Morelia, Mich.- El día de hoy, Diego Urik recibió la sentencia máxima de 50 años por el feminicidio de Jessica González Villaseñor. Con esto se cumplen las exigencias de la familia de la víctima y de las colectivas feministas que acompañaron el caso desde la desaparición de la joven profesora en septiembre de 2020.
En una audiencia celebrada este miércoles 15 de febrero, el juez Ariel Montoya Romero determinó que había elementos suficientes para dictar la sentencia máxima en contra de Diego Urik, quien fue declarado culpable el pasado 27 de enero de este año. Entre dichos elementos destacó la cosificación de la víctima y la misoginia del agresor, así como los signos de violencia sexual en el cuerpo de Jessica, la crueldad con la que fue perpetrado el delito y el nulo arrepentimiento por parte del feminicida.
Diego Urik cumplirá su sentencia en el penal de Mil Cumbres, ubicado en la carretera Morelia-México. De igual forma, según un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, está obligado a pagar una reparación económica por el daño provocado a la familia de Jessica González.
Desde antes de que se dictara esta sentencia, la madre de Jessica González Villaseñor había solicitado protección a las autoridades ante el temor de que los padres de Diego (quien es hijo de personas con alto nivel económico y lazos políticos en Michoacán) tomaran represalias en contra de ella o de su familia. Por su parte, el padre de Diego ha advertido que hará todas las acciones necesarias para que el joven quede en libertad.
El caso de Jessica marca un antes y un después en los casos de feminicidio en Michoacán
Según el informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022 de la organización Impunidad Cero, en Michoacán, 6 de cada 10 feminicidios denunciados frente a las autoridades de justicia permanecen en la impunidad, sin que los agresores reciban una pena por sus delitos.
Aunado a lo anterior, el 10.6 por ciento de estos casos son clasificados erróneamente por los funcionarios públicos, lo que reduce aun más la posibilidad de que se dicten castigos justos en contra de los feminicidas.
De esta forma, muchos de los feminicidios en Michoacán terminan siendo juzgados como homicidios dolosos. Sin embargo, la impunidad también está presente en estos casos: Michoacán forma parte de las entidades mexicanas con las tasas más bajas de sentencias condenatorias por homicidio doloso en contra de mujeres. También está en la lista de entidades con menor tasa de agencias especializadas en homicidio por cada mil víctimas.
El caso de Jessica González Villaseñor se volvió emblemático en medio de este contexto de impunidad y falta de acceso a la justicia. Y es que, además de la obtención de la pena máxima, el tiempo para la resolución del caso fue menor al que deben atravesar otros similares para que el agresor reciba su sentencia final.
No obstante, esto no quiere decir que el camino haya sido sencillo. En diversas ocasiones, Maricela Montero Andrade (abogada de la colectiva Incendiarias, quien dio acompañamiento al caso) y Cristo González Villaseñor (hermano de Jessica) denunciaron que el equipo defensor de Diego Urik intentó retrasar el caso con acciones dilatorias como amparos y cambios constantes de abogados. Todo esto, asegura Cristo, claramente permitido por un sistema legal que parece favorecer a los agresores y no a las víctimas.
Pero la presión social jugó un papel central para evitar que estas acciones permitieran que el caso de Jessica también permaneciera en la impunidad. Desde que Jessica desapareció el 21 de septiembre de 2020, la sociedad michoacana salió a las calles para exigir su búsqueda. También se ejerció presión pública para lograr la detención de Diego Urik, quien intentó ocultarse en el estado de Jalisco después de cometer el crimen.
De igual forma, las redes feministas estuvieron pendientes y ofrecieron apoyo a la familia desde que inició el proceso legal en contra del agresor hasta la dictaminación de la sentencia este miércoles. Y fue constante la presencia de Cristo en manifestaciones y acciones para exigir justicia por su hermana y por todas las mujeres violentadas en Michoacán.
El hermano de Jessica también ha presentado iniciativas para que la pena mínima a los feminicidas sea de 60 años y para que no tengan acceso a reducción de penas o libertad anticipada por buen comportamiento. Sin embargo, el gobierno michoacano no ha querido recibirlas, aun cuando con ellas se podría incidir positivamente en el acceso a la justicia para las víctimas.
Con el caso de Jessica se vuelve evidente la importancia de la colectividad y el respaldo a las familias violentadas. También, que la presión social y el acompañamiento feminista en diferentes niveles funcionan como mecanismo para obligar a las autoridades a dar atención adecuada a los casos de feminicidio. Lo ideal, aun así, sería que el sistema de justicia michoacano actuara sin esta presión y mostrara un interés voluntario en erradicar y castigar la violencia contra las mujeres en el estado.
