Irán.- Las protestas en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini no se han detenido, por el contrario, este hecho ha traído consigo una serie de represiones y castigos por parte de las autoridades quienes buscan frenar a toda costa las reacciones de hartazgo, al grado de incluso mantener en riesgo de ejecución a 39 manifestantes que han apoyado las movilizaciones que se extendieron en todo el país.
De acuerdo con información de la organización Iran Human Rights, al 17 de diciembre de 2022 al menos 469 personas, incluidos 63 niñas y niños y 32 mujeres, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad en las protestas; sin embargo, la cifra podría ser mayor debido a las negligencias al momento de esclarecer las causas de muerte. Además, al menos 39 manifestantes corren actualmente el riesgo de ser ejecutados o condenados a pena de muerte.
En ese contexto recientemente causó especial atención el caso de la actriz Taraneh Alidoosti, quien fue detenida por mostrar su solidaridad con las protestas y criticar la ejecución de un joven de 23 años que también formaba parte del movimiento.
“Tu silencio significa que apoyas la tiranía y a los tiranos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Sus mensajes provocaron que las autoridades de Irán la detuvieran por “publicar contenido falso y distorsionado, incitar disturbios y apoyar movimientos anti-iraníes”.
A este caso se suma el del futbolista Amir Nasr-Azadani, quien tras apoyar las protestas ahora enfrenta los cargos de: baghy (rebelión armada), por pertenecer “a un grupo armado organizado con la intención de oponerse a la República Islámica”, también se le señala por “perturbar la seguridad nacional” y finalmente se le acusa por moharebeh (enemistad contra dios). Tras dichos señalamientos podría ser condenado a una ejecución.
Ante estos actos de represión diversos organismos nacionales entre ellos el Centro por los Derechos Humanos de Irán (CHRI, por sus siglas en inglés) han solicitado a otras naciones realizar una acción global coordinada para evitar que la República Islámica continúe asesinando y criminalizando a mujeres, niñas, niños y cualquier otra persona que apoye las protestas.
“La comunidad internacional debe aumentar significativamente la presión económica y diplomática para presentar un frente fuerte y unido contra un aparato estatal brutal que está encarcelando y matando a jóvenes para evitar que tengan voz en el futuro político del país. Sin una acción internacional significativamente fortalecida y coordinada, la República Islámica continuará matando a hombres y mujeres jóvenes, en ejecuciones o en las calles, por atreverse a oponerse a las políticas estatales represivas”, aseguró el director ejecutivo de CHRI, Hadi Ghaemi. Sin embargo, su llamado poco se ha escuchado en el mundo.
Irán es expulsado de Comisión de derechos de la mujer de la ONU
El pasado 14 de diciembre Irán fue expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW, por sus siglas en inglés). La razón de su expulsión se encuentra en las represiones y asesinatos contra las mujeres, hombres, niñas y niños durante las manifestaciones a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini.
Fue el 16 de septiembre cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió en un hospital de Teherán en circunstancias sospechosas. Personas que presenciaron los hechos relataron que la Patrulla de Orientación -policía de moralidad religiosa del gobierno de Irán– arrestó a Amini por no usar el hiyab de acuerdo a las normas del país, ya que se podía observar un poco de su cabello saliendo del velo negro.
La policía aseguró que luego de trasladar a Amini al hospital sufrió un ataque al corazón y entró en coma; sin embargo, testigos afirmaron que la joven fue brutalmente golpeada y un grupo de observadores independientes determinó que Mahsa Amini murió como consecuencia de un derrame cerebral ocasionado por dicha agresión.
La muerte de Amini resultó en una serie de protestas en las que mujeres decidieron quitarse el hiyab y muchas de ellas se cortaron el cabello en público, para exigir no sólo que el uso de este velo deje de ser obligatorio, también contra el apartheid de género (un sistema impuesto que discrimina y coloca en una posición de sumisión a las mujeres); contra la religión forzada, falta de debido proceso, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales, falta de libertad de expresión, tortura, matrimonio infantil, corrupción gubernamental, financiamiento al terrorismo, teocracia y por la situación económica que enfrenta la nación.
