Desde hace un tiempo, en México se están presentando varias iniciativas para tipificar y castigar diversos tipos de violencia contra las mujeres. Muchas de estas iniciativas tienen nombres de activistas y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas del machismo y la misoginia en México. Sus experiencias se han transformado para que ni una más atraviese por situaciones similares a las suyas en búsqueda de justicia.
Una de las primeras iniciativas con estas características que ya fue aprobada en México es la Ley Olimpia, la cual fue impulsada por Olimpia Coral Melo en 2014, cuando ella tenía apenas 19 años de edad.
La expareja de Olimpia divulgó contenido íntimo de la joven sin su consentimiento. Esto dañó su imagen y la llevó a experimentar episodios de depresión; sin embargo, también la motivó a fundar el Frente Nacional para la Sororidad junto con otras mujeres y a presentar la Ley Olimpia ante el Congreso de Puebla.
Esta ley reconoce la violencia digital como una agresión que viola la intimidad sexual de las personas. Además, establece diferentes sanciones contra quienes produzcan y difundan imágenes o videos de índole sexual en contra de la voluntad de alguien. Actualmente, la Ley Olimpia está aprobada en diversos estados de la República Mexicana.
Ley Camila, Ley Monzón y Ley Sabina, por la protección de las infancias
Una de las iniciativas con nombres de mujeres presentadas actualmente es la Ley Camila. Dicha ley lleva el nombre de una bebé que fue separada de su madre cuando tenía apenas cuatro meses de edad y no ha regresado a casa desde hace más de tres años.
La madre de Camila, Cynthia Bravo, está impulsando la iniciativa para que finalmente se reconozca el vínculo materno filial como un derecho fundamental de la primera infancia. Con ello se evitaría y se podría castigar que padres como el de Camila se lleven a sus hijas e hijos lejos de sus madres en contra de su voluntad.
Otra iniciativa, la Ley Monzón, busca proteger a las infancias de los padres feminicidas. Esta ley recibe su nombre en memoria de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022. El presunto feminicida es Javiel L. Z., a quien Cecilia había sido denunciado previamente por abandonar a su hijo e incumplir con su pensión alimenticia.
Tras la muerte de la activista, Javier ha intentado ejercer sus derechos de patria potestad con este hijo. Precisamente por ello, la Ley Monzón pretende prohibir que los feminicidas tengan patria potestad sobre hijas e hijos si asesinaron o intentaron asesinar a su madre. Además, quiere castigar a los jueces que entorpezcan las investigaciones en estos casos.
Por su parte, la Ley Sabina tiene el objetivo de proteger a las infancias de los deudores alimentarios morosos. Esta tercera iniciativa es impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz, madre de Sabina, una de las tantas infancias en México que viven sin recibir cuidado y manutención de parte de sus padres varones.
La propuesta de Diana Luz consiste en generar mecanismos para impedir que los deudores alimentarios morosos burlen sus responsabilidades y dejen sin pensión a sus hijas e hijos. También pretende sentar las bases para castigar a quienes incumplan con dicha obligación.
Monse, Ingrid y Malena, tres iniciativas contra la violencia
Además de las iniciativas en pro de las infancias, en México también se han presentado reformas de ley para terminar con la impunidad en los casos de feminicidio y sancionar a quienes revictimicen a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos: la Ley Monse y la Ley Ingrid.
La primera de ellas lleva el nombre de Montserrat Bendimes Roldán, una joven asesinada en Veracruz por su expareja, Marlon Botas. Tras terminar con la vida de Monse, Marlon huyó con el apoyo de sus padres, quienes además entorpecieron las investigaciones mintiéndole a las autoridades. Es por eso que la Ley Monse pretende castigar con cárcel a aquellas personas que encubran presuntos feminicidas sin importar si son sus familiares o parejas.
Por su parte, la Ley Ingrid (que fue aprobada en la CDMX en 2021) castiga otro tipo de complicidad de la violencia contra las mujeres: la revictimización ejercida desde los medios de comunicación y la esfera pública. Su nombre se debe a Ingrid Escamilla Vargas, una joven asesinada con extrema violencia en febrero de 2020.
Con indiferencia y amarillismo, diversos medios locales en México difundieron imágenes filtradas del cuerpo de Ingrid, despertando así la indignación de la sociedad. Precisamente por eso nació la Ley Ingrid, la cual sanciona a todos los implicados en la difusión de material documental o audiovisual que revictimice a las víctimas de algún delito.
Por último, apenas este 31 de enero, la diputada Marcela Fuente Castillo presentó una iniciativa llamada Ley Malena, nombrada así por el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, a quien agredieron rociándole ácido en parte de su cuerpo en 2019. Esta iniciativa, que aplicaría solo para la Ciudad de México, pretende sancionar los ataques contra mujeres con sustancias químicas y otro tipo de líquidos tóxicos o dañinos.
Aunque lleve el nombre de María Elena, la saxofonista ha declarado que la iniciativa podría denominarse de otra forma porque no es la única sobreviviente de ataques con ácido en México. Algo similar ocurre con el resto de estas leyes: llevan el nombre de una hija, madre o defensora, pero podrían llamarse como cualquier víctima que resignifica su dolor y emprende el camino a la justicia para todas.
Mientras que algunas de estas leyes, como Olimpia e Ingrid, ya están aprobadas, hay otras como la Ley Sabina que aún se están discutiendo en diferentes estados de la República Mexicana. Todas, sin embargo, buscan lo mismo: abrirnos paso a una vida libre de violencia.
