoridades a cargo de investigar su asesinato. Días después, desconocidos dispararon contra ella afuera de su domicilio y la hirieron en la pierna.
La violencia continuó. En 2012, Rómulo Salazar atentó contra ella y su familia mientras transitaban en carretera. Y años más adelante, en 2016, María Elena denunció penalmente a Picazo por haberla amenazado de muerte frente a diversos reporteros. Ese mismo año, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) le otorgó un GPS y escoltas como medidas de protección. Un año después, la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz le retiró estas medidas argumentando que Ferral no había hecho «buen uso» de ellas.
En 2020, la reportera pretendió lanzarse como candidata en su municipio originario. Además, el 14 de marzo de dicho año publicó una columna titulada «La lucha del poder»; en ella expuso los lazos de corrupción y la violencia perpetrada por el Grupo Totonacapan, liderado por los mismos hombres que habían estado hostigándola y atentando contra ella.
Dieciséis días después, el 30 de marzo de 2020, dos hombres armados dispararon contra María Helena Ferral frente a una notaría en Papantla. Recibió tres impactos de bala; horas más tarde perdió la vida en el hospital regional de Poza Rica.
Camerino Basilio, presunto autor intelectual del crimen, está prófugo desde 2020 y, hasta el momento, solo hay ocho hombres detenidos por la muerte de María Elena Ferral. El último en ser aprehendido fue Luis Ángel «N», alias «La Wicha», quien trabajó para Jaime Núñez Aróstegui (exdirector de Obras Públicas del Ayuntamiento de Papantla y también prófugo por el presunto asesinato de Ferral Hernández).
Los otros siete detenidos son Efraín Rivera Hernández (exregidor séptimo en Papantla, cercano al grupo de Basilio Picazo), José «N» (un reportero señalado por compartir información con el grupo que asesinó a Ferral), Othoniel «N» (presunto conductor de la moto usada para cometer el asesinato), Carlos «N», Luis «N», Nicasio «N» y Alfredo «N». Este 17 de noviembre se llevará a cabo una audiencia inicial contra Othoniel, Alfredo y Carlos en el Juzgado de Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal en Papantla, Veracruz.
Se tiene previsto que para el inicio de este juicio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz presente al Tribunal 19 pruebas testimoniales, 11 pruebas periciales y 3 pruebas documentales para demostrar la participación de Alfredo, Othoniel y Carlos en el asesinato de María Elena y la vinculación de dicho crimen con su actividad periodística.
Una víctima más de la impunidad en México
Cimac ha documentado los asesinatos de 20 mujeres periodistas desde 2005 hasta la fecha. También ha dejado testimonio de cómo estos casos y varios feminicidios de defensoras de derechos humanos están rodeados de una profunda impunidad; la raíz de esto se encuentra en las redes políticas de México.
A Camerino Basilio lo señalaron por actos de corrupción y abuso de poder cuando fue alcalde de Coyutla. Además, en 2005 se emitió una orden de aprehensión contra él que nunca se llevó a cabo. De acuerdo con la investigación de Alianza de Medios Mx, en 2009, Salvador Mikel Rivera (Procurador de Justicia del Estado de Veracruz entre 2004 y 2010) la revocó y dio por concluidas las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Alonso Vázquez. Por su parte, el entonces gobernador (el priista Fidel Herrera Beltrán) declaró que el crimen estaba esclarecido.
Pese a estos antecedentes, cuando Mikel Rivera falleció en 2015, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación lamentó su muerte públicamente. El Estado, nuevamente, solapó a los políticos culpables de la agresión de una mujer periodista.
Otra de las figuras políticas cercanas al asesinato de Ferral Hernández es Marcela Aguilera, exsecretaria de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la organización que le recomendó a la periodista denunciar a Basilio Picazo en 2016. Aguilera también era amiga de Basilio; actualmente funge como fiscal de investigaciones ministeriales en la Fiscalía General del Estado de Veracruz y es la encargada de capturarlo y, con ello, ofrecer justicia a la familia de María Elena.
Propuesta Cívica (la organización que representa a la familia de María Elena Ferral) y Reporteros Sin Fronteras esperan que estas autoridades respeten el debido proceso y los principios que rigen al Sistema de justicia penal mexicano. De igual forma, solicitan que se preserve en medida de lo posible la publicidad de las audiencias para su escrutinio público y la concentración de las audiencias, para evitar más retrasos en el acceso a la justicia de las víctimas.
De igual forma, ambas organizaciones solicitan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementar de manera puntual las medidas a favor de la familia de la periodista y a sus asesores jurídicos durante la realización del juicio.
