Ciudad de México.- En 2023 se registraron 184 casos de agresiones contra mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, siendo los principales agresores personas del servicio público con el 38 por ciento tanto funcionarios municipales, estatales y federales, en ese orden, seguidos de particulares con el 28 por ciento, así lo revela el informe Violencia contra mujeres periodistas. Balance anual 2023, elaborado por la organización Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC).
En el Twitter Space Violencia contra mujeres periodistas, realizado por CIMAC a través de la red social X, la moderadora y directora de la organización, Lucía Lagunes, señaló que la presentación de este informe coincidió con la filtración de datos sensibles de 263 periodistas que cubren las conferencias matutinas en Palacio Nacional que se reveló desde la semana pasada; hecho que se dio previo a un proceso electoral que será complicado.
Con un bagaje de investigación que data de hace 15 años, el informe visibiliza cómo la violencia contra las mujeres periodistas persiste sexenio tras sexenio sin que hayan disminuido los niveles de riesgo que enfrentan. Al contrario, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los ataques a las y los periodistas se han incrementado, lo mismo que las formas de ataques, las cuales se han multiplicado en el espacio digital. Opinión que compartieron las panelistas.
“La Secretaría de Gobierno de Michoacán reporta haber atendido o dado acompañamiento a mujeres en un lapso de 2013 a 2023 de 23 medidas de protección, pero los datos no checan con lo que reporta CIMAC, evidentemente hay una simulación de protección a periodistas frente a las agresiones que sufren”, comentó Patricia Monreal, periodista de Michoacán, la segunda entidad más violenta contra mujeres periodistas.
“En Jalisco hay un ambiente hostil contra el ejercicio periodístico, censura y señalamientos públicos hacia el gremio y hacia medios de comunicación de manera particular, sobre todo quienes cubrimos agendas ciudadanas, de gentrificación, vivienda defensa del territorio, además claro, de la inseguridad y las desapariciones, sobre todo contra las fotoperiodistas que acompañan a las madres buscadoras”, señaló Dalia Souza López.
Por su parte, Gloria Ruiz, periodista de Coahuila destacó que la violencia diferenciada que se vive en el estado y la vulnerabilidad con la que trabajan, ha obligado a muchas periodistas a la autocensura, con las consecuencias laborales que esto conlleva:
“Lo vivimos mucho, muchas periodistas no pueden expresarse porque si lo hacen es arriesgarse a perder su trabajo, a ser suspendidas, a recibir castigos, lo digo con esa palabra ‘castigos’, porque algunas se atreven a no querer cubrir ciertos temas que son de alto riesgo y lo justifican ante sus medios de comunicación, porque también son jefas de familia, entonces todo esto limita y nos afecta muchísimo a las mujeres periodistas porque sí es un trato diferenciado”.
Ella, al igual que periodistas independientes que viven lejos de las capitales, enfrentan no solo la violencia, sino los atentados digitales. Por ejemplo, comentó que es usual el acoso político por parte de funcionarios locales, quienes crean páginas web solo para agredir a las y los periodistas y hacerles campañas de desprestigio en lugar de responder a un reportaje o a una investigación o mínimo ejercer su derecho a la réplica y demostrar que estamos equivocadas, no, simplemente nos agreden.
“Aunque estamos iniciando un nuevo gobierno, ya vemos algunas agresiones contra la prensa, como el ignorar cuando pedimos una entrevista con algún funcionario de nivel estatal, no nos mandan información y nos eliminan de las agendas públicas”.
El caso de Coahuila está representado en el Balance de CIMAC. Mayra Lucía Sánchez Zamora, Responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género de la organización, señaló que el bloque informativo fue el atentado contra la libertad de expresión más recurrente en el 2023 y en el 34 por ciento de los casos, implicó una agresión física, violencia psicológica, patrimonial o sexual. Otras tipologías fueron el hostigamiento, el descrédito profesional, el acoso judicial, la intimidación, las amenazas, la detención arbitraria o la censura.
