Morelia, Mich.- Actualmente, el Congreso de Michoacán está conformado por 40 diputadas y diputados. Aunque ocho de ellos ya formaban parte de la legislatura anterior, de acuerdo con Maricela Montero Andrade –miembra de la colectiva Incendiarias–, en esta ocasión la postura conservadora de muchos de ellos se ha reforzado y materializado en iniciativas como la reciente reforma a la Ley de Desarrollo Social, la cual busca reconocer los derechos sociales y económicos de los embriones.
Incendiarias y otras colectivas como Humanas sin Violencias durante varios años han presentado iniciativas en el Congreso michoacano para que finalmente se apruebe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el estado. Su primera propuesta tuvo lugar en 2018 con un diputado. Posteriormente, en 2019 y en 2021 hicieron otras dos que no fueron consideradas para su discusión.
La iniciativa más reciente elaborada por las colectivas se lanzó este 2022. No obstante, en entrevista con Cimacnoticias, Maricela Montero declaró que este último intento por regular la ILE también se quedó en el congelador: no ha pasado a discusiones al pleno, y diputadas y diputados ni siquiera se han preocupado por armar mesas de trabajo alrededor de ella.
En cambio, en junio de este mismo año, el Congreso aprobó la creación de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, una acción impulsada por la diputada Luz María García García, del Partido Encuentro Social (PES).
Según información oficial del Congreso de la entidad, esta comisión tiene como uno de sus objetivos la «promoción, defensa y preservación de la familia«, un argumento comúnmente usado por los grupos que se posicionan en contra de la legalización del aborto. Sin embargo, esta no es la iniciativa más polémica que ha surgido desde la legislatura michoacana actual.
Congreso de Michoacán, donde legislan partidos «sin ideología«
El pasado 29 de junio, diputadas y diputados estatales aprobaron una reforma a la Ley de Desarrollo Social presentada por el diputado Baltazar Gaona García, miembro del Partido del Trabajo (PT). Dicha iniciativa implica el reconocimiento al derecho de los embriones para acceder a programas sociales, lo que incluye la posibilidad de que participen en el diseño y la evaluación de los mismos.
A finales de julio, la reforma fue regresada al Congreso con observaciones del gobierno estatal. En ellas se indica que las modificaciones ya aprobadas violan la Constitución Mexicana, así como lo dictaminado por diferentes mecanismos nacionales e internacionales —entre ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— respecto al aborto.
Fotografía: Facebook «Alfredo Ramírez Bedolla»
Es posible, por lo tanto, que la decisión quede anulada; pero el Congreso aún tiene otra propuesta similar por discutirse. Esta última consiste en reformar la Ley de Salud de Michoacán e incluir un artículo donde se establezca que debe respetarse “la dignidad de la persona humana desde el momento de la fecundación”.
La iniciativa también fue presentada por Baltazar Gaona, pese a que su compañera de partido, la diputada Gabriela Cázares Blanco, se ha opuesto tajantemente a sus dos reformas. En palabras de Maricela Montero, lo anterior tiene que ver con que no hay una opinión unificada en las bancadas del Congreso.
La activista afirmó que antes las posturas eran claras: el Partido Acción Nacional (PAN) era de la derecha ultraconservadora, mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) «se mantenía en la tibieza del centro». Por su parte, grupos de supuesta izquierda como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo mantenían posturas progresistas opuestas a las de panistas y priistas.
En México, los partidos políticos ya no tienen una línea ideológica. Cada quien se mueve conforme vea que va su propio interés; quizá sólo el PAN sigue siendo de extrema derecha. Entonces, no se puede establecer en la bancada una sola línea de acción cuando ni ellos mismos están de acuerdo.
Maricela Montero Andrade
Esta eliminación de límites definidos se combina, además, con el hecho de que la sociedad michoacana es sumamente conservadora, aseveró Montero: lo es en tal grado que Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, intentó intervenir políticamente al enviar cartas al Congreso para evitar que se legislara a favor de la ILE.
La cofundadora de Incendiarias explicó que aunado a esto hay estigmatización y constantes campañas de desprestigio en contra del movimiento feminista en Michoacán. Por otro lado, la violencia recrudecida paulatinamente en el estado —donde las cifras de mujeres desaparecidas y asesinadas se eleva cada vez más— genera una ola de miedo entre las mujeres y paraliza a muchas de ellas al momento de exigir y defender sus derechos.