Un ejemplo de hostigamiento, fue el expuesto por Alfonsina Ávila Ramírez, de Guanajuato, quien señaló que, en su estado, medios independientes dirigidos por mujeres, como Ágora o San Miguel News, han padecido de bloqueos gubernamentales, no así los medios dirigidos por hombres. Mismo caso es el de San Luis Potosí donde a decir de la periodista María José Puente Zavala, “no existe una protección del periodismo con una perspectiva de género ni con enfoque de derechos humanos”.
De acuerdo con el Balance anual 2023, Puebla vuelve a aparecer como una de las entidades con mayor número de agresiones contra las periodistas, al ocupar el tercer lugar en esta radiografía. Al respecto, la periodista Samantha Páez Guzmán, confirmó esta violencia y la falta de protección por parte de las personas encargadas de proteger al gremio, sobre todo cuando son los funcionarios públicos quienes suelen ejercer represiones arbitrarias, bloqueos informativos intimidación y borro de material.
“Cuando tratamos de acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la respuesta es nula, aunque haya videos y pruebas de las agresiones, las autoridades no se dan a la tarea de investigar y queda en nada. Eso es lo más grave: que las autoridades, siendo las principales agresoras, se cubran la espalda con otras autoridades que también son agresoras”.
Vulnerabilidad de las periodistas
Respecto a la filtración de datos personales de los periodistas que cubren las conferencias matutinas en Palacio Nacional, las periodistas cuestionaron la falta de cuidado, el resguardo indebido de la información personal y las bases de datos en poder de la Presidencia de la república, así como las vulnerabilidades de la seguridad digital en este gobierno, pues no es la primera vez que se filtran datos sensibles.
Recordaron los casos de María de Lourdes Maldonado López, periodista asesinada en Tijuana, Baja California el 23 de enero de 2022. Lourdes temía por su vida, en 2019 asistió a las conferencias mañaneras para difundir un pleito laboral con una televisora propiedad de Jaime Bonilla (Morena), ex gobernador de Baja California. O la campaña de desprestigio y ataques cibernéticos contra Reyna Haydee Ramírez, quien cuestionó al presidente sobre la violencia, particularmente en Sonora, su estado natal.
Al respecto, Patricia Monreal, periodista de Michoacán, señaló:
“Creo que no existe un antecedente inmediato en México y lo más grave son las contradicciones que tiene la propia autoridad sobre quién concentraba estas bases de datos. El presidente desde el púlpito presidencial se ha dedicado a denostar la actividad de las y los periodistas y ha confrontado y polarizado mucho nuestra actividad, en consecuencia, se han incrementado exponencialmente las agresiones a nuestros compañeros. Es algo que debe activarnos porque sí es muy grave”.
Por su parte, Dalia Souza López, periodista de Jalisco, entidad que aparece en la quinta posición de los estados más violentos contra las mujeres periodistas, planteó qué si esa filtración pasó en Presidencia, imaginemos los riesgos que corren en los estados y municipios:
“Quiero enfatizar lo que esto significa para quienes nos encontramos fuera de la Ciudad de México, quienes estamos en los estados y tenemos que dar este tipo de información a los gobiernos estatales y municipales. Esto nos obliga a hacer una revisión desde los estados”.
Para Lucía Lagunes, directora de CIMAC, planteó dudas sobre la estrategia del gobierno para reparar el daño.
“Me parece poco clara la respuesta de la autoridad de Comunicación Social de Presidencia en cuanto a la mitigación de daños. La respuesta debería ser integral, pero diferenciada en términos de los contextos que cada una de las y los colegas están enfrentando y los impactos que esta vulneración de datos personales va a tener en su labor periodística, pero en su seguridad también”, comentó.
Para conocer el informe Violencia contra mujeres periodistas. Balance anual 2023, da click aquí.
184 women journalists were assaulted in 2023
In 2023, 184 cases of aggressions against women journalists for the exercise of their work were recorded, with the main aggressors being people from the public service with 38 percent both municipal, state and federal officials, in that order, followed by private individuals with 28 percent, so reveals the report Violence against women journalists. Balance anual 2023, prepared by the organization Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC).
Lucía Lagunes, pointed out that the presentation of this report coincided with the leak of sensitive data of 263 journalists who cover the morning conferences at the National Palace, which was revealed last week; a fact that occurred prior to a complicated electoral process.
With an investigative background that dates back 15 years, the report makes visible how violence against women journalists persists administration after administration with no decrease in the levels of risk. On the contrary, in the six-year administration of Andrés Manuel López Obrador, attacks on journalists have increased, as have the forms of attack, which have multiplied in the digital space. This opinion was shared by the panelists.
«The Secretary of Government of Michoacán reports having assisted or accompanied women in a period from 2013 to 2023 with 23 protection measures, but the data does not check with what CIMAC reports, evidently there is a simulation of protection for journalists in the face of the aggressions they suffer», commented Patricia Monreal, a journalist from Michoacán, the second most violent entity against women journalists.
«In Jalisco there is a hostile environment against the practice of journalism, censorship and public accusations against the profession and the media in particular, especially those of us who cover civil agendas, gentrification, housing, defense of territory, in addition, of course, to insecurity and disappearances, especially against photojournalists who accompany the mothers who are searching,» said Dalia Souza Lopez.
Meanwhile, Gloria Ruiz, a journalist from Coahuila emphasized that the differentiated violence experienced in the state and the vulnerability with which they work, has forced many journalists to self-censorship, with the labor consequences that this entails:
«We live it a lot, many journalists cannot express themselves because if they do it they risk losing their jobs, being suspended, being punished. I say it with that word ‘punished’, because some dare to not cover certain topics that are high risk and justify it to their media, because they are also heads of family. All this limits and affects us women journalists very much because it is indeed a differentiated treatment».
She, as well as independent journalists who live far from the capital cities also face digital attacks. For example, she commented that political harassment by local officials is common, who create web pages only to attack journalists and make smear campaigns against them instead of responding to a report or an investigation or at least exercise their right to reply and prove that we are wrong, no, they simply attack us.
«Although a new government is starting, we are already seeing some aggressions against the press, such as ignoring when we ask for an interview with a state official, they do not send us information and they eliminate us from the public agendas.»
The case of Coahuila is represented in the CIMAC Balance. Mayra Lucía Sánchez Zamora, Head of Freedom of Expression and Gender Program of the organization, pointed out that the information block was the most recurrent attack against freedom of expression in 2023 and in 34 percent of the cases, it involved physical aggression, psychological, patrimonial or sexual violence. Other typologies were harassment, professional discrediting, judicial harassment, intimidation, threats, arbitrary detention or censorship.
An example of harassment was given by Alfonsina Ávila Ramírez, from Guanajuato, who pointed out that in her state, independent media run by women, such as Ágora or San Miguel News, have suffered from government blockages, unlike media run by men. The same is the case of San Luis Potosí where, according to journalist María José Puente Zavala, «there is no protection of journalism with a gender perspective or with a human rights approach».
According to the Annual Report 2023, Puebla appears again as one of the entities with the highest number of aggressions against journalists, occupying the third place in this radiography. In this regard, journalist Samantha Páez Guzmán, confirmed this violence and the lack of protection by the people in charge of protecting the profession, especially when it is public officials who usually exercise arbitrary repression, informative blockages, intimidation and deletion of material.
«When we try to go to the State Human Rights Commission, the response is null, although there are videos and evidence of the aggressions, the authorities do not take on the task of investigating and it comes to nothing. That is the most serious thing: that the authorities, being the main aggressors, cover their backs with other authorities who are also aggressors».