Desde el punto de vista de Montero Andrade, el resultado de todos estos elementos es una barrera conservadora impenetrable al interior de la legislatura. A pesar de sus esfuerzos, para las organizaciones de la sociedad civil es muy complicado traspasar este muro.
Las mujeres michoacanas prácticamente estamos en un desamparo institucional. Nos tenemos solamente a nosotras.
MarICela Montero Andrade
Posturas contradictorias, el verdadero rostro de los políticos
Para Maricela Montero Andrade, otra de las características de la LXXV legislatura michoacana es la falsa careta de feminismo adoptada por varias diputadas y diputados de diferentes bancadas.
La diputada priista Samanta Flores Adame, por ejemplo, votó en favor de la iniciativa de Baltazar Gaona para otorgar derechos sociales a los embriones y, al mismo tiempo, presentó una propuesta para crear un registro de deudores alimentarios en su estado.
Hay otros diputados que mantienen una postura más tibia. Uno de ellos es Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien este 15 de julio declaró que la legalización del aborto debería someterse a una consulta ciudadana.
Fotografía: Facebook «Ernesto Núñez Aguilar»
Este mismo diputado —quien se ha ausentado en por lo menos seis sesiones del Congreso— ha declarado que no existe un diálogo entre la institución y las colectivas feministas locales por la “cerrazón” de estos grupos. De acuerdo con Maricela Montero, ella y sus compañeras han solicitado reuniones de trabajo con diputadas y diputados una y otra vez sin obtener respuestas por parte de ningún partido.
Estas posturas nos mandan un mensaje muy claro de que ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo vamos a encontrar un respaldo hacia nuestros derechos.
Maricela Montero Andrade
Pero estas posturas poco firmes acerca del derecho a decidir de las mujeres no son el único problema dentro del Congreso estatal. Aquí, el machismo y la corrupción consolidados en ciertas figuras perfilan a esta legislatura como un organismo para cuyos miembros los derechos humanos están en segundo término.
Entre quienes están en el Legislativo michoacano, hay diputadas como Rocío Beamonte Romero, del partido ultraconservador PES, quien ha sido acusada de realizar supuestas amenazas de muerte contra miembros del gremio periodístico en Michoacán.
Además, la han relacionado con el ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien fue señalado por una presunta red de corrupción. Cabe mencionar que la funcionaria votó a favor de la reforma a la Ley de Desarrollo Social presentada por Baltazar Gaona García.
Por su parte, el propio Gaona García ha sido acusado por lo menos en tres ocasiones de ejercer violencia de género contra sus compañeras del Congreso; el legislador también ha estigmatizado el trabajo de colectivas como Humanas sin Violencia. Sus propuestas y este tipo de señalamientos lo han hecho acreedor a una llamada de atención por parte de su partido.
Aún sin respaldo, colectivas siguen trabajando por los derechos de las mujeres
Pese a que el conservadurismo es una postura constante en el Congreso de Michoacán, de acuerdo con Maricela Montero Andrade, la legislatura anterior todavía tenía cierta flexibilidad en temas relacionados con los derechos de las mujeres. Al respecto, mencionó que fue durante ese periodo que se aprobó la Ley de Menstruación Digna en Michoacán.
Sin embargo, la activista aseguró que en esta ocasión las iniciativas feministas no encuentran ningún tipo de respaldo dentro del Congreso; por el contrario, no hay una protección sino un ataque a los derechos de las michoacanas. Y en medio de este contexto —afirmó— “la Comisión estatal de Derechos Humanos brilla por su ausencia”.
Fotografía: Facebook «Incendiarias»
Maricela Montero y sus compañeras han presentado quejas por los actos de discriminación del diputado petista Baltazar Gaona. También han trabajado otras quejas con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); una de ellas se levantó a raíz de las cartas que el arzobispo de Morelia Carlos Garfias Merlos envió al Congreso.
Incendiarias y otras colectivas siguen protestando frente a la Cámara y el Palacio de Gobierno de Michoacán; además, ofrecen acompañamiento y soporte en casos como el de Jessica González Villaseñor, asesinada en septiembre de 2020 en la capital michoacana.
Mientras las y los diputados de Michoacán se escudan en el fuero para no ser juzgados por sus decisiones y opiniones en tribunas, el movimiento feminista local da la cara en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, si la corrupción e hipocresía continúan arraigándose en las instituciones mexicanas, los pasos en el avance sobre el tema serán insuficientes frente al crecimiento voraz de la violencia patriarcal en el país.
